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entrevista al exdirector de la agencia valenciana antifraude

Joan Llinares: "Todo el mundo ha intentado instrumentalizar Antifraude"

Foto: KIKE TABERNER
25/05/2024 - 

VALÈNCIA. Joan Llinares (Alzira, 1953) cesó este viernes como director de la Agencia Valenciana Antifraude. Se cumplían los siete años de mandato al frente de la agencia en un puesto que no se puede renovar. En una entrevista con Valencia Plaza dias antes de acabar su mandato, repasa el arranque de este ente, que actualmente recibe las antipatías de todos los partidos con el respeto (y cierto temor) de las administraciones públicas que obedecen sus recomendaciones. Llinares se marcha en un momento de total incertidumbre sobre quién lo sustituirá en los próximos meses, por lo que reivindica el papel alertador y controlador de la entidad, a la vez que denuncia la instrumentalización política. 

-Empecemos con el balance de toda esta etapa.
-Para mí ha sido unos años apasionantes, complejos y, por los resultados obtenidos, de enorme satisfacción y agradecimiento. Ha sido mucha la gente que me ha acompañado. Especialmente del equipo de la agencia y también personas que desde fuera confiaron y creyeron que este proyecto era necesario. 

La agencia, a partir de la ley del 2016, que yo siempre he calificado como que debió de ser una alineación de astros, trasladaba una visión de asumir una estrategia de lucha contra la corrupción de la que carece España. En aquel momento, yo estaba en Barcelona con la puesta en marcha de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento y me sorprendió para bien. No pensaba que menos de un año después se me plantearía la oportunidad de poder hacerme cargo del proyecto.

Creo que la Comunidad Valenciana, con aquella ley, tradujo, aparte de un sentir general, las recetas que ayudan a que una sociedad salga de un estado al que nos habían llevado todos los casos de corrupción que se habían acumulado. La norma apareció con una clara voluntad, aunque el PP votara en contra. Luego yo establecí una buena relación con todos los partidos. He intentado trasladar que uno de los déficits que tenemos es el de la falta de visión institucional.

-¿Desde los partidos se respeta a la agencia?
-De una manera sutil, yo no tuve el apoyo de nadie. Tomé posesión y pregunté qué personas podía tener provisionalmente de refuerzo administrativo y me dijeron que nadie. Luego dije: "Bueno, ¿a quién le tengo que dar mi documentación para que se me dé de alta en la Seguridad Social y todo eso? Porque yo he dejado mi trabajo". Y me respondieron que me lo tenía que apañar yo. Y ahí me ves haciendo cola en la Agencia Tributaria para sacar el NIF de la agencia, en la Seguridad Social para sacar el número de empresa de la agencia... y todos los días que transcurrieron hasta que conseguí tener esta documentación básica para hacer que empezara a funcionar una institución. Os podéis imaginar la sensación de soledad en ese momento. Muy pronto entendí que una cosa era aprobar la ley y otra cosa era hacer realmente la catarsis. 

Hice el presupuesto, hice la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), fui pidiendo ayuda a funcionarios de la Intervención... esto significó meses. Pude cobrar al cuarto o quinto mes. Pero es que no podíamos ni pagar a la Seguridad Social lo que correspondía del único afiliado que tenía la agencia porque no teníamos presupuesto, porque no teníamos estructura de gestión ni nada. 

Foto: KIKE TABERNER

-¿Y durante todo este tiempo ha cambiado esa mentalidad? ¿Cree que hay mejor consideración?
-Hombre, yo creo que la agencia se ha ganado el respeto por el trabajo realizado. Otra cosa es que la quieran. A veces oigo aquello de que Antifraude ha trabajado más para tal bando político que para el otro y con las actuaciones se comprueba que no es así. Durante estos siete años de funcionamiento, se han mandado seis expedientes al Tribunal de Cuentas. De ellos, uno afecta a un ayuntamiento de Compromís, otro a uno del PSPV, dos a ayuntamientos que son coaliciones Compromís-PSPV y los otros dos restantes afectan al PP. Nosotros no miramos qué partido gobierna y tenemos la obligación de la imparcialidad absoluta.

