Carmen Montón durante un acto en defensa del derecho valenciano (Foto: KIKE TABERNER)La Fiscalía abre diligencias por posibles contratos irregulares en la Conselleria de Sanidad, mientras el departamento niega uno a uno los casos que se han incluido en la denuncia de CSIF
VALENCIA. Los sonados escándalos por contrataciones dudosas relacionadas con la Conselleria de Sanidad, departamento que capitanea Carmen Montón, han terminado por naufragar en territorio de Justicia. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal al departamento de la Generalitat, tras una denuncia presentada por CSIF el pasado 17 de junio, que hacía referencia a cinco casos concretos y exponía que las actuaciones de selección de personal se realizaban “obviando la normativa vigente”.
El trámite no implica que esto sea cierto, pero sí que existen indicios dignos de ser examinados con mayor detenimiento. Precisamente, el sindicato recibía ayer un escrito firmado por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, en el que se señalaba la incoación de diligencias de investigación penal y la designación de un fiscal instructor ante hechos “que pudieran ser constitutivos de delito”. Si finalmente se confirma esta premisa, entonces sí que pasarían a un juzgado, desde donde el juez se responsabilizaría de la instrucción.
La Conselleria de Sanidad se ha apresurado a dar respuesta a todos los nombramientos denunciados por CSIF, pese a que el sindicato asegura que hace un mes se dirigió directamente a la Administración y le exigió “una investigación minuciosa”. Entonces no les hicieron caso. También planteó a la Conselleria de Transparencia que se implicara, “como máximo organismo encargado de velar por la pulcritud de la gestión de la Administración”, pero en ambos procedimientos "nos dieron la callada por respuesta”, aseguran.
Ahora la Generalitat ha negado los hechos, entrando al detalle en tres de los casos mencionados. Asegura que uno de los contratos que se investigan es provisional, otro anterior a la toma de posesión del nuevo Gobierno y el tercero "no implica irregularidades".
La primera situación a la que ha referencia la denuncia es la contratación del subdirector económico del Hospital de Llíria. Se trata de un licenciado en Filosofía, “que carece de trayectoria en el sector público y que no acude a su puesto de manera habitual, ya que a diario está en la Conselleria”, explican fuentes sindicales. Por todo ello, consideran que se trata de “un asesor encubierto” y se está negando la plaza a personas indicadas.
La explicación de la Administración valenciana es que se encuentra desde enero de este año trabajando bajo la figura de “adscripción funcional, ratificada por la Intervención General, por lo cual no existe ninguna irregularidad”. Este modelo de adscrito se ha tramitado para que trabaje en la Conselleria como coordinador en la elaboración del Plan de Recursos Humanos, “pero una vez acabe esta función volverá a su puesto”.
LA Generalitat alude a cuestiones de provisionalidad y plazos para negar LAS irregularidades
En segundo lugar, se señala que el hijo de la subdirectora de Recursos Humanos de Conselleria está cubriendo una vacante con la única experiencia previa de un contrato de apenas mes y medio. La Generalitat indica que su contratación se produjo el 25 de marzo de 2015, mientras que la designación de su madre tuvo lugar después, el 27 de julio, “por lo que no existiría irregularidad”. Sin embargo, CSIF recuerda que ya con el anterior Gobierno autonómico tenía una posición de responsabilidad "desde la que podría haberle favorecido también".
Por último, se menciona a la técnico superior de Higiene del Trabajo en La Fe. “Una persona que no estaba en la bolsa de esa especialidad y a la que se aplicó una mejora de empleo mientras cubría una baja, un hecho totalmente inusual”, afirma el sindicato. La explicación de Sanidad es que se encuentra sustituyendo provisionalmente a su compañero hasta que reciba el alta, "a petición del coordinador de prevención de riesgos laborales del hospital y de la directora de Enfermería”, por ser la trabajadora que estaba inmediatamente a su cargo.
Jacobo Martínez, gerente de Fisabio, junto a Carmen MontónEn la denuncia a la Fiscalía, CSIF también alude al nombramiento directo de personal del departamento de salud Hospital Arnau-Llíria, “que permanece en sus puestos durante meses sin ni siquiera estar inscritos en la bolsa de trabajo”. Esto es, tirando del llamado "bolsín". También hace referencia a la selección de personal para tareas de actualización del entorno tecnológico. En este sentido, se recuerda que las juntas de personal “no han sido informadas" y Conselleria tampoco ha recurrido a la bolsa de trabajo de instituciones sanitarias "en la que existe la categoría de informático para cubrir esas plazas”.
Los casos mencionados no son, ni mucho menos, los únicos que se le reprochan a Carmen Montón por posibles designaciones irregulares en el ámbito autonómico. La polémica tras la contratación de la hija de la secretaria autonómica de Sanidad, Dolores Salas, en la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) todavía sigue dando coletazos. Cabe recordar que la plaza fue publicada de manera discreta en la página web de la Fundación y con el establecimiento de unos requisitos que resultaban claramente favorables a su perfil profesional. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, llegó a calificar el acto de “poco estético”.
La cuestión ha ido a más. El PP solicitó en Les Corts información sobre todas las contrataciones realizadas en la entidad durante el último año, y se le remitieron 150 documentos, entre los que no se incluían los de la hija de Salas. En este punto, Montón se ha propuesto la destitución del gerente de Fisabio, Jacobo Martínez, a quien sin embargo apoyan sus compañeros. Él agradece el respaldo y defiende su gestión en una carta hecha pública el martes. No obstante, pone su cargo a disposición del Patronato.
