Este lunes, todo indicaba que el ministerio de Sanidad iba a aprobar una modificación del estado de alarma que permitiera a las comunidades autónomas tomar nuevas medidas para contener la pandemia. Tal vez, incluso, plantear confinamientos domiciliarios en aquellos municipios más afectados. El adelanto del toque de queda, a las 20 o incluso a las 18 horas, se daba por supuesto, para que a partir de ahí cada autonomía lo fijase cuando considerase oportuno. De hecho, el ministro Salvador Illa había dejado claro que, mientras no se resolviese en el Tribunal Supremo si Castilla y León tenía derecho a adelantar unilateralmente el toque de queda a las ocho de la tarde, había que acatar dicha medida. Por otro lado, el Gobierno no pedía medidas cautelarísimas, esto es, no pidió que el Supremo anulase dicha disposición de la Junta de Castilla y León.
Por ese motivo, sorprendió muchísimo que el miércoles el ministerio de Sanidad decidiera no atender las peticiones de las comunidades autonómas, que en su inmensa mayoría habían solicitado el adelanto del toque de queda (y bastantes unían también la solicitud del confinamiento domiciliario). De un día para otro, sin que las cifras hayan mejorado en lo más mínimo, se apreciaba un claro cambio de postura por parte de Sanidad.
¿Qué había sucedido? El único acontecimiento relevante que pudiera apoyar la eventualidad de esa decisión tiene una naturaleza electoral: el martes, el TSJ de Cataluña anunció que suspendía el cambio de la fecha de las Elecciones Catalanas, con lo que anulaba el retraso al mes de mayo y volvía a ubicarlas en la fecha original: el 14 de febrero. El TSJ tomará su decisión definitiva antes del 8 de febrero, una semana antes de las elecciones. Esto significa que si Illa sigue siendo el candidato habrá de dimitir como muy tarde el 8 de febrero para incorporarse a una campaña electoral ya comenzada. Es decir: su salida del ministerio es inminente... siempre y cuando el TSJ no cambie de opinión. El tribunal ha advertido de que las circunstancias que podrían hacerles autorizar el retraso serían o bien un drástico empeoramiento de la pandemia o bien que se adopten medidas que dificulten sobremanera la movilidad ciudadana. Medidas como el confinamiento domiciliario que, hoy por hoy, dependen de que el Gobierno de España decida aprobar un decreto de estado de alarma (o modificar el actual) que las contemple.
En condiciones normales, parecería absolutamente inverosímil que un Gobierno se atreviera a juguetear con cálculos electoralistas en mitad de una tragedia como la que estamos viviendo. Pero conviene recordar dos cosas: la primera, que este Gobierno se mueve casi siempre a golpe de encuesta y titular mediático, y que convocó dos elecciones generales seguidas en virtud de cálculos electoralistas; la segunda, que este es el Gobierno cuyo presidente decide relevar a su ministro de Sanidad en plena tercera ola, recién comenzado el proceso de vacunación, y a dicho ministro le parece estupendo. Y decide relevarle no porque sea un mal ministro, o esté quemado, o harto, sino porque, según sus cálculos, Illa obtendrá mejores resultados en Cataluña que el candidato original, Miquel Iceta.
Ese carisma añadido de Illa, esa previsión de mejorar los resultados del PSC, derivaría de su gestión de la pandemia. Es difícil defender que la ciudadanía valore muy positivamente la gestión de la primera ola, en donde se alcanzaron cotas de mortalidad casi sin parangón en toda Europa. Más bien parece que en Cataluña pueda gustar el Illa "federalista" de la segunda ola, que dejó hacer a las comunidades autónomas y se limitó a salir mucho en las ruedas de prensa. Curiosamente, esto se combinaría ahora con el Illa inmovilista de la tercera ola, que se aferra contra toda evidencia a la comparación con la segunda ola para afirmar que podemos parar la tercera con las herramientas y medidas de la segunda, ignorando que la tercera ha subido mucho más rápidamente y en mayor medida que la anterior, y sobre todo que aún no se atisba el final.
España lleva semanas con cifras de contagiados comparables en Europa sólo con el Reino Unido, Irlanda y Portugal. Estos tres países llevan semanas confinados (Portugal acaba de endurecer su confinamiento, cerrando incluso los colegios), como por otra parte muchos países europeos cuya situación es sensiblemente mejor que la española; y al menos en dos de dichos países (Reino Unido e Irlanda) puede explicarse parcialmente el aumento de los contagios por la entrada en juego de la nueva variante británica. En España, en cambio, según nos dicen desde el ministerio de Sanidad, la variante británica es un bichito que, si se cae, se mata, como el síndrome tóxico de la colza. Un bichito que hace un par de semanas, según decía Fernando Simón, tenía una presencia marginal en España, pero que se espera que sea dominante en marzo (como también ha dicho Simón).
En España el Gobierno se ha convertido en el máximo adalid del inmovilismo. Continúa empecinado en no hacer nada, ni en dejar hacer a nadie, sin tener en cuenta las peticiones cada vez más desesperadas de las comunidades autónomas, ni la situación trágica que estamos viviendo en muchos hospitales (y que inevitablemente va a ir a peor en las próximas semanas).
El trasfondo de esta inacción, como siempre, es político: asegurarse los apoyos parlamentarios para adoptar cualquier decisión de calado, y en particular el apoyo del PP, para no sufrir la oposición que vivió en la primera ola (la excusa de que sin el PP o ERC no se pueden aprobar medidas es, obviamente, falsa, pues con el voto afirmativo de Ciudadanos y el PNV, más algunos partidos pequeños, sería suficiente). Y asegurarse de que su candidato llega a la campaña electoral en las mejores condiciones posibles, sin que se pueda asociar su gestión con el monumental fracaso colectivo, pero sobre todo de nuestros gestores políticos, que es esta tercera ola, que se ha desmandado en España en unos términos que no conocen parangón en Europa.
Las Comunidades Autónomas ofrecen un balance desigual. Algunas, como la nuestra, hasta ahora han actuado muy tarde y bastante mal. Pero el ministro de Sanidad, sencillamente, ni está, ni se le espera... salvo para impedir que se adopten medidas más drásticas a la espera de presentarse a las elecciones catalanas, puesto que, según las altamente prestigiosas y creíbles encuestas del CIS de Tezanos, encabeza las preferencias de los electores.
Dado que no hay razón sanitaria alguna para negarse a dar la oportunidad a las comunidades autónomas de endurecer las medidas de contención contra el virus, y que ahora el ministerio de Sanidad ha pasado de no hacer nada a convertirse en dique de contención, cabe suponer que la explicación es que el ministro Illa no quiere torpedear la campaña del candidato Illa obligándole a permanecer más meses al frente del ministerio de Sanidad en un eventual retraso de las elecciones, lo que podría suponer perder el momentum electoralmente favorable que ahora parece aportar Illa al PSC. Unas prioridades que se definen por sí solas en un contexto en el que España presenta una situación de propagación del virus que ya habría conllevado medidas mucho más drásticas en cualquier otro país europeo, y no esta procrastinación que nos llega desde el gobierno español. Aquí, por ahora, con el ministro-candidato al frente, y como no se cansa de afirmar él mismo, parece que habrá que esperar a ver si las medidas actuales funcionan. Sobre todo, si funcionan electoralmente. Y ya se verá qué hacemos el 16 de febrero.