-¿Cree que está habiendo un intento de control político de la agencia?
-A la agencia todo el mundo la ha intentado instrumentalizar. Si tienes conocimiento de irregularidades, pues oye, pones la denuncia y ya está. Pero si vienes, te haces fotografías y la noticia es la presentación de la denuncia, es instrumentalizarla. Lo que tienes que permitir es que los responsables hagan su análisis, porque a lo mejor no hay nada. La denuncia, que se utiliza no solo en nuestro ámbito, sino en Fiscalía, a veces es un arma que va muy lejos y no tiene nada que ver con buscar la restitución de un ordenamiento jurídico infringido.  

Una pregunta que me surge muy a menudo es: ¿La Ley del 2016 sería posible aprobarla ahora, en los mismos términos? Tengo mis dudas de que se promoviera una iniciativa legislativa de este tipo. De hecho, aunque la respaldaron cuatro partidos (los tres que daban apoyo al Consell y Ciudadanos), fue muy minoritaria. Con la opinión que tenían algunos respecto a la ley entendí luego muchas cosas. Por ejemplo, la dificultad para encontrar sede, que un día la teníamos y al siguiente no cuando propusimos inmuebles concretos propiedad de la Generalitat y luego nos criticaron el alquiler que pagábamos. 

"Desde el mismo día que tomé posesión todo lo que vi es que jugaban a que diera un portazo y que abandonara el proyecto"

Aprobaron la ley, salí yo elegido como director, pero desde el mismo día que tomé posesión todo lo que vi es que jugaban a que diera un portazo y que abandonara el proyecto. Esa es la sensación que tuve. Cuando todavía estaba solo, me llegó el primer recurso de UGT planteando que no podía hacer la oferta pública de empleo y pidiéndole al tribunal la medida cautelar de suspensión de todo. Y cuando ya tenía aquí a las primeras personas que empezaron a ayudarnos y trazamos el primer acuerdo sindical sobre las condiciones de trabajo del personal de la agencia, UGT dijo que no tenía nada en contra, pero que no lo firmaba. Luego apareció el segundo contencioso, donde ya planteaban directamente la inconstitucionalidad de la agencia. Y dices: ¿pero esto qué es? si se trata de una agencia que protege a los funcionarios de represalias si denuncian infracciones. Evidentemente, el tribunal no lo admitió y terminaron retirando el recurso. 

Foto: KIKE TABERNER

-¿Y piensa que ahora solo interesa Antifraude, o para instrumentalizarla como ha dicho, o para intentar controlarla?
-Bueno, una tensión que se mantiene entre quienes gobiernan y los órganos de control es precisamente poder controlar a los órganos de control. Eso en el ámbito municipal del que yo vengo se vive de una manera muy directa. Una buena parte de las retribuciones de los interventores, que son el órgano de control interno, se fijan por moción de alcaldía al pleno municipal. Al interventor que no encaja, se le deja su complemento específico al mínimo. No se ha hecho nada para promover la independencia de aquellos profesionales a los que corresponde realizar labores de control. 

"La agencia es un plato apetecible para tenerlo controlado desde, si era posible, antes de nacer"

La agencia, que en definitiva es un órgano externo de control, es un plato apetecible para tenerlo controlado desde, si era posible, antes de nacer. Y eso forma parte de las tendencias que desgraciadamente siguen dominando en el panorama de nuestra administración pública. El no dejar trabajar a los órganos de control en toda la profundidad y extensión con la que deben hacerlo. Estableciendo por supuesto los contrapoderes. A nosotros nos fiscaliza la intervención de Les Corts y por lo tanto las sugerencias que nos vienen por esa vía las convertimos en obligación. También nos dotamos de un código ético. 

-¿Qué tal las relaciones políticas actualmente?
-La relación con la presidenta de Les Corts es magnífica, como lo fue con el anterior. Y con el Gobierno ahora mismo por ejemplo estamos trabajando con la Conselleria de Sanidad, que nos pidió que colaboráramos en su código ético. La Conselleria de Hacienda también pidió que la agencia se integrara en un equipo que está trabajando por un código ético para toda la Generalitat, para su personal y para sus cargos públicos. Entonces, hay buenas señales desde un punto de vista donde parece que sí que se recogen nuestras recomendaciones y propuestas.

Hay gente que quiere la agencia y hay gente que no la quiere, pero afortunadamente yo creo que se equilibran unos a otros. Y no es una cuestión más de este partido o del otro. Creo que en buena parte de las formaciones hay gente bastante harta de que puedan volver en algún momento a producirse situaciones como las que vivimos. Y que creo que esta gente más consciente debería de estar trabajando dentro de sus partidos, dentro de sus instituciones, para que no haya ninguna posibilidad de vuelta atrás. De que gusten o no gusten acciones como las actuaciones de la agencia, pues a nadie nos gusta que nos pongan una multa. Pero todos la hemos tenido en algún momento. 

"Hay administraciones que han sido rebeldes a las recomendaciones de la agencia, pero han sido sobre un 15%"

-Hay mucha gente que piensa que Antifraude sólo ha servido para, digamos, colorear la cara públicamente a las administraciones, pero sin resultado palpable. ¿Es cierto?
-Yo ahí discreparía. Hay administraciones que han sido rebeldes a las recomendaciones de la agencia, pero han sido minoría. Son sobre un 15%. El resto han cumplido y algunas hasta nos lo han agradecido. Una alcaldesa nos llegó a decir que nuestras sugerencias les habían servido para incorporar en el ayuntamiento toda una serie de mejoras que no había manera de aprobar e hizo falta un informe de la agencia para lograrlo. 

Desde luego, ha habido otros ayuntamientos, e incluso la propia Generalitat, que han reaccionado de una manera totalmente diferente, planteando además respuestas fuera de lugar con salidas de tono y casi insultantes cuando nosotros hemos defendido siempre el respeto institucional. 

Foto: KIKE TABERNER   

-¿Cuáles?
-Pues, por ejemplo, hemos tenido un ayuntamiento como el de València que ha cumplido una buena parte de las recomendaciones, pero con algún departamento con respuestas del tipo que he comentado antes. Esto pasó cuando cuestionamos una determinada licencia de actividad donde detectamos que se había incumplido completamente todo el procedimiento y del ámbito de Urbanismo nos encontramos con una respuesta impropia de servidores públicos. 

Luego tuvimos una actuación relacionada con hasta 25 hoteles funcionando sin licencia en el municipio de Benidorm. Después de un proceso largo, todavía quedaban nueve. Planteamos un seguimiento pero se nos negó la documentación y los funcionarios de la agencia se desplazaron al ayuntamiento. Por parte del alcalde había una predisposición a entregar la información, pero llegó el secretario de ese ayuntamiento y cortó la buena relación que se había establecido negándola. Lo ocurrido acabó con una querella contra los funcionarios de la agencia que se habían personado. Una juez la admitió y los imputó, aunque llegó luego otro juez profesional después de dos años lo archivó.

"En Urbanismo del Ayuntamiento de València nos encontramos con respuestas impropias de servidores públicos"

-En el ámbito político da la sensación de que sin una condena penal no ha habido mala actuación.
-Sí, porque políticos, instituciones y partidos han hecho creer que la corrupción es una cuestión de Código Penal cuando la palabra ni siquiera aparece ahí. En el Código Penal solo hay unas conductas tipificadas que por una cuestión convencional hemos decidido que son delitos de corrupción, como la malversación, el cohecho, el tráfico de influencias, la prevaricación, etc. Pero no ha habido ningún interés en sistematizar las conductas sobre las que todos estaríamos hoy prácticamente de acuerdo en que serían corrupción y muchas de ellas que no están en el Código Penal. Las prohíben las leyes administrativas, pero parece que un ilícito administrativo no es una conducta condenable, sino una simple irregularidad.

