Las hiPPocresías de las guerras del agua

El suministro y gestión del agua son asuntos capitales para nuestra tierra, especialmente en las comarcas del sur que bañan el Vinalopó y el Segura. Sin embargo, pocos asuntos de agenda pública como este suelen registrar tantos grados de hipocresía política y ruido inútil cuando la situación requiere de cabeza, nervios templados y tiro afinado.

Y es que vuelven a sonar los tambores con ímpetu bélico, aquellos que convocaron en el pasado la llamada ‘guerra del agua’, la campaña que el Partido Popular montó en contra de las desaladoras y a favor del inviable trasvase del Ebro. Fue aquel un movimiento estéril, que llenó muchas portadas de medios y solo sirvió para intereses propagandísticos. Nunca trajo ni una sola gota de agua a la Comunitat Valenciana.

La situación es la siguiente: los reajustes planteados por el Ministerio del Transición Ecológica para el trasvase del Tajo-Segura podrían suponer la reducción del 20% de la transferencia hídrica a las comarcas alicantinas meridionales. La iniciativa de la ministra Teresa Ribera pecó de absoluta falta de tacto y visión de Estado al pretender modificar las condiciones del trasvase sin consenso o plan alternativo de suministro. Y el PP, lejos de buscar soluciones, ha anunciado un apocalipsis hídrico desde los planteamientos más viscerales o epidérmicos, amenazando con manifestaciones que solo buscan apuntar a quien es buen o mal valenciano de acuerdo con la perspectiva de los populares.

Mientras unos y otros han abundado en desplantes y aspavientos ruidosos, la Conselleria de Agricultura ha conseguido junto a los usuarios del agua trasvasada congelar las pretensiones del ministerio garantizando el trasvase para los próximos seis años. En paralelo, las negociaciones han arrancado el compromiso del gobierno de obras de mejora al acceso de recursos hídricos: 500 millones para aumentar la capacidad de la desaladora de Torrevieja, para realizar la interconexión con las zonas de regadío e introducir además las energías renovables de modo que no se ponga en riesgo las actividades socioeconómicas en un futuro de inestabilidad climática (hacia el que vamos de cabeza si no estamos ya sumidos en él).

A partir de aquí, el siguiente paso que se ha marcado tanto la consellera Mollà como los usuarios del trasvase es que el suministro de agua se mantenga en el mismo volumen sin variaciones hasta 2027 mientras se desarrollan soluciones de suministro que contemplen precios justos por el uso del agua para riego. Y, por supuesto, se perseguirá la derogación del ‘tasazo’ que Mariano Rajoy impuso a los regantes. Esto es, el cobro por parte del Estado a los usuarios del trasvase de una tasa fija, reciban o no agua del Tajo.

Todo lo que se salga de estos objetivos es no atender a la realidad o querer ocultarla. Porque actualmente el verdadero foco del problema es el déficit de depuración que tiene el Tajo en Castilla-La Mancha y Madrid. Los vertidos de ambas comunidades sobre el río incumplen la normativa europea y requieren de más agua para depurar en el entorno del río entre Madrid y Toledo. ¿De dónde las quieren sacar? Del volumen que se destina a nuestras comarcas.

Por todo ello, sorprende ver al presidente de la Diputación de Alicante del Partido Popular, Carlos Mazón, señalar negativamente a todo aquel cargo de la administración valenciana que no quiera ponerse detrás de él para ‘defender’ los intereses de los regantes del sur de la provincia de Alicante. Quizás podría llamar a Isabel Díaz Ayuso y decirle que, en vez de pedir más agua, podría depurar algo de la que vierte. Le podría explicar que en la Comunidad Valenciana depuramos el 47,5% de nuestras aguas residuales y las utilizamos en un 70% para la agricultura, el resto en industria, ríos, humedales y zonas de ocio. Le podría recordar que antes que abanderar la libertad para contaminar el Tajo podría aumentar su responsabilidad medioambiental y seguir nuestro ejemplo ya que solo depuran un 2,3% de sus aguas residuales. 

Nos podría explicar también dónde fueron a parar los 7,2 millones de euros que su partido invirtió en un lobby para traer agua del Ebro que nunca llegó. O porque su partido ha votado contra las iniciativas para derogar el ‘tasazo’ en todas las instancias donde Compromís presentó mociones para ello (Senado, Congreso, Diputación de Alicante…). Quizás podría reflexionar sobre el hecho que llevó al exconseller de Agricultura, José Císcar, alicantino y expresidente de su partido, a reducir los derechos de los regantes firmando un memorándum con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal que dejó vendida a la Comunitat Valenciana. O cuando el gobierno de Rajoy hizo lo que casi hace Ribera, pero con total descaro y sin escuchar a nadie.

Lecciones con el agua, las justas. Menos hiPPocresia, por favor. El cabet a la faena…