ALICANTE (EFE/ AP). El juicio por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante investigado en el marco del caso Brugal ha comenzado este martes a las 10:19 horas, en una sesión en la que está prevista el planteamiento de las cuestiones previas. El proceso se dirige contra los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, contra el promotor Enrique Ortiz, y otros seis acusados. El tribunal deberá dilucidar si los dos exdirigentes políticos ofrecieron un trato de favor al constructor a cambio de la entrega de prebendas. Entre ellas, según el sumario, diversas cantidades de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper, y viajes pagados a Ibiza, Andorra y Creta.
Minutos antes del inicio del juicio, el exprimer edil Díaz Alperi, ha expresado su satisfacción por el inicio del proceso, una década después de los hechos investigados. "Ya era hora", ha señalado. Díaz Alperi ha llegado a pie a la Audiencia Provincial de Alicante. Preguntado por los periodistas sin llegar a detener el paso para entrar en la sede judicial de un proceso que está previsto hasta noviembre, el exalcalde popular ha señalado que afronta el proceso "con mucha tranquilidad".
Sobre la anulación de las intervenciones telefónicas de la Policía Nacional en otra de las piezas separadas de Brugal, la de las basuras de la ciudad de Orihuela, y la posibilidad de que ocurra lo mismo en este juicio del PGOU (lo que debilitaría las acusaciones), Díaz Alperi ha comentado que "no sé" si el tribunal seguirá la misma doctrina.
Ya en el inicio de la vista, en primer término, la Fiscalía Anticorrupción ha expuesto el escrito por el que solicitaba al tribunal que dejase sin efecto la intención de la defensa de Ortiz de "no ratificar" el acuerdo de conformidad alcanzado con las acusaciones el pasado 9 de abril, ratificado con posterioridad el 22 de abril. Como informó este diario, la Fiscalía considera que la aceptación de ese escrito de confesión "es irrevocable".
El fiscal Anticorrupción Felipe Briones ha defedido que la aceptación de ese escrito por el que Ortiz se retractaba de su autoinculpación supondría "un fraude". El letrado que ejerce la acusación particular en representación del Ayuntamiento de Alicante, José María López Coig, y el abogado de la acusación popular que ejerce Esquerra Unida (EU), José Luis Romero, se han adherido a la posición de la Fiscalía.
El abogado defensor de Sonia Castedo, José María Asencio, se ha opuesto a la petición de la Fiscalía al considerar que la Fiscalía General del Estado prevé esa posibilidad, en sus instrucciones al respecto, sin que exista la necesidad de que se alegue ningún motivo concreto. "Lo único que no se admite es el supuesto de que se altere al devenir del proceso", ha dicho. A su juicio, la retractación de Ortiz "no supone un fraude", ya que no afectaría a la prueba en la que se sustentan las acusaciones.
El letrado defensor de Díaz Alperi, Vicente Grima, también se ha opuesto a la posición defendida por la Fiscalía al considerar que la conformidad todavía no puede considerarse prestada de manera oficial ante el tribunal.
El letrado Bernardo del Rosal, que representa a Javier Gutiérrez y a José Luis Castedo, también acusados, se ha sumado a esa misma postura. Y lo mismo ha sucedido por lo que respecta al abogado defensor de Virgilio Ortiz (hermano del constructor) y Santiago Bernáldez (vinculado a las empresas de Ortiz), Alejandro Bas. Como es lógico, esa misma posición ha mantenido el defensor de Ortiz, el abogado Francisco Ruiz Marco. En concreto, ha sostenido que la retirada del escrito de confesión "no es contraria a derecho", como había sostenido la Fiscalía.
El tribunal, conformado por las magistradas Monserrat Navarro, Cristina Costa y Margarita Esquivá, ha acordado suspender temporalmente la vista para adoptar una decisión.