Buena parte de los 2.000 y pico expedientes en los que ha intervenido la agencia hasta ahora son ilícitos administrativos, porque penales estamos entre un 3 y un 5%. Pero esos ilícitos administrativos muchas veces son gravísimos. Desde el abuso del fraccionamiento de contratos menores para no sacar la licitación a las irregularidades en los accesos a la función pública. Si tú en los procesos de reclutamiento de los profesionales que incorporas a gestionar la administración autonómica o las empresas públicas lo que aplicas es el favoritismo, el nepotismo o el enchufismo, vas a los tribunales y te dicen que no es conducta penal. Pero aquí se vulneran principios constitucionales. Regalar un sueldo para toda la vida a alguien que no lo merece es una corrupción muy superior a la de adjudicarle el pintar la fachada del Ayuntamiento a tu primo o a tu cuñado. Nos estamos jugando una administración pública profesional. 

-Su relevo en la dirección de Antifraude se encuentra bloqueado. PP y Vox votaron en contra del único candidato que ha quedado, Gustavo Segura, una persona de su confianza. Ahora, con la nueva ley de la agencia, no será necesario un partido de la oposición para sacar adelante a la próxima persona que dirija la agencia. ¿Cómo ve este panorama?
-Seguí la comparecencia de Gustavo Segura ante la comisión de Hacienda de Les Corts que le correspondía evaluarlo. Ese era el objetivo. En ella desgranó magníficamente un programa para los próximos años en la dirección de la agencia, con unas líneas estratégicas y unos objetivos. Fue una exposición de alto nivel institucional. No obstante, los destinatarios de su exposición no habían ido a escucharle ni a evaluar al profesional. Frente a una exposición brillante y llena de contenido, sufrimos una lamentable parodia política incapaz de plantear cuestiones relacionadas con el verdadero motivo de la reunión: conocer y evaluar los objetivos, planes y estrategias de un candidato a dirigir una institución de prevención y lucha contra la corrupción. 

No había ningún interés en alcanzar un acuerdo, con lo fácil que lo tenían. Gustavo Segura reúne las condiciones que exige la ley para ser un gran director de Antifraude. Que los grupos políticos no hayan sido capaces de consensuar es una mala noticia. Quienes decidieron no votarle no dieron ni un solo argumento que pusiese en duda la valía del candidato y ellos mismos lo reconocieron en sus titubeantes explicaciones.  

Foto: KIKE TABERNER

-¿Qué opina de que PP y Vox calificaran de ideológica la propuesta de Segura?
-No hay ningún fundamento, es una tontería como tantas que tenemos que oír cada día. La ideología es la excusa para no hacer lo que se debe hacer y en ocasiones para hacer lo que no se debería. Eso es lo que realmente ha impedido, de momento, tener un gran servidor público como mi sucesor.  

-Usted defendió el cambio de la ley, que supone renunciar a ese consenso político. 
-Considero que la persona titular de esta agencia debe de tener el mayor consenso posible y lo defenderé siempre. Lo que ocurre es que la plasmación en la realidad de aquello que los primeros legisladores que introdujeron estas mayorías cualificadas pretendían, que era la búsqueda de los mejores, está discurriendo en otro sentido. Ahora aparece el intercambio de cromos entre las mayorías progresistas o conservadoras. 

-Pero el cambio de la ley supone que los partidos en el Gobierno elijan a la persona que les tiene que controlar. 
-Es posible que se pueda caer ahí, pero sigo albergando alguna esperanza. Existen profesionales más que de sobra sobre los que se podría llegar a consensos sin que se tuviera que hacer uso de la mayoría absoluta. En 2022, en Andalucía se llevó a cabo la elección del director de su oficina antifraude. La propuesta de Ricardo Puyol no sacó las tres quintas partes que en una primera vuelta planteaba la ley. Ricardo Puyol es el magistrado que instruyó todo el caso Malaya y muchos otros casos de corrupción en Andalucía sin que nadie hubiera planteado una tacha profesional sobre él. Si no hubiera existido la segunda vuelta, igual la oficina antifraude andaluza no existiría o estaría esperando que se encontrara a alguien que reuniera los apoyos. La institución tiene que funcionar. ¿Puede que venga una persona que no reúna los requisitos y las condiciones que debe? La propia ley las establece y si es una elección descarada no sería la primera vez que los tribunales anulan nombramientos que se han hecho sin cumplir las exigencias legales. 

