Foto: Iberdrola ArchivoMADRID (EP). Iberdrola Generación ha depositado ya la fianza de 192 millones de euros fijada en su día por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno al abrir juicio oral contra la empresa y cuatro directivos al considerar que en 2013 la compañía "ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía" con la finalidad de "provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores".
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Iberdrola Generación ha afianzado los 192.231.272 euros reclamados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, de los cuales 84.891.272 euros son para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para asegurar el pago de las responsabilidades civiles que se deriven, conforme expuso en el auto donde acordó abrir juicio oral.
Además, a cada uno de los cuatro ejecutivos --el director de Gestión de la Energía y los responsables de Gestión de Activos; de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; y de Mercados a Corto Plazo y Generación Global-- les impuso una fianza de 107.534.666 euros, de ellos 194.666 euros para las multas y 107.340.000 euros para las responsabilidades civiles.
Moreno explicó entonces que el importe de la responsabilidad civil serviría "de indemnización a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten, como consumidores finales de energía eléctrica o garantes de los precios de la energía, haber sufrido o verse afectados por el incremento los precios de la energía en el período de 30 de noviembre a 23 de diciembre". De esa cantidad responderán "conjunta y solidariamente" todos los acusados, precisó.
Fue el pasado 13 de julio cuando el juez instructor envió al banquillo a la compañía y a sus directivos por un presunto delito relativo al mercado y a los consumidores por supuestamente urdir un "artificio" para aumentar el precio de la luz.
Por ello, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral reclama en su escrito de acusación hasta dos años de cárcel para los cuatro directivos y una multa de más de 84 millones de euros para la compañía.
Según Romeral, Iberdrola Generación, "con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda".
Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, relataba el fiscal, "a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones".
Y ello, recalcaba, "a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad".
Romeral exponía que "la consecuencia del artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros/MWh", lo que supuso un beneficio de 21.222.818 euros para Iberdrola Generación por los 2.965.779 megavatios que despachó en ese periodo.
Conforme a sus cálculos, también se habría traducido en un daño económico de 107.340.000 euros, de los cuales 10,5 millones corresponderían a la veintena de compañías distribuidoras que constan como perjudicadas en la causa, mientras que el resto del perjuicio lo habrían soportado los consumidores con contratos a precio variable y las compañías de seguro que dieron cobertura a los contratos a precio fijo.
Anticorrupción sostenía que, si bien Iberdrola Generación habría urdido esta maniobra, los encargados de materializarla habrían sido los cuatro directivos acusados mediante la formulación de las ofertas de la energía eléctrica procedente de las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, una situación que --subrayaba-- determinó que estas centrales dejaran de producir energía.
La Fiscalía precisaba que, "en el período comprendido entre el 2 de noviembre y el 29 de noviembre de 2013, la oferta despachada no superó los 70 euros/MWh, concentrándose el 91,48% de la misma --866,4 GW-- en una banda de precios inferior a los 50 euros/MWh", mientras que "en lo que respecta a la energía no despachada, el 48,13% de la energía ofertada --1.217,3 GW-- lo fue en unas bandas de precio superiores a los 80 euros/MWh".
En cambio, continuaba, en el periodo investigado, del 30 de noviembre al 23 de diciembre de 2013, "el 32,54% de la energía despachada --183,7 GW-- lo fue en una banda de precios superior a los 80 euros/MWh". Y, "de la energía ofertada no despachada, 2.655,9 GW, el 94.33% --2.505,3 GW- lo fue en unas bandas de precio superiores a los 80 euros/MWh", completa.
En este contexto, Romeral recordaba que "a partir del 24 de diciembre de 2013 el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables".
