La Oficina Antifraude requiere, por segunda vez, documentación a Divalterra y a la Secretaría Autonómica de Inclusión de la Agencia Valenciana de Igualdad
VALÈNCIA. Los tentáculos de los investigados dentro del marco de la Operación Taula parecen no tener límites pues las mordidas de la trama van desde los colegios a los fondos europeos según las investigaciones realizadas hasta la fecha por los investigadores. Sin embargo, y con respecto a los fondos europeos, parece ser que tanto Divalterra como la conselleria que dirige Mónica Oltra hace oídos sordos a las requisitorias de información de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF).
En una nueva vuelta de tuerca judicial, el Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia ha requerido, y es la segunda vez que lo hace, a Divalterra y a la Secretaría Autonómica de Inclusión de la Agencia Valenciana dependiente de la vicepresidenta del Gobierno Valenciano Mónica Oltra, “toda la información bancaria relativa a las cuentas de Imelsa”.
De hecho, y debido a la falta de dicha información, la secretaria judicial ha tenido que enviar un escrito en el que le explica a la OLAF que, puesto que “no existe fundamento normativo sino fáctico por el que no se ha facilitado información, haciéndoles saber que el juzgado está recabando información y una perito interventora general de la Administración del Estado podrá emitir un informe con el que se podrá dar respuesta a lo interesado por la OLAF”.
Según se puede leer en un escrito de la OLAF al que ha tenido acceso Valencia Plaza, se hace una solicitud formal de información “concerniente a la denominada operación Taula relativa a los supuestos sobrecostes cargados a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la Administración Pública de la Comunidad Valenciana, y que podrían haber estado cofinanciados con fondos comunitarios”, y añaden que tratan de determinar “el alcance del posible fraude al presupuesto comunitario”.
La Agencia Europea de la Lucha contra el Fraude envió un escrito en el que aseguraban que “cuando tuvo conocimiento del levantamiento del secreto de sumario, solicitó al juzgado la remisión de la información antes mencionada”, a lo que el juzgado le respondió que ya se había requerido la misma.
Prosigue la OLAF explicando que: “se recuerda que la OLAF estaría pendiente del análisis de la información, tanto de la que dispone, como de la pendiente de remitir, y podría abrir una investigación en caso de haber una sospecha suficiente de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses de la Unión Europea”. Y por último le vuelven a recordar al juzgado que necesitan la información que no les llega.
En el mes de octubre de 2016, varios técnicos de la Intervención General del Estado ya entraron en las oficinas de la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, para requisar todos los contratos fechados entre los años 2007 y 2014 que hicieran referencia a los talleres de formación, casi todos ellos de empleo, que se hubieran financiado con fondos europeos.
Dichos contratos hacían referencia en un principio a obras tanto de Imelsa como de Ciegsa, la empresa encargada de construir los colegios en la Comunitat, pero la investigación ha terminado yendo mucho más allá, ya que ahora se solicitan contratos de la Secretaría Autonómica de Inclusión, dependiente de la vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, que, por otro lado, tampoco la ha aportado pese a las peticiones del juzgado.