Los presupuestos del Estado 2019 no eran lo que necesita la economía española

Ante una valoración y breve análisis del Proyecto de Presupuestos- hoy ya decaídos - cabe decir que se presentaron a destiempo e incumpliendo el mandato del artículo 134 de la Constitución que obliga al Gobierno a presentar los presupuestos en las Cortes Generales al menos tres meses antes de acabar el ejercicio y expiración de los del año anterior. Este incumplimiento genera disfunciones tanto en la Administración y sus respectivos Ministerios inversores, como también – consecuentemente – en el resto de los agentes económicos sobre los que inciden las cuentas públicas.

Los presupuestos deberían elaborarse partiendo de un diagnostico acorde a la situación de ralentización económica. Ha sido el Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la CE, Pierre Moscovici, quien revisó a la baja la previsión de crecimiento para 2019, dejándola en el 2’1% sobre el 2’5 % .

Contemplaban una recaudación de 253.011 M€, de ellos, los ingresos tributarios ascendían a 227.356 M€, que supone un incremento del 9’5 % respecto sobre la recaudación habida en el 2018 con el siguiente desglose:

 IRPF = 86.454 M€ (∆ = 4’9)

SOCIEDADES = 27.579 M€ (∆ = 14’1%)

IVA = 78.307 M€ (∆ = 11’7 %) 

ESPECIALES = 23.057 M€ (∆ =11’8 %) 

OTROS = 11.959 M€ (∆ = 16’4 %)

Dado que los ingresos tributarios se prevén crecieran un 9’5%, muy por encima del crecimiento del PIB nominal (3’8 %) todo el diferencial gravitaba sobre un aumento de la presión fiscal, en un entorno de desaceleración, incremento de costes laborales, subida de bases de cotización y del salario mínimo.

• Se opta por penalizar la internacionalización, es inexplicable, limitando al 95% la exención de dividendos y plusvalías obtenidas en el exterior, lo que supone una doble imposición.
• Se fija un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible de las empresas con más de 20 M€ de facturación. Para entidades financieras y de hidrocarburos el tipo es del 18%.
• La normativa impositiva, ya no permite deducciones por I+D+i, vigente actualmente, clave para el impulso, innovación empresarial y mejora de la competitividad
• La imposición selectiva y discriminatoria sobre el IRPF para rentas superiores a 140.000 ,€ la tributación sobre el ahorro y variaciones patrimoniales al 27%, es claramente confiscatoria.
• Por último, los impuestos planteados sobre las Transacciones Financieras, del 0’2 % sobre la adquisición de acciones de empresas con capitulación bursátil superior a 1.000 M€ (tasa Tobín o ITF) y la creación de impuestos sobre determinados Servicios Digitales (tasa Google, Facebook, Amazon, etc.) … promovía la deslocalización de estas empresas.

Estas nuevas figuras impositivas, junto a los incrementos en el impuesto de Sociedades, del IRPF; Fiscalidad verde a los hidrocarburos; incremento en el impuesto de Patrimonio etc. el Gobierno lo cifraba en unos +5.654 M€, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo estimaban en tan sólo 2.908 M€

Esta brecha en la recaudación entre las previsiones del Gobierno y la AIReF, como también el Banco de España, conduce a que el déficit del -1’3 % contemplado por el Gobierno de Sánchez & Calviño & Montero y acordado con Bruselas, se disparará inexorablemente hasta el -2’2% s/PIB, lo que supondría un incremento del déficit  de 11.000 M€, que juntamente con un más que probable aumento de las prestaciones por desempleo y pago de intereses de la Deuda Pública, incrementará  los actuales 1’032 billones de euros actuales de Deuda

Frente a estos ingresos, los PGE-2019 recogían un gasto de 375.369 M€, no financiero, suma de los presupuestos de:

ESTADO = 164.198 M€; 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS = 40.034 M€; 

SEGURIDAD SOCIAL = 163.358 M€ 

AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS = 7.779 M

Es necesario destacar que más del 46% de los gastos de los Presupuestos va destinado al pago de pensiones y otras prestaciones económicas 153.864 M€ (que aumenta un 6’2%) y el pago de intereses de la deuda pública supone el 8’6 % (31.398 M€).

El mayor volumen de recursos a inversión se concentra en los Ministerios de Defensa (pagos aplazados de material militar), Fomento y Transición Ecológica.

El Grupo Fomento piensa invertir 9.762’34 M€ (+24’3% s/ 2018) y el Grupo Transición Ecológica en las Sociedades de Aguas y Conservaciones Hidrográficas, 975’20 M€ (+6’2% s/2018).

Ante estas cifras de inversión contempladas en los fallidos PGE-2019, nos preguntamos: ¿Qué credibilidad nos ofrecían… cuando las Liquidaciones de los PGE-2018 nos dicen que entre ambos Ministerios se han dejado de invertir -2.796’8 M€ (-31’8%) de los créditos previstos y no consumidos, y en la Comunidad Valenciana de los 740’36 M€ asignados en 2018 en las Inversiones Territorializadas se invirtieron real y, solamente el 65’4 %.

¿Quién puede creerse pues, que los 1.189 M€ que nos asignaban para este 2019, se invirtieran y gastaran en verdad? Cuando de haberse aprobado los mentados Presupuestos y tras los debates y enmiendas parciales solo hubiéramos dispuesto de no más de 9 meses hábiles para ejecutarlos en el año, y máxime cuando multitud de proyectos y obras contempladas a iniciar y “consumir inversión en el 2019” ni siquiera se han licitado todavía…ejemplo de ello tenemos, un sinfín de obras tanto en Carreteras como Ferrocarriles (ADIF  Alta Velocidad)

Los ciudadanos, también los valencianos, merecemos un proyecto de Presupuestos reales no falaces e irrealizables capaz de sostener un Estado de bienestar razonable, es decir, sostenible, ergo, financiable, donde las empresas – creadoras de riqueza y empleo – no sean un mero sujeto pasivo al que hay que machacar a impuestos.

Manuel Miñés Muñoz es director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana