La Justicia alemana pide a España que concrete la acusación de malversación contra Puigdemont

VALÈNCIA. (EFE). La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha pedido a la justicia española que envíe información adicional sobre la acusación de malversación de fondos públicos contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, al considerar que en la euroorden falta concreción.

"No contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjo el delito con la necesaria concreción de la acusación que permita asociarlo de manera suficiente a los hechos que se le imputan", subraya la Audiencia en el auto emitido el pasado viernes y difundido hoy.

En el auto, la Audiencia Territorial descarta que en el pedido de la justicia española para la extradición de Puigdemont exista una "motivación política".

"No hay indicios de que, entre los actos criminales que las autoridades españolas imputan al acusado, haya cargos que se le atribuyan con intención de detenerle por motivos políticos", subraya el auto, por lo que se rechazan tales argumentaciones de la defensa del ex president.

Tras ser puesto en libertad bajo fianza el pasado viernes, Puigdemont ha fijado su residencia temporal en Berlín donde deberá comparecer regularmente ante la policía alemana mientras se resuelve su caso bien con una decisión del tribunal alemán o bien con un eventual nuevo paso de la justicia española.

En todo caso, se espera que, en caso que la Audiencia Territorial de Schleswig Holstein aprobase la extradición, los abogados de Puigdemont recurran ante el Tribunal Constitucional (TC) alemán.

En una multitudinaria rueda de prensa celebrada el sábado, Puigdemont aseguró que seguía "estando en el exilio" y que, si al final de proceso de extradición que se sigue en la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein se le permite viajar libremente, su idea es regresar a Bruselas, donde ha fijado su residencia.

"Mi intención, obligación y voluntad es quedarme en Alemania" mientras su estudia la extradición por el delito de malversación de fondos públicos, el único aceptado por la Audiencia tras descartar el de rebelión.

Según señaló, ha comunicado a las autoridades del país que está a su "disposición permanente" mientras continúa el proceso.