FOTO: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El fiscal del caso Cooperación, que juzga al exconseller Rafael Blasco y a otros 23 procesados por desviar dinero destinado al tercer mundo, anunció que el Ministerio Público, la Abogacía de la Generalitat y la acusación popular han llegado a un acuerdo de conformidad con cinco de los acusados: Luís Freire, Carlos Andrés chus, Miguel Ángel Climent Estruch, Alberto Pampín, Rosa María Castelo Otero, y están a punto de cerrar otra con José Boyaín. También afirmó que con otros cinco procesados ha pactado con Fiscalía y con la Generalitat, pero no con la coordinadora de ONGD. En este tramo están: Josep María Felip, Agustina San juan, Alfonso Navarro, María Isabel Castillo y Fernando Darder Flores.
Por último, explicó que existe un último tramo de conformidades a las que solo habría llegado Anticorrupción con varios acusados, ya que el resto de las acusaciones no estarían de acuerdo con los términos alcanzados. Es en este último grupo donde se encuentran los principales acusados: Rafael Blasco, Augusto César Tauroni, Juan Antonio Llinares y Arturo Tauroni y Alina Indikina Lisenko. La Abogacía dijo que ellos también han llegado a un acuerdo con uno de los procesados, Fernando Cañete, al que el fiscal no acusa, lo que haría un total de 17 conformidades o medias conformidades sobre un total de 24 acusados.
En la jornada de este lunes era el turno de las defensas para plantear las cuestiones previas. El primero en hablar fue Javier Boix, letrado de Blasco, comenzó sus cuestiones previas aportando la escritura de compra y venta de un bajo en València para abonar las posibles responsabilidades económicas de su cliente ante el acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal. Según explicó, su valor “comercial es de 600.000 y una tasación dice que está muy por encima de 400.000 euros”, aunque tiene una hipoteca de 13.400 euros “que habría que restar de la tasación del inmueble”.
En cuanto a las posibles responsabilidades civiles (RC), dijo que “con las consignaciones, dación en pago y embargos, además de las consignaciones del Tribunal de Cuentas sería suficiente para el acuerdo al que hemos llegado y firmado”. Y afirmó que, el Tribunal de Cuentas (TC) “refiere que es el competente para establecer la responsabilidad contable en la propia sentencia que ni el fiscal ni la Generalitat recurrieron en casación” y eso haría que “no se pueda pedir RC porque lo consignado y embargado es un todo, porque todo emana de un mismo sitio”.
En cuanto a la conformidad alcanzada para Blasco que dejaría los años de prisión en tres y medio, Boix afirmó que “se deja constancia que se hará escrito de conformidad de acuerdo con determinadas clausulas. Se dirá que Blasco ni solicitó ni recibió dádiva de los acusados”. Se hace necesario alguna cuestión previa. No puede pedirse RC porque lo consignado y embargado es un todo, porque todo emana de un mismo sitio.
El fiscal por su parte alegó que ya se había planteado con anterioridad, pero aseveró que este procedimiento es la “madre del procedimiento” y no una “hijuela que dice Boix” porque “aquí se juzgan ocho de diez partes del procedimiento”. En cuanto al TC dijo que son jueces diferentes con una jurisdicción especial que nada tiene que ver con lo que se juzga en la parte penal y, por tanto, sí se puede obligar al pago de RC.
La Abogacía de la Generalitat elevó a 7,8 millones de euros el dinero exigido a la trama corrupta ya que, según explicó, no se ha devuelto prácticamente ni un euro al erario y esta cantidad incluye la valoración de lo defraudado y las RC. De ese dinero, la letrada le solicita el 75 por ciento a los principales procesados Blasco, Tauroni y Llinares, lo que supondría que deberían pagar solidariamente 5.800.000 euros. Y añadió que, pese a todo, “aun creo que nos hemos quedado cortos” en cifrar lo desfalcado.
El letrado de la coordinadora, muy enfadado, también dijo que se ha defraudado más de lo que se ha podido acreditar, y añadió que “lo que no es serio ni ético es robar dinero de la cooperación para destinarlo al lucro personal”, en referencia a que las defensas trataron de invertir la responsabilidad sobre las diferencias de cuantificación de las RC.
El Tribunal por su parte, tras un receso, expuso que no puede conocer ni alegar sobre hechos que no se han planteado, ni sobre culpables ni inocentes y no se va a pronunciar hasta la sentencia. Más explícitamente aseveraron que “sobre la resolución de competencia el Tribunal lo deja para la sentencia porque hay que dictaminar sobre la culpabilidad, sobre si la responsabilidad es civil o estrictamente contable y luego, y por último, se planteará el Tribunal si es competente o no”.
Tras resolver la primera cuestión previa, Boix habló sobre los delitos de malversación y prevaricación de los que está acusado Blasco. Según Boix, ambos delitos fueron tachados de continuados en la primera sentencia, por lo que solicitó que en el caso de esos delitos se declarasen como “causa juzgada”, lo que implicaría que “quedaría resuelto porque ya fue juzgado por delitos continuados y la variación se referiría a la responsabilidad contable y habría que remitir esa responsabilidad al Tribunal de Cuentas”.
El letrado Mariano Lorente, abogado de Castell, administrador de una de las evaluadoras, pidió que se dieran como causa juzgada las acusaciones contra su cliente porque ya fue absuelto en la primera pieza, debido a que la evaluadora no era vinculante para otorgar las subvenciones bajo sospecha, “era un tonto útil que carecía de facultades y competencias”, pero añadió además que había una UTE junto con Broseta Consulting y “solo se acusa a su cliente. No tiene ningún sentido. Mi cliente se vuelve a sentar hoy aquí por lo mismo que fue absuelto en el TSJCV”. Todas las acusaciones se mostraron en contra de que se aceptara la causa juzgada.
En cuanto al juicio en sí, lo más destacable fue la lentitud con la que se realizó. A las dos de la tarde tan solo Javier Boix había planteado sus cuestiones previas, con las adhesiones de algunos letrados como Mariano Lorente. El magistrado presidente se marcó un Enric Morera, según la prensa presente, y no apercibió a nadie pese a que, por ejemplo, el abogado de la coordinadora hizo un alegato en defensa de perjudicados que no están personados.
