Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Imma Orozco Ripoll (Altea, 1976) es la secretaria autonómica de Política Territorial de la Generalitat Valenciana. Por su departamento pasan el alud de proyectos de plantas fotovoltaicas que se están presentando en toda la Comunitat Valenciana, pero especialmente, en las comarcas del Vinalopó, Foia de Castalla, la Vall d'Albaida y Valle de Ayora. En este conversación con Valencia Plaza, comenta los problemas con los que se encuentran la Generalitat y muchos ayuntamientos que han optado por suspender licencias.
-¿Cómo ve la Generalitat, y, en concreto, la secretaria autonómica de Política Territorial, esa avalancha de proyectos de plantas fotovoltaicas en zonas de valor paisajístico?
-Es un tema complejo. Partimos de la base de que la transición energética es importantísima e imperativa, y la debemos asumir como tal. El objetivo es alcanzar 6.000 Megavatios de potencia fotovoltaica antes del 2030, además de 4.000 MW de eólica. A priori, estas son las cifras que nos hemos marcado. Pero debemos tener en cuenta que la transición energética no es la única pata que debemos trabajar para luchar contra el cambio climático. La ordenación del territorio es otra pata fundamental. Sin ordenación del territorio, no hay lucha contra el cambio climático. Pero ello, debemos conciliar ambos retos, ordenación del territorio y la transición energética.
A priori, los ayuntamientos han mostrado voluntad de tener plantas fotovoltaicas, el problema ha venido cuando ellos que tienen escasa competencia, por no decir nula, para decidir donde se ubican las plantas. Estoy de acuerdo con que los municipios deben participar en esas decisiones, a través de la participación ciudadana, para que la transición energética sea un proceso acompañado. Si no lo hacemos así, la sensación de la ciudadanía es que su opinión no cuenta para nada y se genera un rechazo perverso, al tratarse de un recurso tan necesario como es la transición energética. Por tanto, el problema no es la transición, si no cómo la hacemos.
"Deben ser las autonomías, junto a los municipios, quienes decidan cuál es la mejor ubicación de las plantas, pues son las que más impacto generan y las que no generan una economía más enraizada"
-Pero la competencia está compartida entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Industria. Las de menos de 50MW las autoriza el Consell; la de más, el Gobierno central…¿Qué pasa con las que decide Madrid?
-En las de menos de 50 MW, la Generalitat ha establecido unos criterios territoriales y medioambientales, que funcionan de filtro y han ejemplos de plantas que se han rechazado después de un análisis del impacto. Las de más de 50 MW es de donde es difícil conciliar los tiempos que marca el ministerio con los tiempos de una competencia que la Generalitat tiene en exclusividad, que es la ordenación del territorio. El Gobierno central nos debe facilitar que podamos ejercer esta competencia, que insisto, es propia. Deben ser las autonomías, junto a los municipios, quienes decidan cuál es la mejor ubicación de las plantas, pues son las que más impacto generan y las que no generan una economía más enraizada en el territorio. Un modelo distribuido genera menos impacto, y genera una economía directa en las autonomías. Es más, la mayoría de los pequeños y medianos productores son empresas de la Comunitat. La solución pasa por ordenar de manera adecuada las plantas más grandes, como faculta el decreto que se aprobó para ello, pero la clave es tener la posibilidad de estudiar y analizar la capacidad de acogida del territorio, definir la infraestructura verde, que es la base del planeamiento moderno, y a partir de ahí buscar las mejores ubicaciones, teniendo en cuenta que habrá zonas más tensionadas.
-¿Quién asume la declaración de impacto ambiental en las megaplantas de más de 50MW?
-El Ministerio de Industria, previo informe de Ordenación de Territorio de la Generalitat.
-¿Qué opinión le merece la reacción de algunos ayuntamientos que han optado por la suspensión de licencias?
-La entiendo. Es más, esa suspensión de licencias se les ha ofrecido como única solución para abordar esta cuestión y poder ejercer estas competencias de ordenación del territorio. Si fuera alcaldesa, hubiera actuado de igual manera. Pero la suspensión de licencias es una medida para decir que no a las plantas; se debe entender siempre como una voluntad para ordenar la implantación de renovables. No olvidemos que este tipo de instalaciones consumen mucho suelo. Para generar un megavatio se consumen dos hectáreas de terreno. Nos haríamos trampas al solitario si permitiésemos que se ubiquen las primeras plantas que llegan. Por tanto, es lícito que se decida la mejor ubicación, máximo si tienes una presión importante.
-¿Tienes contabilizados los proyectos tramitados en la Comunitat Valenciana?
-Hay 406 peticiones en la Comunitat, tanto a nivel estatal como autonómico. De ellas, en la Conselleria de Territorio ya estamos analizando 116 propuestas de plantas fotovoltaicas.
"Para generar un megavatio se consumen dos hectáreas de terreno. Nos haríamos trampas al solitario si permitiésemos que se ubiquen las primeras plantas que llegan"
-¿Algunos alcaldes solicitan celeridad con las declaraciones de impacto ambiental derivadas de la suspensión de licencias urbanística en un municipio?
-La suspensión es un proceso que se establece para garantizar que durante la tramitación de ese planeamiento no se den licencias que van en contra de ese planeamiento. La ley dice que en todo se indemnizaría el proyecto y la tasa que se ha podido pagar, pero nunca el lucro cesante. El plazo de dos años que se establece es un periodo que se debería conciliar para que dé tiempo para elaborar la declaración de impacto ambiental.
-Una queja generalizada de los agentes sociales relacionados con el urbanismo son los eternos y burocráticos que son los procesos administrativos relacionados con el urbanismo y las licencias. ¿Tiene solución a corto plazo?
-Tenemos un problema de gestión de suelo. Muchas veces se quejan de no hay suelo. Hay suelo industrial, por ejemplo, de sobra; hay suelo residencial para hacer un País Valenciano paralelo al que tenemos. El problema es la gestión, y ahí a veces detectas efectos de la burbuja. Hay gente que especula. Hay suelo y se puede desarrollar. Somos sensibles a la cuestión de la agilización de los periodos, y se están poniendo paliativos a través del plan Agiliza para que los trámites acompañen más la realidad.
