La exjefa de la Inspección aterriza en Transparencia tras la crisis en Justicia

VALÈNCIA. La Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo ya tiene nueva subdirectora general del gabinete técnico y, con ello, pone punto y final a la crisis desatada hace unos meses en la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que lidera Gabriela Bravo. Un lío que, cabe recordar, se cobró varias dimisiones en el departamento gobernado por los socialistas; entre ellos, del entonces subsecretario Gabriel Olmos. 

La historia se remonta prácticamente al verano pasado. La nueva subdirectora general del gabinete técnico de Transparencia era por aquel entonces subdirectora de la Inspección General de Servicios (IGS) y no participó en la convocatoria de su plaza a la que estaba adscrita de forma provisional y que debía cubrirse mediante libre designación. ¿El motivo? Se encontraba de vacaciones en el momento en que la convocatoria fue publicada en el DOGV, de manera que no reparó en ella y tampoco recibió ninguna alerta de nadie del departamento. 

El escenario motivó una importante revuelta en el área de Justicia por la alternativa que se le brindó a la funcionaria: cogerse una excedencia voluntaria por interés particular. Esto es porque así lo contempla la ley de Función Pública, que establece que el personal adscrito a un puesto de trabajo tiene obligación de "participar en la convocatoria solicitando, al menos, el puesto que ocupa provisionalmente" y "si no concurriera, quedará en excedencia voluntaria por interés particular". 

La figura de la excedencia voluntaria por interés particular implica que el empleado público no pueda ejercer las funciones que desempeña en la Administración ni tampoco percibir un salario en un periodo medio de dos años. Y, además, tampoco pueda cobrar el paro. 

Con todo, el hecho de que la Dirección General de Función Pública declarara esta situación para la exjefa de la Inspección se saldó con la dimisión de Olmos y de la directora general de Modernización, Yolanda Parrado, responsable entonces del IGS y que, por tanto, mantenía una estrecha relación con la empleada pública. No en vano, dejaba en tierra de nadie a la alta funcionaria. 

Parrado porque, según fuentes del Consell, trató de dar salida a esta trabajadora para que no estuviera dos ejercicios sin empleo y sueldo. Propuestas que en su día fueron rechazadas por Bravo, según las mismas fuentes, al considerar que no tenían encaje legal. Y el primero, Olmos, porque solicitó un informe a Abogacía de la Generalitat para estudiar la viabilidad que podrían tener otras alternativas laborales propuestas para la empleada. Un gesto que tampoco agradó a la consellera del ramo.

Con todo, en noviembre del año pasado la alta funcionaria tuvo que abandonar su puesto. Sin embargo, ahora, casi seis meses después, aterriza en la Conselleria gobernada por Pérez Garijo para ocupar un puesto que debía proveerse también por sistema de libre designación, el de subdirección general del gabinete técnico para el que era obligatorio tener una dilatada trayectoria en la administración. 

"Quien ocupe este lugar debe tener una experiencia dilatada en la Administración y una trayectoria profesional técnica, así como una visión horizontal de los temas competencia de la conselleria que por la complejidad y diversidad de los asuntos que se tratan en un gabinete técnico, no pueden ejercerse por cualquier empleado público sin esta trayectoria", expone la resolución. "De este modo se concluye que la candidata seleccionada para desarrollar el puesto de trabajo convocado dispone de una larga carrera profesional en áreas de trabajo que han comportado asesoramiento técnico, funciones de dirección, gestión de documentación y estadísticas, calificación fundamental para el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo a proveer", concluye.