VALÈNCIA. Este lunes el magistrado instructor del caso Alquería, que investiga la presunta malversación de más de dos millones de euros a través de contratos de alta dirección, ha citado a declarar a José Manuel Orengo, exjefe de gabinete del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, a petición del propio Rodríguez.
A la salida de los juzgados, Orengo no defraudó a los medios que se agolpaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Preguntado por los contratos bajo la lupa judicial y policial, el también ex asesor del presidente de la Generalitat Ximo Puig dijo: "El empastre vino después cuando comienzan a aparecer informes en contra y la gente sigue erre que erre", y explicó que todo lo judicializado se hizo cuando él ya había abandonado el ente provincial, y que todo lo que sabe lo sabe por la prensa.
Orengo también explicó que el famoso papel sobre el reparto de poder en Imelsa, simplemente era solamente para hablar de los gerentes y cómo se podía hacer la contratación, pues "nada tiene que ver el reparto de poder en la primera estructura de Imelsa con las posteriores contrataciones de alta dirección". Según dijo, dichos contratos se debían basar en el mérito, la capacidad y la confianza. Y también aseveró que esos contratos nada tenían que ver con los de alta dirección que le han costado la imputación a Rodríguez.
En cuanto al consejo de dirección paralelo que aparece en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), y que se supuestamente se instauró para dejar fuera a la oposición ejercida por el PPCV y Ciudadanos, José Manuel Orengo explicó que cuando él estaba en la Diputación de València "no existía", ya que "solo había un consejo".
Tras Orengo, la siguiente testigo que abandonó la sede judicial fue la también socialista Concha Andrés. La entonces diputada autonómica dijo que lo único que ella hizo, pues no estaba en la Diputación, fue estar en la negociación entre PSPV y Compromís para el reparto de poder en el ente provincial.