Foto: E. PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El impuesto que el Gobierno planeaba aplicar sobre las energéticas se recortará a la mitad, hasta los 2.000 millones de euros en dos años, tras acordarse en su tramite parlamentario suavizarse con la aprobación de dos enmiendas del PNV y PDeCAT para que se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España, según estimaciones de analistas.
Con su propuesta inicial, el objetivo del Gobierno era obtener 4.000 millones de euros en dos años (2.000 millones/año) con esta nueva figura fiscal, que iba dirigida especialmente a las grandes del sector --Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Cepsa--.
Analistas de Bankinter consideran que con las nuevas modificaciones el sector eléctrico se ve más beneficiado que las petroleras y gasistas.
Así, dentro de las eléctricas, estiman que la más beneficiada sería Endesa que, de un impacto inicial de cerca de 800 millones en los dos ejercicios por el impuesto, podría verse reducido a algo menos de la mitad.
En el caso de Iberdrola, Bankinter señala que la reducción podría ser similar, aunque su impacto en la capitalización bursátil sería menor para el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán.
Por su parte, los analistas de Banco Sabadell subrayan el efecto positivo de la noticia, "no tanto por el impacto cuantitativo (rebaja el impacto por debajo del 1% en capitalización) sino por la
decisión del Gobierno de suavizar finalmente el impuesto al sector y 'alinearse' a las directrices marcadas por Bruselas y
demandadas por las compañías eléctricas".
De hecho, empresas como Repsol, Iberdrola o Cepsa ya habían anunciado que pelearían el impuesto en los tribunales y habían advertido de que ponía en peligro las inversiones en la transición energética en el país.
De esta manera, Sabadell opina que las nuevas excepciones suavizarán los impactos a la mitad en Iberdrola y Endesa y en menor medida en Naturgy.
Los cálculos de los analistas de la entidad financiera sitúan el importe del gravamen en unos 200 millones euros al año para Iberdrola y Endesa, una vez excluidas las actividades reguladas extrapeninsulares y PVPC y TUR, frente a los 400 millones de euros previamente contemplados por las compañías; mientras que el impacto para Naturgy se situaría unos 170 millones de euros y para Acciona Energía en unos 50 millones de euros.
El sector energético subía este viernes con fuerza en bolsa impulsado por las modificaciones al gravamen. Así, Endesa era la que más destacaba, con una subida del 1,84% a las 12.02 horas, seguida de Repsol, que ganaba un 1,34%. Por su parte, el avance de Naturgy era del 1,17%, mientras que Iberdrola remontaba un 0,91%.
Este jueves, la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso aprobó dos enmiendas transaccionales del PNV y PDeCAT para que, en el marco del impuesto energético, se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España.
Así, con el acuerdo alcanzado entre los grupos y los socios del Gobierno de coalición, el impuesto no afectará a las empresas en las que el suministro sea a precio reglado (PVPC de electricidad, TUR de gas, GLP envasado y GLP por canalización).
También se incluyen en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente.
La comisión también ha sacado adelante una enmienda del PNV para que se excluya de la facturación los ingresos correspondientes al impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y los gravámenes complementarios a carburantes y combustibles petrolíferos de Ceuta y Melilla, que se hayan pagado o soportado vía repercusión.
Tal como estaba diseñado inicialmente, el impuesto temporal y extraordinario que pretendía sacar adelante el Gobierno gravaba con un 1,2% las ventas de las energéticas con unos ingresos superiores a los 1.000 millones anuales, independientemente de dónde procedieran. El impuesto estará en vigor durante 2023 y 2024 y se aplicará a las cuentas de las empresas en 2022 y 2023.
Está previsto que la resolución final se dará en el pleno del próximo jueves 24 de noviembre, para que el gravamen entre en vigor el 1 de enero de 2023.
