Justicia señala a su exdirectora general y a una empresa por el fallo del desfibrilador

VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia reunió este martes a los medios de comunicación para dar explicaciones sobre lo sucedido con el desfibrilador que no funcionó el pasado jueves en la Ciudad de la Justicia de València en la asistencia a un hombre infartado que acabó falleciendo. En dicho encuentro no se permitió a los medios poner con nombre y apellidos a las personas que dieron las explicaciones ni grabar las intervenciones. El resument de su explicación es que las actuales dirigentes de la Conselleria no tienen ninguna reponsabilidad, que recaería en la hasta el pasado mes de junio directora general de Justicia Verónica López Ramón y a la empresa de mantenimiento del fallo en el desfibrilador.

En el encuentro informativo sin micrófonos ni fotos, las responsables de Justicia confirmaron todo lo publicado en exclusiva por Valencia Plaza desde el sábado, es decir, que un usuario advirtió en mayo de 2018 al exgerente de la Ciudad de la Justicia Miguel Furió que el desfibrilador no funcionaba y que parte del material médico del mismo estaba caducado. También admitieron, como publicó este periódico, que Furió informó vía email a la Dirección General de todo ello. Eso sí, negaron que la información sobre el desfibrilador averiado le llegara a la consellera Gabriela Bravo.

Así, las fuentes aseguraron que la ex directora general Verónica López fue informada y no hizo nada. De hecho, aseguraron que de seguir en el cargo "habría sido cesada de forma inmediata". Valencia Plaza habló minutos después con López, que fue diputada en les Corts y concejal del PSPV en Altea, quien declinó hacer declaración por el momento.

La otra bala disparada desde Justicia fue contra la empresa a la que se le compraron los desfibriladores, Imex Salud, encargada según la Conselleria del mantenimiento. Un mantenimiento que fue nefasto, ya que pusieron al desfibrilador unas pilas que el manual de mantenimiento del propio desfibrilador no solo no recomienda, sino que específicamente dice que no se pueden utilizar. La última revisión se produjo a finales de 2016.

Este periódico se puso en contacto con la empresa, uno de cuyos propietarios afirmó que "hace años que se vendió la parte que se dedica a los desfibriladores", pero que se pondrán en contacto con la Conselleria de Justicia "para averiguar si el mantenimiento seguía dependiendo de ellos o, por el contrario, era la propia Conselleria la que debía cuidar del buen estado del aparato".

Reunión con los colectivos del complejo

Antes de las declaraciones ante los medios, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se reunió con los sindicatos, el juez decano, la Fiscalía y los operadores jurídicos. Según fuentes sindicales presentes en dicha reunión, cuando preguntaron a la consellera a por los posibles responsables, esta dijo que no se podía derivar todavía ninguna responsabilidad sobre nadie. Expuso que hay una investigación abierta, y que hasta que no haya resultados no se podrán dirimir responsabilidades.

Sin embargo, al término de dicha reunión, las responsables de la Conselleria tuvieron el reseñado breafing con la prensa. Ante la prensa, las responsables de Justicia que pidieron no ser identificadas manifestaron: "Queremos depurar las responsabilidades. Vamos a actuar y analizar hasta el último detalle de lo que ha pasado. Hay responsabilidades políticas. Lo primero que se abre es una información reservada para concretar los hechos y se va a valorar. A mí nadie me comunica nada, me parece muy preocupante que el desfibrilador no tenga contrato de mantenimiento". Añadieron que la Conselleria ha colocado esta semana Hemos cuatro desfibriladores en Valencia, tres Alicante y uno Castellón, Benidorm y Elche".

Sin contrato

El último contrato de mantenimiento del aparato se firmó el año de la última revisión, es decir, en 2016, momento en el que se fijó la próxima revisión en noviembre de 2019. En mayo de 2018 se alertó a la Dirección General de Justicia de que se debía actualizar el mismo pero no se hizo al aprobarse un plan de mantenimiento de sedes judiciales por siete millones de euros.

Este novedoso plan dejó fuera el asunto de los desfibriladores, pero este extremo no se conocía, según apuntan fuentes de la Conselleria de Justicia, hasta que tuvo lugar la pasada semana el incidente con el hombre infartado en la Ciudad de la Justicia. Todo ello quiere decir que, de no haberse producido el incidente, el desfibrilador hubiera seguido roto y sin mantenimiento sine die. En la reunión con los periodistas se dijo que de los hasta ahora tres desfibriladores en sedes judiciales, dos de ellos, los de València y Castellón, no funcionaban.

Con respecto a la parte judicial, el juzgado encargado del caso, el de Instrucción número 3 de València, ha pedido un informe detallado de autopsia así como otro, más específico, sobre si el desfibrilador habría podido salvar la vida al fallecido de haber funcionado. De este informe depende que se abra un procedimiento penal de homicidio por imprudencia.

En otro orden de cosas, la consellera aseguró que "estará encantada de comparecer en Les Corts" para explicar lo sucedido con el desfibrilador, pero según ha podido saber este periódico, el PSPV quiere retrasar dicha comparecencia demandada por el PPCV este martes.