Juzgan al exgerente de Epsar por un delito de prevaricación por contratar a dedo a 5 personas

VALÈNCIA. El exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, José Juan Morenilla, se ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito de un delito de prevaricación. Morenilla es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados, pero no será la última, ya que está como investigado dentro de la trama Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo.

Según la calificación de la fiscal del caso, el exgerente creó desde el año 2005 cinco puestos de trabajo pese a que “la creación de puestos de trabajo nuevos requería la autorización de la Dirección General de Presupuestos y Gastos”. Entre los años 2009 y 2013 “se le requirió para que retrotrajera las actuaciones no autorizadas, y que remitiera un informe justificativo del abono de las retribuciones no autorizadas a los ocupantes de los puestos”.

Explica el Ministerio Público en su escrito de acusación que Morenilla “consintió omitiendo y obviando de forma grosera, y patente, los requisitos legales para proceder a la creación y abono de puestos de trabajo, infringiendo gravemente la Ley de Presupuestos de la Generalitat”, y le recuerda la fiscal que “los interventores le requerían cada año auditado, la autorización del Consell para la creación de los citados puestos”. Eso sí, la fiscal reconoce que el trabajo sí que se realizó.

Por su parte, el acusado ha explicado al tribunal que la depuración de las aguas residuales es un tema esencial para la salud de las personas, “que había mucho trabajo pues se trabajaba hasta los fines de semana y él entraba a las seis de la madrugada. Que eran los jefes de departamento quienes le transmitían las necesidades en materia de trabajadores. Que él como gerente no podía ni contratar ni despedir, que eso era función del Consejo de Administración, que presidía el conceller”. Morenilla afirmó con toda rotundidad que “no es cierto que él interviniera en la contratación de estás cinco personas”.

Explicó que tras recibir de los jefes de departamento las necesidades que había, fue el Consejo de Administración de Epsar quien tomó la decisión de contratar más personal. En cuanto a las reclamaciones de la intervención, asegura que hasta el año 2010, los contratos son del 2007, no tuvo conocimiento de que habían llegado cartas reclamando que se retrotrajeran los contratos.

Según su versión “habló con el entonces conseller Juan Cotino y se decidió no despedir a nadie porque los despidos podrían haber supuesto la paralización de las depuradoras”. Esta decisión fue notificada a la Dirección General de Presupuestos, pero “nunca contestaron”.

Cuando fue preguntado al respecto del año en que se enteró de que habían llegado varias misivas, Morenilla explicó que Luis Navarro, la persona que las recibía, le dijo que “no era necesaria la aprobación de Hacienda para contratar”. El problema para todos los presentes es que no se puede contrastar la versión del exgerente con la de Navarro, ya que éste falleció hace unos años. Tampoco se ha podido citar conseller anterior a Cotino, que era García Antón, por el mismo motivo.

 El que sí que ha podido declarar es Juan Luis Martínez, sucesor de Morenilla en el cargo de gerente. Martínez ha dicho que “cuando accedió al cargo y vio la situación, lo que hizo fue recolocar a los cinco trabajadores en puestos sí estaban autorizados. Unos puestos en los que, a día de hoy, continúan los cinco”. La sesión del juicio fue suspendida hasta el próximo 20 de marzo debido a que no encontraban a uno de los testigos.