MADRID (EP). ACS y Galp han modificado el acuerdo suscrito el pasado mes de enero para la adquisición de los proyectos de fotovoltaica en España del grupo presidido por Florentino Pérez y han acordado finalmente la creación de una 'joint-venture', participada al 75,01% por la petrolera lusa y al 24,99% por la empresa española, para gestionar el desarrollo de estos activos. Según informó el grupo luso, el acuerdo de compraventa se ha modificado para "establecer nuevos términos y condiciones para la transacción", que incluye la creación de esta nueva empresa, que contará con una estructura de gobierno "controlada conjuntamente" bajo el acuerdo de accionistas que ambas firmas suscribirán al cierre de la operación.
Galp indicó que pagará un total de entre 300-350 millones de euros al cierre de la adquisición de la participación y los costes de los desarrollos anteriores. Asimismo, todos los costes adicionales de desarrollo y construcción relacionados con la cartera serán asumidos por la nueva empresa conjunta participada por Galp y ACS. El acuerdo mantiene que el desarrollo y la construcción de la cartera lo realizará Cobra, filial de ACS, y se prevé que la operación, una vez recibida las aprobaciones de los organismos de competencia necesarios, se cierre antes de finales de este año.
El pasado mes de enero, ACS acordó la venta a Galp Energía de todas sus plantas y proyectos fotovoltaicos en España, que sumaban una potencia de 2.930 megavatios (MW), en una operación con un valor de empresa de 2.200 millones de euros relacionado con la adquisición, desarrollo y construcción de toda la cartera. El grupo que preside Florentino Pérez indicó que obtendría una plusvalía de 330 millones con esta transacción, ganancia que se incluirá en las cuentas de 2019.
En virtud de ese acuerdo, ACS traspasaba a Galp todas las plantas fotovoltaicas que ya tenía en servicio en España y las que se vayan construyendo y poniendo en explotación en los próximos cuatro años (entre 2020 y 2023), aunque finalmente todo se integrará en esa nueva 'joint-venture'.
Los activos y proyectos fotovoltaicos constituyen el 70% de la cartera de Zero-E, la filial en la que hace un año el grupo agrupó todo su negocio y nueva apuesta por la energía 'verde'. Otro 27% son parques eólicos y el resto, termosolares. La filial de ACS tiene en España casi la mitad (entorno al 43%) de esta cartera de proyectos en desarrollo, mientras que cerca de otro 30% de los proyectos se localizan en Norteamérica y un 26% más, en Latinoamérica.
La operación de Galp sobre los activos de ACS se enmarca en la apuesta del grupo luso por el negocio de generación eléctrica bajo en emisiones que impulsa desde el pasado año, a semejanza con otras empresas del sector como Repsol o BP, y por la que ha entrado en el mercado eléctrico español, con la toma en 2018 de una participación del 25% en la comercializadora eléctrica Podo. A este respecto, en 2019 firmó con empresas como X-Elio acuerdos para el desarrollo de contratos de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), que permitirá la construcción de varias plantas fotovoltaicas con una capacidad conjunta de 200 MW en España.
También suscribió con Grenergy otro contrato para la venta de energía a largo plazo de entre 300 y 360 gigavatios anuales (GWh/año), por medio de un conjunto de proyectos de energía solar fotovoltaica que suman 200 MW.
Por otra parte, Galp registró unas pérdidas ajustadas en el primer semestre del año de 22 millones de euros debido al impacto del Covid-19. El resultado neto atribuido de acuerdo con las normas de reporte internacionales (IFRS) se tradujo en unas pérdidas de 410 millones de euros, principalmente debido al efecto de 'stocks', negativo en 362 millones de euros.
El grupo indicó que su propuesta de dividendo integral para el año 2020 se anunciará teniendo en cuenta los resultados anuales, que se publicarán el primer trimestre de 2021, por lo que no se realizará ninguna distribución provisional en el segundo semestre. El 'cash flow' de las operaciones del grupo durante el primer semestre de 2020 cayó un 60%, hasta los 404 millones de euros y el Ebitda ajustado se situó en los 760 millones de euros, con una bajada del 31%, reflejando las adversas condiciones del mercado.
Las ventas de productos petrolíferos a clientes directos de la petrolera lusa se recortaron un 28% frente al primer semestre de 2019, hasta los 2,9 millones de toneladas, reflejando la quiebra en la demanda provocada por las restricciones destinadas a combatir el Covid-19.