Intersindical Valenciana convocará una huelga en las administraciones públicas en el mes de junio

VALÈNCIA (EP). El Consell Confederal de Intersindical Valenciana ha aprobado por unanimidad convocar huelga en todas las administraciones públicas en el mes de junio para exigir la retirada "inmediata" de la propuesta del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, de modificación del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado público.

Así lo ha acordado la organización sindical en la reunión celebrada este sábado 29 de mayo. El colectivo, en un comunicado, ha alertado de que esta modificación prevé que las personas con relación laboral temporal que ocupan una plaza vacante "serán cesadas automáticamente si la plaza no es incluida en una oferta de ocupación en un plazo máximo de tres años desde el nombramiento". Además, añade, esta plaza permanecerá congelada, "sin posibilidad de ser cubierta mediante el procedimientos reglamentarios", por un periodo de un año.

Para Intersindical Valenciana, esta medida supone un "ataque sin precedentes" a los derechos laborales del personal temporal e interino, ya que, por un lado, supone el despido "sin causa objetiva alguna, solo por imperativo legal" y, por otra, por el hecho de que los mantiene en "absoluta indefensión" ante la "discrecionalidad desmesurada o arbitraria" de las administraciones a la hora de definir, mediante el mantenimiento de las tasas de reposición, la política en materia de ofertas de ocupación, tanto su periodicidad como el número de plazas a incluir.

Además, han criticado que la congelación de la plaza vacante es una "amenaza real" a la calidad de la prestación de los servicios públicos, "al verse reducidas unas plantillas ya de por sí ajustadas", como también lo es a la continuidad de los servicios públicos, al constituirse en una herramienta que, "en manos de gestores sin escrúpulos, puede ser una puerta abierta a la amortización masiva de las plazas vacantes como consecuencia de su propia actuación negligente".

Paralelamente, apunta el sindicato, además de la retirada de la propuesta se exige al Ministerio que inicie un "verdadero" proceso de negociación, con participación del conjunto de las organizaciones sindicales con presencia en el sector público y de los colectivos de personal temporal e interino, para modificar el Estatuto Básico del Empleado público, siguiendo las recomendaciones de la Directiva Europea 1999/70 sobre trabajo a tiempo determinado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Así, insta a "proteger las empleadas y empleados públicos frente al abuso de la temporalidad", establecer sanciones "suficientemente disuasorias" en las administraciones que incumplen y "resolver el problema de la temporalidad actual consolidando la ocupación de las personas en situación de abuso, contrario al criterio actual de las ofertas de ocupación masivas que solo pretenden estabilizar las plazas".

Desde el sindicato consideran que la situación actual y las consecuencias que se derivan de la propuesta del ministro Iceta son "suficientemente graves" como para justificar una huelga y han garantizado que "seguirán trabajando para buscar la unidad de acción", porque la convocatoria de huelga tenga un "amplio apoyo sindical y del personal afectado, además de tener una cobertura estatal y para todas las administraciones públicas".