La Justicia se niega a informar a una asociación valenciana sobre los clientes afectados por el cartel de los coches

VALÈNCIA (VP). El Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid se ha negado a obligar a las automovilísticas implicadas en el cartel de los coches a informar a sus clientes de que, efectivamente, fueron víctimas de un fraude y que tienen derecho a reclamar una indemnización. La petición fue realizada por la Asociación de Afectados por los Fabricantes de Automóviles, una agrupación de afectados creada a raíz del conocimiento público del fraude en los precios de los vehículos que afectaría a más de 10 millones de personas en todo el país. 

La Asociación de Afectados por los Fabricantes de Automóviles había solicitado al Juzgado que obligara a las diferentes marcas implicadas a facilitar los datos de los clientes afectados por este caso de fraude en los precios de los vehículos. De este modo, se pretendía facilitar la reclamación de todos aquellos clientes afectados que no fueran conocedores de su situación y de su derecho a reclamar una indemnización para su incorporación a la demanda colectiva que CACC tiene interesada en el Juzgado Mercantil 14 de Madrid. 

De todos modos, ante la posible negativa de las marcas a ofrecer estos datos, la Asociación de Consumidores Afectados por los Fabricantes de Automóviles también pidió al Juzgado que fuera la Dirección General de Tráfico (DGT) la que se encomendara la tarea de informar a todos aquellos afectados sobre su situación  y sobre la posibilidad de reclamar indemnizaciones "facilitándoles los mecanismos válidos para la defensa de sus derechos, así como los nombres y datos de las plataformas de reclamación existentes particularmente la de esta Asociación reclamante", según incluye en la demanda. 

El presidente de la Asociación de Afectados por los Fabricantes de Automóviles, Ignacio Romera, ha lamentado la actitud de la Justicia en España, posicionándose siempre al lado de la fuerte industria automovilística y frente a los ciudadanos de a pie. "Una vez más, se trata de la lucha entre David y Goliat, como ya ocurrió con el dieselgate, las administraciones y la Justicia se pone de parte de las grandes marcas automovilísticas y frente a los ciudadanos que fueron engañados y que tuvieron que pagar un sobreprecio por las malas prácticas de las marcas que ya han sido denunciadas desde la misma CNMC", denunció Romera. 

Aunque la Asociación tiene previsto apelar esta decisión, de momento, la única alternativa que tienen los afectados que compraron un vehículo entre 2006 y 2013, es la de averiguar si están afectados por el caso y unirse a la demanda colectiva interesada por CACC, la primera y única hasta la fecha para reclamar el sobre precio que tuvieron que pagar a consecuencia de las malas prácticas de las marcas.