Terrazas en el barrio de Ruzafa, en València. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA (EFE). La Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa, Al Balansí, ha presentado junto a la Federación de Hostelería de Valencia un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el inicio de los trámites administrativos realizados por el Ayuntamiento de València para la declaración de una Zona Acústica Saturada (ZAS) en el barrio.
La base del recurso se fundamenta en la Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015), y más en concreto, en su artículo 8, según ha explicado la organización este jueves.
Este artículo determina que si durante la instrucción de un procedimiento se advierte de la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, será necesaria la comunicación a dichas personas o entidades de la tramitación del procedimiento, y en caso contrario se podría cuestionar su validez.
Según los hosteleros del barrio, el Ayuntamiento debió comunicar por los cauces oportunos a la Federación de Hostelería de Valencia y a las pymes hosteleras de Russafa el inicio del procedimiento judicial en el Tribunal Superior de Justicia y de las medidas que pudieran adoptarse, algo que no hizo.
En este sentido, afirman que se han visto "en la necesidad de plantear este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que permita garantizar el derecho de defensa de las pymes del ocio y la hostelería del barrio".
Además, la asociación Al Balansí ha denunciado "la inoportunidad absoluta de las actuaciones anunciadas por el Ayuntamiento tras la última junta de gobierno del pasado mes de julio" en relación al inicio de los trámites para la declaración de una ZAS en Russafa.
Consideran que "teniendo en cuenta que la actividad de las pymes del ocio y la hostelería siguen sometidas a las severísimas restricciones impuestas por la Generalitat en el contexto de la crisis de la covid" y después de 18 meses de todo tipo de limitaciones a la actividad, es "incomprensible la activación de un procedimiento" como la ZAS.
Defienden que en este momento, "deberían ser las políticas de impulso, dinamización y reconstrucción del sector y de la actividad de las pymes y defensa de los puestos de trabajo, la principal prioridad de la administración local".
Asimismo, afirman que todas estas actuaciones del Ayuntamiento "incumplen los compromisos adquiridos por el consistorio durante la anterior legislatura, que debían desembocar en la puesta en marcha de un Observatorio del Ocio y el Turismo, con la participación del movimiento vecinal, las asociaciones de consumidores y del ocio, el turismo, la cultura y la hostelería de la ciudad".
