Hoy es 12 de octubre
MADRID. El juicio por los contratos de las pantallas de televisión durante la visita del Papa Benedicto XVI en 2006, dentro del conocido como caso Gürtel, se retomó este martes en la Audiencia Nacional, tres meses después de que la Sala se viera obligada a suspenderlo debido al coronavirus el pasado 12 de marzo. El juicio se reanudó con una gran ausencia, la del principal imputado, el expresidente de Les Corts Juan Cotino, fallecido a causa de este virus, y con una gran novedad, la noticia de que Anticorrupción se plantea retirar su acuerdo con el exdirector de RTVV Pedro García.
En la sala de vistas todo ha cambiado desde la última sesión celebrada. Este martes, los abogados, los magistrados, las acusaciones, los acusados y hasta los periodistas presentes estaban sentados a unos prudenciales dos metros de distancia y con la mascarilla puesta. Los letrados acudieron sin toga a la primera sesión de la 'nueva normalidad' que comenzó con hora y media de retraso.
Un retraso ocasionado porque varias de las defensas, en especial la de García, entraron a hablar con la fiscal Anticorrupción del caso. La extinción de la responsabilidad penal de Cotino cambia el objetivo por parte del Ministerio Público. Ahora, el principal acusado es Pedro García.
García había alcanzado un acuerdo de conformidad con las fiscales. Sin embargo, la declaración que hizo antes de la paralización del juicio no gustó nada a la acusación pública. Fuentes conocedoras de la negociación informaron a Valencia Plaza de que, el lunes, desde la Fiscalía Anticorrupción llamaron a la defensa de García, para quien solicita casi 40 años de prisión, para decirle que "de lo pactado, tal como está ahora la situación, nada". El motivo, que "no habían cumplido con su parte".
Así, la Fiscalía ha dejado en ‘jaque’ ese acuerdo a la espera del siguiente movimiento de la defensa de García. La tensión por las consecuencias de esa llamada al orden es evidente. De hecho, las fuentes consultadas por Valencia Plaza aseguran que Pedro García entregará una ampliación de la declaración por escrito. Pero, además, no se descarta que también utilice su turno de última palabra para explicar aquellas partes que, según la Fiscalía, el exdirector de RTVV no quiso asumir y aclarar cuando declaró la primera vez.
El juicio se retomó con la declaración de los imputados que se quedaron sin poder declarar en marzo. El primero fue el exjefe de la unidad de compras de Canal 9 Salvador Benjamín Íñiguez.
Íñiguez fue el primero en desligarse del asunto y apuntar a Pedro García, aunque no fue el único. Según explicó a la Fiscalía, "el director de la televisión tenía competencias para autorizar compras. Supongo que sí influía que pudiera firmar el director. Mi jefe llevaba el tema del presupuesto, no le puedo decir cuánto era". Añadió que "la mesa de contratación es un órgano de asistencia para ver unas ofertas y eleva las propuestas al director general, que es quien firma o no las resoluciones. De comprobar la capacidad de las empresas no se encargaba la mesa sino mi jefe. Desde el principio mi jefe Ricardo Calatayud me dijo que de ese tema se encargaba él. Yo solo tenía voz, pero no voto".
Tras él, fue el turno del exjefe de gabinete de García, Juan Prefaci. En su turno, Prefaci dijo que "el órgano de contratación era el director general (García), así que supongo que era él quien decidía qué tipo de procedimiento se utilizaba en cada procedimiento. Yo no tenía ninguna competencia sobre nada en este asunto. Yo no participé en nada. El director general me dice queremos prestar un servicio integral a los valencianos. Yo entendí que eran las mismas pantallas que se utilizaban para el fútbol, y no las que luego hubo".
Según su declaración, estaba en la mesa de contratación porque venía con el cargo, pero era García la persona que firmaba y decidía todo. Prefaci ha asegurado que su única participación "es organizar la llegada de su Santidad en lo referente al director general y estar en la mesa de contratación. Si no hubiera ido a la mesa de contratación se hubiera hecho igual y yo hoy no estaría aquí".
Según explica el escrito de acusación de Anticorrupción, el exdirector de RTVV Pedro García "pese a no ostentar cargo alguno" en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), impulsó activamente y gestión 'de facto'" la contratación sobre la instalación de pantallas gigantes y los servicios de video y megafonía para que los asistentes al acto siguieran el recorrido del Papa Benedicto XVI.
Una actuación que previsiblemente se llevó en común acuerdo con Juan Cotino -quien se enfrentaba a 11 años de prisión- y los principales cabecillas de la trama Gürtel para que la contratación de las empresas de Correa se hiciera a través de la televisión pública a fin de realizar el "pago con cargo a fondos públicos" mediante "facturas falaces de servicios inexistentes".
Así, obtenían un beneficio "personal" con cargo al erario mediante la entrega de gratificaciones a funcionarios y autoridades, enmascarando sus ganancias a través de un entramado de empresas y testaferros y aprovechando los "estrechos" contactos que Álvaro Pérez tenía con el entonces director de RTVV.
El Ministerio Público destaca también en su escrito que entre los distintos repartos de comisiones, el líder de la trama Gürtel recibió 1,49 millones de euros; Pablo Crespo, de 166.000 euros y Álvaro Pérez y García Gimeno se hicieron con medio millón de euros.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell