Los pagos sin contrato en la grúa de València siguen tras cuatro años a la espera del concurso definitivo

VALÈNCIA. La grúa de València lleva cuatro años funcionando fuera de contrato. Una situación que, según la Agencia Antifraude, ha costado al Ayuntamiento de València 8,4 millones de euros en pagos injustificados. El consistorio paga mensualmente una cantidad fija de 360.000 euros a la UTE Pavapark Movilidad y Autobuses Playa San Juan por la prestación del servicio, que no se puede dejar de dar al ser considerado "esencial", a pesar de que el contrato se resolvió en el año 2017. Desde entonces, los pagos fuera de contrato se suceden mes tras mes a la espera de la adjudicación del servicio a través de un nuevo concurso público

El interventor estableció que el consistorio debía poner punto y final a la situación de interinidad un año después, en 2018. Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando la concejalía de Protección Ciudadana que dirige Aarón Cano inició los trámties para licitar el servicio. El concurso, que se abrió a finales de 2020, se dotó de 17,5 millones de euros para los próximos cinco años, pero se declaró desierto a principios de este año, sin ninguna empresa que se ofreciera a llevar adelante el servicio de recogida de vehículos de la vía pública.

Por aquel entonces, y en vistas de todos los problemas que había acarreado la contratación de la grúa, el Ayuntamiento incluso se planteó la posibilidad de municipalizar el servicio. Sin embargo, finalmente, desde el equipo de gobierno conformado por Compromís y PSPV se desechó la idea y se acordó volver a sacar una licitación más atractiva, que presumiblemente ofrecería una cantidad superior de dinero para la empresa adjudicataria. 

Aun así, han pasado seis meses de aquello y desde el Ayuntamiento de València no se ha sacado una nueva licitación. Según explican desde el entorno de la concejalía de Contratación, que dirige Luisa Notario, esto es "totalmente normal" en procesos tan importantes como los de la grúa, puesto que la concejalía competente en la materia tiene que rehacer los pliegos, en ocasiones desde el principio, y luego volverlos a remitir a Contratación para que de el visto bueno.

Así, en contratos de gran envergadura, es normal que haya pequeños errores técnicos que obliguen a su revisión en varias ocasiones, según explican en la concejalía de Notario. Todo eso, además, teniendo en cuenta que el proceso de licitación ha vuelto a iniciarse desde cero después de que quedase desierto, puesto que los servicios del consistorio se han visto obligados a mejorarlo para adaptarlo a las necesidades reales tanto del servicio como de las empresas aspirantes a ofrecerlo. 

Sea como sea, la cuestión es que a día de hoy el servicio de grúa en la ciudad de València sigue funcionando fuera de contrato, una situación que se ha alargado ya durante cuatro años sin que las autoridades locales hayan conseguido poner fin a este panorama que, según la Agencia Antifraude, reviste diversas irregularidades, como publicó Valencia Plaza este lunes.

Sobrecostes poco justificados

El servicio se adjudicó a la UTE en 2014, con el gobierno del PP de Rita Barberá al frente del consistorio. Pero las previsiones económicas del contrato no se cumplieron, de manera que los servicios que prestaba la empresa eran menores a los previstos inicialmente, por lo que la firma alegó falta de rentabilidad para solicitar el cambio de las condiciones del contrato. El consistorio se negó, con la socialista Sandra Gómez dirigiendo la concejalía de Seguridad, de manera que la UTE llevó la cuestión a los tribunales y reclamó la resolución del contrato.

La justicia dio la razón al Ayuntamiento en primera instancia pero la adjudicataria presentó un recurso. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo que supuso la retirada del recurso por parte de la empresa: la administración municipal resolvía el contrato, pagaba la indemnización -que ascendió a la postre a 2,5 millones de euros- y debía sacar un nuevo concurso para adjudicar el servicio, pero hasta entonces, continuaría operando la UTE y cobraría un abono mensual de 360.000 euros a la UTE por la prestación interina del servicio.

Así pues, en aquel momento, se modificó el sistema retributivo: si antes el consistorio pagaba en función de los servicios prestados por la empresa, ahora los pagos eran fijos y desvinculados de los enganches realizados cada mes por la grúa. A juicio de la Agencia Antifraude, la cifra mensual se fijó "de manera absolutamente discrecional" y las explicaciones del servicio de Policía son para la Agencia insuficientes e impiden "fiscalizar la adecuación del precio".

Esto podría vulnerar los principios de la normativa de contratación, puesto que, según la Agencia, el resto de licitadores que compitieron con la UTE para llevarse el servicio en 2014 "habrían podido eventualmente ajustar sus proposiciones económicas en consonancia" si hubiesen sabido "la posibilidad de alteración del sistema retributivo global" como se ha hecho en este caso.

La Agencia, con todo, va más allá y analiza cómo ha afectado ese cambio del sistema de pagos a las arcas municipales. Las conclusiones son contundentes: desde que el pago mensual se ha desvinculado de los servicios prestados por la UTE, esta ha cobrado mucho más de lo que hubiera cobrado si se hubiese mantenido el sistema que regía el contrato. En concreto, desde octubre de 2017 hasta mayo de 2021 -a día de hoy la cifra será todavía mayor- el Ayuntamiento ha pagado más de 8,4 millones de euros de diferencia. Sobrecostes que se continuarían produciendo a día de hoy y se sucederán hasta que se adjudique definitivamente el servicio mediante un nuevo concurso.