La justicia planta cara a la pandemia: disminuye la pendencia y se agilizan tiempos de respuesta

VALÈNCIA. (EP) La justicia ha plantado cara a la pandemia por Covid-19 en la Comunitat Valenciana, se ha sumado a las videoconferencias y a los medios telemáticos, y ha conseguido disminuir la pendencia de asuntos en algunas jurisdicciones así como agilizar los tiempos de respuesta.

Así lo ha puesto de manifiesto este viernes la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, en el Acto de Apertura del Año Judicial 2021-2022, al que han acudido, entre otras autoridades, el presidente de Les Corts, Enric Morera, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; y la fiscal superior del tribunal valenciano, Teresa Gisbert.

De la Oliva ha centrado su intervención en el impacto de la Covid en la justicia valenciana y ha asegurado que el personal y los medios han sido los adecuados para hacer frente a la nueva situación. Así, por ejemplo, ha comentado que se han evitado los traslados de los detenidos a los juzgados de guardia, así como el de los presos a los órganos judiciales.

En total se han practicado más de 20.000 actuaciones telemáticas y la Conselleria de Justicia, ha recordado la presidenta, dotó de unos 600 ordenadores portátiles a jueces, magistrados y letrados.

Y, además, el sistema Webex se incorporó a las deliberaciones de los órganos colegiados. Ello ha dado como resultado una disminución de la pendencia, así como una bajada en los tiempos de respuesta en esos órganos, en aquéllos procedimientos que no exigen la celebración de vista.

Por ejemplo, la Sala de lo Social, con una pendencia de más de 3.000 asuntos en 2019, finalizó 2020 con unos 1.500 asuntos pendientes, lo que supone una disminución del 50%. Otra Sala, la Contencioso-Administrativo, con una pendencia de más de 9.000 asuntos en 2019, finalizó el pasado ejercicio con algo más de 7.000 asuntos.

Además, en este contexto, De la Oliva ha querido destacar el papel de los Registros Civiles, "pieza fundamental" en este periodo de crisis sanitaria. "A fin de garantizar los servicios mínimos esenciales, en algunos Juzgados de Paz, cerrados por falta de personal, las competencias en la materia tuvieron que ser asumidas, con carácter urgente, por el Encargado del Registro Civil cabeza del partido judicial correspondiente", ha dicho.

También ha subrayado el refuerzo efectuado en la jurisdicción Social: En Valencia se adscribió durante seis meses a 10 jueces de la 70 promoción a los que se les asignaron unos 2.000 asuntos en materia de despido y alrededor de 2.400 del resto de materias. Y las medidas adoptadas para agilizar procedimientos en materia Mercantil y en los Juzgados de Capacidad.

De la Oliva, por último, ha resaltado la entrada a funcionamiento, a finales de año, de la sección cuarta de la Audiencia de Castellón, dedicada al orden Civil, y la sección undécima de Alicante con sede en Elx, para el orden Penal, aunque ha recordado que todavía hay muchos partidos judiciales que necesitan especial atención como Primera Instancia de Torrevieja, Novelda, Requena o Llíria.

Por su parte, Teresa Gisbert, tras destacar la situación "difícil" generada por la pandemia y recordar a las víctimas, ha subrayado que con la pandemia han aprendido "muchas cosas" en el teletrabajo y la utilidad de las videoconferencias para celebrar juicios y reuniones. "Deberíamos seguir utilizándolas y aprendiendo", ha apostillado.

Teresa Gisbert, en su intervención, ha ofrecido algunos datos estadísticos del funcionamiento de la Fiscalía del TSJCV en 2020 y ha apuntado que la Sala de lo Civil y Penal incoó el pasado ejercicio un total de 330 procedimientos penales frente a los 299 del año anterior, lo que supone un aumento del 10.37%, de los cuales, 67 fueron contra aforados frente a los 81 del año pasado. De ellos, 54 eran contra jueces y fiscales y 13 contra otros aforados.

Además, se han registrados dos denuncias, cuatro querellas y una exposición razonada contra el Gobierno valenciano, contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, fundamentalmente relacionadas con la gestión de la pandemia que, de conformidad con el criterio e informe de la Fiscalía Superior, fueron desestimadas y archivadas por el TSJCV.

La fiscal superior ha querido subrayar dos áreas importantes: la relativa a violencia de género y a los delitos de odio. Respecto de la primera, ha lamentado que el estado de alarma haya incidido negativamente en las víctimas, "sometidas a mayor presión y control por su pareja por el confinamiento".

En cuanto a los delitos de odio, ha aseverado que "todas las crisis se ceban sobre los más vulnerables y las víctimas de los delitos de odio están entre ellos". "En este caso el papel del ministerio fiscal es importante en la defensa de las personas más vulnerables", ha apostillado.

Por otro lado, en materia de siniestralidad laboral únicamente hubo un fallecido en 2020 en Alicante; y en medio ambiente y urbanismo hubo en su momento problemas por el tratamiento de residuos sanitarios relacionados con la Covid aunque con la colaboración del Seprona no se llegó a iniciar ningún procedimiento.

Por último, desde el ministerio fiscal se ha hecho especial hincapié en materia civil para proteger a las personas más vulnerables y ha subrayado la reducción de los asuntos en materia contencioso-administrativo.