VALÈNCIA (EFE). Con el inicio esta semana del nuevo periodo de sesiones en el Congreso, la tramitación de la ley de vivienda encara su recta final, en la que una ponencia todavía sin constituir deberá debatir 866 enmiendas parciales, mientras los socios de gobierno intentan salvar los últimos tres escollos.
Todo con el calendario corriendo en contra del ejecutivo, que se comprometió con Bruselas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a aprobar esta ley en el tercer trimestre del año, lo que previsiblemente incumplirá.
Según fuentes cercanas a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, los contactos y las conversaciones con el PSOE "siguen, nunca se han parado", pero los socialistas "se resisten a aceptar" los tres puntos que le garantizarían los votos necesarios para sacarla adelante.
Las fuentes aseguran que existe un consenso dentro del bloque de partidos de izquierdas que apoyó la investidura de Pedro Sánchez para respaldar el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, si incluye esos tres aspectos.
El primero de ellos es que la regulación de precios del alquiler en zonas de mercado tensionado se aplique a todos los arrendadores de vivienda y no solo a grandes tenedores, es decir, personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas, como prevé el proyecto de ley.
El Gobierno calcula que unas 440.000 casas están en manos de estos grandes tenedores (150.000 de empresas y 290.000 de instituciones), lo que supone que la limitación de rentas afectaría a poco más del diez por ciento de las 4,2 millones de viviendas en régimen de alquiler que hay en España.
La segunda reivindicación que mantiene Podemos es que todas las viviendas de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) se incluyan en el parque público de alquiler.
La Sareb o 'banco malo' -creado hace diez años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis de 2008 y controlado por el EStado desde hace cinco meses- conserva en propiedad 45.618 viviendas, según sus datos de 2021, año en que se comprometió a ceder al Estado 10.000 unidades para alquiler social y otras 5.000 a comunidades autónomas y ayuntamientos.
La tercera exigencia de Unidas Podemos y del resto de partidos de izquierdas es que la Ley por el Derecho a la Vivienda impida de forma estructural los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, para lo cual propone una disposición adicional que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Desde que hace dos años y medio, recién declarada la pandemia de covid, el Gobierno decretara la suspensión excepcional de los desahucios en hogares vulnerables, el Consejo de Ministros ha ido prorrogando esta medida y la última prórroga expira el próximo 30 de septiembre, fecha en que estaba previsto que entrara en vigor la ley de vivienda.
No obstante, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) recuerda que en los dos últimos años se han producido 57.000 desahucios en España.
Y mientras en Unidas Podemos acusan una vez más a los socialistas de bloquear una de la leyes más controvertidas de la legislatura, estos se muestran molestos porque su socio haya registrado 31 enmiendas a un texto que ya había sido pactado "hasta la coma".
En el entorno de Belarra insisten en que su único objetivo es aprobar la mejor ley posible, mientras que en la parte socialista culpan a los morados del retraso, al tiempo que reconocen que por el momento solo han "visto" 400 de las casi 900 enmiendas propuestas por los diferentes grupos parlamentarios al articulado.
