Los grupos vetan la propuesta de Podem-EU de incluir en el Reglamento de Les Corts la 'huella' de lobbies

VALÈNCIA. Las negociaciones para reformar el Reglamento de Les Corts están siendo especialmente intensas en esta recta final de la legislatura. Los grupos del Parlamento decidieron hace meses abordar una modificación transversal de las normas sobre las cuestiones más delicadas y que habitualmente se tratan con total secretismo en la Comisión de Gobierno de Interior. 

Entre ellas se encuentran cómo repartir las subvenciones que da la Cámara a las formaciones, qué hacer con los tránsfugas, cómo proteger a Antifraude de las peticiones de documentación de la oposición sobre causas abiertas, cuál es la fórmula para contratar personal y que estos no sean despedidos al finalizar la legislatura, si los diputados cobrarán o no una indemnización al finalizar el mandato… Cuestiones diversas que generan no pocos enfrentamientos entre los grupos parlamentarios, que han decidido posponer su debate a septiembre, y sobre los que, de momento, no existe acuerdo en firme sobre ninguna de ellas.

En todas salvo sobre una: la de obligar a los partidos de Les Corts a registrar las reuniones que mantienen con los grupos de interés. Una reforma que pretendía introducir Unides Podem en la normativa de la Cámara que, sin embargo, ha topado con el rechazo del resto de formaciones, incluso con la de su socio de Gobierno, el PSPV. 

Los morados planteaban que, de la misma manera que ya se hace en el Consell desde la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la Actividad de los Grupos de Interés -más comúnmente conocida como ley de lobbies-, el Parlamento se viera obligado a hacer lo propio y hacer públicas sus reuniones con grupos de presión con todo detalle: día, hora, temas tratados en el encuentro…

También pretendían que si la cita había servido para introducir una enmienda o realizar algún cambio en alguna ley durante el trámite parlamentario, esto quedara reflejado en la propia norma. Finalmente, no obstante, no se hará. El Reglamento de la Cámara no incluirá esta obligatoriedad para los diputados porque Unides Podem no ha logrado consensuar la medida con el resto de grupos, que se han opuesto a airear el contenido de las reuniones que mantienen así como quienes son sus interlocutores.

"La existencia de grupos de presión o lobbies que intentan influenciar en la toma de decisiones de los cargos públicos es un hecho, porque tomamos decisiones y legislamos sobre asuntos que afectan a muchas personas y pueden afectar a intereses económicos muy poderosos", explicó en su momento la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefania Blanes.

A su juicio, cuando estos grupos de interés ven "amenazado su poder" actúan y "muchos se dejan influenciar", ante lo que reivindicó que los diputados debían tener "el deber de defender los intereses de la mayoría social y no de los privilegiados: Ha llegado el momento de regular estas situaciones en Les Corts", zanjó en su momento la parlamentaria. 

La ley solo obligaba a altos cargos y funcionarios

La petición de Unides Podem no era trivial, dado que la ley de lobbies, así como el registro regulado por un decreto que aprobó el Consell el pasado mes de octubre tan solo obliga a los altos cargos de la administración autonómica y los funcionarios durante la elaboración normativa de anteproyectos de ley y proyectos de decreto del Consell. 

Pero no ocurre lo mismo con las proposiciones de ley que parten de Les Corts Valencianes porque los diputados no están obligados a través de esa norma. Y, por lo pronto, seguirán exentos de esta exigencia, pues la propuesta ha chocado con la oposición de los grupos parlamentarios y no será incluida en la reforma del Reglamento que preparan sus señorías. 

Una modificación transversal de las normas de la Cámara que, en el mejor de los casos, no será antes de septiembre. PSPV, Compromís, Unides Podem, Vox, Ciudadanos y PPCV retomarán a la vuelta de las vacaciones estivales las negociaciones que mantienen abiertas sobre los asuntos más sensibles: la regulación del uso que realizan los grupos parlamentarios de las subvenciones que perciben de la Cámara para su funcionamiento y que ascienden a 4 millones de euros. 

Principalmente, partidos de gobierno y oposición deberán pactar si mantienen el acuerdo firmado en diciembre que fija que los grupos parlamentarios se constituyen al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social vinculados específicamente a ese mandato, de manera que se darán de baja cuando finalice con la extinción del grupo parlamentario. Un pacto sobre el que existen serias dudas legales porque las formaciones podrían incurrir en una sucesión de empresas. 

El embrollo jurídico podría enrevesarse aún más si más tardes los grupos decidieran contar con el personal de legislaturas anteriores, puesto que entonces podrían incurrir en un fraude de ley. Esto es porque el acuerdo de diciembre también obliga a los grupos a abonar una indemnización a los trabajadores al extinguirse, pero si lo hacen y luego pretenden contratar a los mismos empleados -con otro NIF-, al estar exentas del pago del IRPF a la Seguridad Social, esas indemnizaciones podrían entenderse como una gratificación encubierta. 

Eventuales y ayudas a pesar de transfuguismo

Junto a esto, también deben dirimir si el personal se convierte en eventual, y no en laboral, pero para ello deberían ser Les Corts las que contrataran y no los grupos, como ocurre en el Congreso de los Diputados. 

Botànic y oposición también tendrán que acordar si los partidos mantienen las subvenciones íntegras cuando sufren transfuguismo o no. Actualmente las formaciones perciben ayudas del Parlamento acorde a la representación que tienen para sufragar gastos de funcionamiento y contratación de personal. Las cuantías varían en función del número de diputados. Y ahora, después de las fugas en Ciudadanos en junio del año pasado, los grupos deben decidir si estas ayudas, fijadas al inicio de la legislatura, se mantienen a pesar de sufrir una pérdida de representación.

La idea no genera consenso entre las formaciones. De hecho, Vox no está por la labor de apoyar una medida de este tipo. Y el PPCV está seguro de que podrían encontrarse con problemas en los tribunales, dado que el dinero que mantuvieran los grupos que sufren transfuguismo, se le estaría negando a los diputados no adscritos para sufragar sus gastos de funcionamiento en el Parlamento. 

Con estos y otros frentes abiertos, no son pocos los que avanzan que la reforma del Reglamento puede demorarse incluso más allá de la tramitación de los Presupuestos. Algo que complicaría por tanto que finalmente se acometiera antes de las próximas elecciones por lo ajustado que se encuentra el calendario: si en septiembre no se hiciera, pasaran los meses de enmiendas a las cuentas en Les Corts y enero se mantiene inhábil, tan solo quedarían dos meses para cerrar algún acuerdo, febrero y marzo, cuando se disolverá el Parlamento.