Sesión de hemodiálisis en el Hospital General de Valencia. GVAVALENCIA. Las concesiones hospitalarias y el concierto de las resonancias magnéticas no son las únicas colaboraciones público-privadas que traen de cabeza a los responsables de la Conselleria de Sanidad del Gobierno de Ximo Puig. Existen otros contratos que no alcanzan la magnitud de los anteriores pero que también han sorprendido al equipo de Carmen Montón siempre por el mismo motivo, la laxitud de la Conselleria durante los gobiernos del PP en el control tanto de calidad asistencial, sobre todo, económico de las contratas y concesiones.
El último que ha tenido que abordar es el del servicio de hemodiálisis, que presta en los hospitales públicos una decena de empresas privadas merced a un contrato caducado en 2009 y prorrogado de forma ilegal desde hace siete años.
La Sindicatura de Comptes ya alertaba en un informe de 2012 sobre la necesidad de convocar concursos de manera urgente. Las empresas estaban prestando el servicio de hemodiálisis merced a dos contratos, uno del año 2002, prorrogado de forma indefinida, algo ilegal, ya que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no permite los contatos indefinidos ni que el plazo total, incluidas las prórrogas, exceda de los diez años en los contratos cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios que no incluyan obras de construcción.
El otro contrato es de 2008, por dos años, y fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2010, "sin que desde dicha fecha se haya renovado. Sin embargo, se siguen prestando los servicios en el centro sin el necesario soporte contractual", decía la Sindicatura en 2012.
Pues bien, en los cuatro años transcurridos el nuevo concurso no ha sido convocado y las empresas continúan prestando el servicio de forma irregular, con el agravante de que han subido los precios, según fuentes del sector, que los sitúan muy por encima de los de mercado.
El coste del servicio superaba en el período 2008-2011 los 55 millones anuales, que nunca se cubrían con el presupuesto, por lo que muchas facturas quedaban como pendientes de pago o sin consignación presupuestaria, es decir, en el cajón, según recogía el informe de la Sindicatura.
Gráfico recogido en el informe de la Sindicatura publicado en 2012.Según ha podido saber Valencia Plaza, la situación se ha agravado desde entonces en cuanto al coste de los servicios, de manera que la Conselleria está pagando un sobrecoste que superaría los 5 millones de euros anuales -respecto al precio de mercado- al no haber convocado todavía un concurso público.
Y es que la decena de empresas que entran en este concierto han ido incrementando sus tarifas sin someterlo, evidentemente, a ningún tipo de concurso. Estas compañías se reparten por toda la Comunitat Valenciana ya que, según el ambulatorio, este servicio se presta por concierto o está integrado en la sanidad pública.
Grupo Alcer Turia, Frasenius Medical Care Servicios Levante SA, Centro Médico Salus Baleares, Clínica Vistahermosa SA, Diaverum Servicios Renales SL, Grupo Nisa, Grupo Braun, Quilpro Diálisis SL, Sanatorio Perpetuo Socorro y Casa de la Salud son las empresas que constan en el informe de la Sindictura de 2012 que prestaban este servicio en un total de 32 centros concertados.
En cuanto a los pagos, la Conselleria está más al día que hace cuatro años al contar con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que le permite ir pagando aunque con demora cuando el Estado retrasa las transferencias.
Según apuntan fuentes del sector y confirman en Sanidad, la Conselleria ultima un nuevo concurso para resolver esta situación ilegal. Al llegar el nuevo Gobierno, se encontró con un borrador del concurso que no contaba con el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat. Por este motivo, ha sido necesario volver a empezar de cero, según las mismas fuentes.
Además, se ha rehecho el mapa de hemodiálisis para ver en qué zonas podía asumir la sanidad pública y en cuáles era necesario que continuara el concierto. A esto se ha sumando, que prácticamente con el nuevo borrador del concurso terminado, el 18 de abril entrará en vigor una nueva directiva europea de contratos y conciertos que obliga a adaptarlo a esta nueva normativa.
Esto obliga a hacer un nuevo modelo de contrato, que tendrá que volver a ser aprobado por la Abogacía y posteriormente por el pleno del Consell, lo que retrasará la convocatoria del concurso. En 2015, el servicio costó 52,6 millones de euros a la Generalitat.