"Lo ocurrido esta semana en Les Corts debe poner en alerta a la sociedad valenciana; la Comunitat ha caído cinco puestos en los índices de percepción de la corrupción"

-¿Ve intenciones reales de vaciar de contenido la agencia con estos movimientos?
-Lo del jueves debe poner en alerta a la sociedad valenciana. La Comunitat ha caído cinco puestos y se ha situado por debajo de la media europea en cuanto a índices de percepción de la corrupción, tal y como acaba de publicar en su ronda de 2024 el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Göteborg (QoG), organismo encargado por la Comisión Europea para medir el nivel de corrupción y ecuanimidad de los gobiernos en las regiones de la UE. La gente desconoce las consecuencias de bajar en estos índices: corrupción y desconfianza en la ecuanimidad de las instituciones es igual a pérdida de inversiones y de competitividad en el complejo mundo de la economía transnacional. En la estrategia de los corruptos ha estado siempre colonizar las instituciones con gente de su parroquia política. Eso conduce a la mediocridad y al desbarajuste. Y no me cansaré nunca de repetir que detrás de la corrupción solo hay empobrecimiento, embrutecimiento y debilidad para nuestro frágil sistema democrático. Es un deber constitucional luchar contra la lacra de la corrupción y contra quienes la propician o la esconden.

-Si toda esta historia acaba con Eduardo Beut como director de la agencia, ¿lo vería bien?
-Es que no conozco a esta persona. 

Foto: KIKE TABERNER

-¿Le preocupa la derivada judicial relacionada con la denuncia de los posibles casos de acoso sexual en la Agencia? Ya hay dos funcionarias sancionadas y otra cesada. Esta última está en el contencioso y las otras dos podrían seguir la misma vía.
-No me preocupa. Primero porque no ha habido acoso. Los primeros que pusimos en marcha todos los mecanismos que tenemos dentro de la agencia para detectar estos casos y castigar al acosador fuimos el equipo directivo. La cuestión es cómo no habiendo acoso sexual, se hace uso de esta información que se movía en el ámbito confidencial de una encuesta anónima para montar una campaña. Llegando incluso a la filtración de correos electrónicos internos. Cuando se pudo saber cómo se había producido esa filtración se aplicó el procedimiento con un expediente disciplinario y se ha llegado a unas conclusiones. Una es la pérdida del puesto en la agencia y el retorno a su ayuntamiento; y otra se está terminando. Es evidente que esto derivará en contencioso. 

-¿En qué punto se encuentran las investigaciones relacionadas con los contratos de la covid por parte del anterior Consell: hospitales de campaña, etc.?
-En el caso de los hospitales de campaña, la Fiscalía lo archivó. Nos lo devolvió pero entraba en aspectos que nos vinculaban. Nuestra propia ley nos establece que no podemos investigar aquello que ya ha sido investigado por la Fiscalía o por un juzgado, por lo que hemos tenido que cerrarlo. 

La otra investigación fue la de los contratos del material covid, que ese expediente ya fue publicado. Eran contratos nulos de pleno derecho, se contrató con empresas que no tenían ninguna preparación y detectamos comisiones que superaban el millón de euros. 

Y nos queda el último expediente pendiente de finalización, porque se ha requerido documentación adicional, de la empresa de las compras de material sanitario.

-La normativa nacional sobre la protección de las personas denunciantes de corrupción suponía que la agencia pudiera extender su ámbito de actuación a las empresas privadas. Los partidos no parecen muy interesados en ello y ustedes plantearon tratar de impulsar un cambio de la ley en este sentido. ¿No van a hacerlo?
-Eso cambia totalmente la naturaleza de la agencia. Aquí lo que tenemos son expertos en derecho público, en derecho administrativo. Si entramos en el mundo mercantil, requeriría una reconfiguración de un área dentro de la agencia para ello. Lo que sí que tenemos abierto es el registro de empresas que tienen instalado el canal interno de denuncias. Y hemos ido recogiendo, solo como registro, a los responsables de este canal. Estamos haciendo con ellos formación. Pero no se ha dado el caso de tener que proteger, aunque no tendríamos competencias. Estamos esperando a la creación de la autoridad nacional para que decida si establece esa competencia para las agencias antifraude territoriales o se centraliza todo en Madrid. 

Foto: KIKE TABERNER   

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