VALÈNCIA. En el Ayuntamiento de València iban sobre seguro cuando pusieron en marcha la llamada tasa de las grandes empresas. El nuevo tributo era como compensación por las conducciones de gas, electricidad, telefonía y agua que atraviesan el subsuelo de la ciudad, de propiedad municipal. Para articularlo desde la Concejalía de Hacienda que dirige Ramón Vilar se tuvo en cuenta cinco sentencias del Supremo. No una ni dos; cinco.
El Alto Tribunal había avalado en estos fallos, que sientan doctrina, que los municipios podían cobrar a las empresas eléctricas y de gas por el uso del suelo público para transportar sus productos, y que esta tasa estaba por encima del valor catastral del suelo. Las sentencias, contrarias a Unión Fenosa, Gas Galicia y Red Eléctrica, daban el paraguas legal necesario para que el consistorio del cap i casal pudiera incluir este nuevo impuesto como ingreso en los presupuestos de 2018.
Sin embargo una de las grandes empresas de Telefonía, Vodafone, decidió intentar no pagarlo y recurrió la tasa ante los tribunales. La decisión supuso que los 100.000 euros consignados por este servicio no fueran ingresados. Pero la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dictado sentencia, firme, y lo ha hecho favorable a los intereses municipales.
En ella ha desestimado el recurso interpuesto por la mercantil Vodafone España, S.A.U, contra la que oficialmente se denomina como Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. La tasa había sido aprobada por el Ayuntamiento de València y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 27 de diciembre de 2016. Vodafone no sólo perdió el juicio sino que además el fallo lleva “expresa imposición de costas a la parte recurrente”, según la documentación del expediente.
La victoria del Ayuntamiento de València no es definitiva, ya que la empresa puede recurrir todavía al Supremo, una posibilidad que contemplan en el consistorio donde no quieren lanzar las campanas al vuelo. Con todo, habida cuenta la experiencia de casos similares como los antes citados, en el Ayuntamiento confían en que el Alto Tribunal, como en las otras ocasiones, vuelva a dictar sentencia a favor de los intereses municipales.
En cualquier caso, y ya de entrada, el concejal Ramón Vilar valoraba este jueves “muy positivamente” el fallo judicial del TSJ, esta primera victoria en los tribunales. Un fallo que se analizará este viernes en la Junta de Gobierno el Ayuntamiento de València. Porque, además del futuro ingreso, el fallo tendrá sus consecuencias positivas en el presupuesto municipal.
El consistorio, siguiendo el principio de cautela presupuestaria sólo había consignado en el presupuesto de 2018 unos ingresos por esta tasa de 100.000 euros. Al estar en marcha el recurso no había recaudado nada. Para 2019, a la espera del fallo judicial, sólo se habían consignado de nuevo 100.000 euros. Estas cantidades se ingresarán por fin salvo que la empresa recurra al Supremo. 200.000 euros más en el haber municipal.
Y aunque hubiera recurso no sería inconveniente. Son cantidades que no se pierden ya que se pueden cobrar de forma retroactiva desde el mismo momento en el que se puso en marcha la tasa. Por lo tanto, Vodafone lo único que estaría consiguiendo con estos procesos judiciales es gastar dinero en abogados para tener que abonar finalmente las mismas cantidades y con intereses de demora.
Asimismo Vilar puntualizó que, según los cálculos municipales, el monto total de la tasa será bastante superior a los 100.000 euros consignados; rondarán los 300.000 euros. “Presupuestamos a la baja para no generar un agujero en las cuentas”, explica. Esa prudencia se traducirá en que, si todo se desarrolla con normalidad, el Ayuntamiento sumará más de medio millón euros en ingresos.
El concejal de Hacienda celebró la sentencia no sólo por una cuestión práctica, los ingresos que recibirá el Ayuntamiento, sino también porque consideró “muy importante” que las grandes compañías de telecomunicación, “algunas de ellas potentísimas multinacionales”, como cualquier otra empresa o particular “paguen las tasas y tributos que les corresponden”. Vilar quiso además felicitar al servicio jurídico del Ayuntamiento de València por el resultado satisfactorio de la sentencia “más allá de la cuantía”.
El pasado mes de mayo Vodafone España presentó sus resultados financieros correspondientes a su último año fiscal, del 1 abril de 2017 al 31 de marzo de 2018. Según la empresa en este periodo los ingresos que obtuvo por servicios fueron de 4.587 millones de euros. A València no quiere pagarle 100.000 euros en tasas. Por eso Vilar considera que esta batalla es sobre todo una cuestión simbólica. No se trata de dinero; se trata de que todos sean iguales ante la ley.