Vicent Soler, titularde Hacienda; en el traspaso de poderes junto a su antecesor, Juan Carlos Moragues (EVA MÁÑEZ)El Consell diseña un nuevo modelo para ajustar a la realidad el valor de los inmuebles y, por consiguiente, los tributos a pagar en casos de compraventas, herencias y donaciones
VALENCIA. La Conselleria de Hacienda, en respuesta a más de 18.000 demandas contra la administración por el cobro extra en el Impuesto de Transmisiones que ideó el anterior Consell, ha diseñado un nuevo método de valoración de los inmuebles a efectos de los impuestos a abonar en casos como compraventas, herencias y donaciones. La Generalitat, sin embargo, continúa recurriendo contra los el el proceso abierto al respecto al considerarlo su deber por existir base jurídica para hacerlo en defensa de las arcas públicas.
El objetivo del nuevo marco, según explica el conseller de Hacienda, Vicent Soler, es otorgar “seguridad jurídica” a los ciudadanos y acabar con la judicialización. “El sistema del anterior Consell abocó a miles de ciudadanos a entablar pleitos contra la Administración", denuncia, y añade que "el nuevo modelo acabará con años de conflictividad judicial en este terreno”.
El método, que se traducirá en una orden de la conselleria que verá la luz "próximamente", es consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que considera inadecuado el método de valoración de bienes como viviendas, garajes o trasteros aprobado por la Generalitat en 2013 -con el popular Juan Carlos Moragues al frente de la conselleria-.
La resolución judicial se refiere a un caso concreto, pero comportará "la previsible estimación en cascada de las miles de liquidaciones recurridas por los ciudadanos y pendientes", según prevé la Generalitat. La administración, sin embargo, pese a cuestionar el anterior modelo y avanzar ahora hacia un cobro del impuesto en función del precio real de los inmuebles, litigará contra los afectados.
El argumento que emplea el Consell para recurrir en defensa del anterior modelo es que existen otras sentencias, adoptadas por tribunales de otras autonomías, que fallan en sentido contrario, de modo que Hacienda, tras haberlo consultado con la Abogacía de la Generalitat, elevará el caso al Tribunal Supremo "para que unifique el criterio a seguir en todo el territorio". Hacienda añade al respecto que la ley le obliga a recurrir siempre que la Abogacía considere que hay base legal para hacerlo.
Entre tanto, la Generalitat va a poner en marcha su nuevo modelo, que espera que sea el definitivo al margen de lo que dictamine el Supremo. Este apuesta por un buen número de cambios. El nuevo procedimiento mantiene el sistema de aplicación de coeficientes a los valores catastrales para determinar el valor del inmueble, pero introduce novedades que lo modifican.
De entrada, se ajustarán las cuantías a la situación actual del mercado inmobiliario, lo que comporta de por sí una reducción del valor. Además, se realizará un ajuste por zonas y distritos que, de momento, alcanza a las ciudades de Valencia y de Alicante. Asimismo, de la aplicación automática de los coeficientes se han excluido las plantas bajas y locales, donde se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes.
En caso de que el ciudadano siga discrepando se enviará un perito, pero sólo en los supuestos de conflictividad. De este modo, se quiere compatibilizar el criterio de los jueces de comprobación 'in situ' con un procedimiento que el Consell puede realizar con los medios con los que dispone. Así, se pretende hacer viable la gestión de las comprobaciones de valores.
Otra novedad será que, en caso de que exista un peritaje hipotecario -siempre que forme parte de la documentación incluida en el préstamo que otorga el banco-, se asumirá el cálculo realizado por este profesional y no se aplicará los coeficientes.
Desde 2013, con el método adoptado entonces, se habían realizado 54.854 liquidaciones al alza, de las que 18.592 afectados, por un importe en litigio de 68.103.765 euros, fueron recurridas a los tribunales. Estas liquidaciones, más las que ya están encima de la mesa en la conselleria al discrepar los contribuyentes de la valoración realizada (aunque todavía no se hayan formalizado recursos), eleva hasta los alrededor de 72 millones de euros el volumen de fondos en disputa entre la Administración y los ciudadanos.
En la inmensa mayoría de los casos, los afectados no pagaron la diferencia en el impuesto, sino que solicitaron una tasación pericial contradictoria (TPC), dejando en suspenso el ingreso. No obstante, otras 36.262 liquidaciones sí fueron asumidas por los ciudadanos, por un total de 54,7 millones de euros recaudados por la Generalitat.
