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Califican la decisión de "absolutamente irresponsable"

Los vecinos de Penyaroja cargan contra la decisión del Ayuntamiento de recurrir el fallo de Tabacalera

16/02/2022 - 

VALÈNCIA. Los vecinos y vecinas del entorno de Penyaroja no ven con buenos ojos la decisión del Ayuntamiento de València de recurrir el auto de Tabacalera, el cual deja sin efecto la recalificación de unos terrenos en este barrio para que el consistorio pueda saldar su deuda con la constructora por haber cedido el edificio histórico en el que ahora mismo se encuentran ubicados diversos servicios públicos.

En este sentido, desde la Asociación de Vecinos y Vecinas de Penyaroja señalaron este martes que es "una falta de respeto" hacia ellos y hacia la denuncia que presentaron contra la posibilidad de convertir estos suelos de uso educativo y espacio verde a residencial. Una denuncia que hace unos días el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitió parcialmente. Aunque realmente, el tribunal no podía en duda la capacidad del Ayuntamiento para saldar su deuda a través del pago en suelo. Más bien, criticaba el procedimiento mediante el cual se había ejecutado todo este proceso.

La historia de la Tabacalera dispone de varios capítulos de largo recorrido: en el año 2005, el Ayuntamiento liderado por Rita Barberá llegó a un acuerdo con la inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) para que esta cediera a la administración pública el edificio patrimonial y 14 millones de euros, todo ello a cambio de unos suelos en Plaza América y además poder construir en las parcelas posteriores a la antigua fábrica de tabacos.

Un proceso que en definitiva contemplaba la desprotección de las naves laterales del complejo histórico para poder derribarlas y luego levantar varios bloques de viviendas. Sin embargo, un recurso de la asociación Salvem Tabacalera ante el TSJ desbarató todo este procedimiento, con el nuevo gobierno de Joan Ribó ya al frente del consistorio: el fallo declaraba nulo el convenio y por lo tanto la recalificación de los suelos de las naves, de modo que estos perdían los derechos edificatorios. Solo había un problema: la inmobiliaria ya había construido en uno de ellos, y quedaba el otro pendiente.

Así, Igsa reclamó una indemnización por valor de 45 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, por no haber podido consumar los derechos de edificabilidad sobre los terrenos que supuestamente le pertenecían después de haber cedido el edificio de la Tabacalera. En aquel momento, la concejalía de Urbanismo dirigida por Vicent Sarrià decidió solventar el problema trasladando los terrenos a otro punto de la ciudad. Es decir, daría a la inmobiliaria nuevos suelos por valor similar a los derechos que no se habían consumado. Concretamente, en el barrio de Penyaroja.

Unos suelos que eran propiedad del Ayuntamiento y que tan solo tenían que cambiar su uso de dotacional y público a residencial. Ahora bien, la empresa nunca llegó a firmar ningún acuerdo con el consistorio por el cual aceptara esos suelos en compensación. Y por su parte, los vecinos del entorno tampoco recibieron la noticia con agrado, hasta el punto de elevar un nuevo recurso ante el TSJ contra la recalificación y cambio de uso de estos terrenos.  

Y es aquí donde el nuevo fallo les da en cierto modo la razón: el tribunal no cree que el Ayuntamiento haya hecho mal en intentar pagar en especie a la inmobiliaria, pero sí que ve incongruencias en el procedimiento. Y es que, se basa en la anterior sentencia a favor de Salvem Tabacalera para recordar que los derechos de edificabilidad próxima a la Tabacalera ya no existe, puesto que fue anulada por el fallo. En este sentido, no cree que el consistorio pueda trasladar de un sitio a otro unos derechos de construcción que, en efecto, ya no son una realidad.

Así, al Ayuntamiento solo le quedan dos opciones: o pagar en metálico o buscar otros terrenos que cederle a la inmobiliaria, todo ello contando con que la empresa dé un 'sí' explícito al intercambio de bienes. La tercera vía sería, por supuesto, recurrir el fallo e intentar hasta el final que los suelos de Penyaroja sean los que finalmente solucionen el problema. Opción que es la que ha elegido la concejalía de Desarrollo Urbano, actualmente dirigida por la vicealcaldesa Sandra Gómez

Y es que, consideran en departamento de Gómez que intentar volver a rectificar los mismos suelos mediante otro mecanismo podría suponer entrar en una nueva batalla sin fin con los tribunales. Y, del mismo modo, tampoco están dispuestos a pagar en dinero, por el agujero que esto podría suponer para las arcas municipales. De este modo, la única opción es revisar el fallo y esperar a que este quede anulado para poder seguir adelante con la operación de intercambio de suelos.

"Absolutos irresponsables"

 "Son unos absolutos irresponsables", aseveraban al respecto del recurso los vecinos de Penyaroja. Y en este sentido, también señalaban que la operación que cerró en su momento Igsa con el Ayuntamiento de Rita Berberá era un procedimiento "puramente especulativo". Y, como tal, entrañaba riesgos para ambas partes. De este modo, no consideran en primer lugar que el consistorio tenga que pagar nada teniendo en cuenta que las pérdidas eran una opción que siempre estuvo sobre la mesa. Al menos bajo su perspectiva.

Así con todo, instan a cumplir la primera sentencia del TSJ, aquella que anulaba la recalificación de los terrenos de las naves y que dejaba sin derecho de construir a la empresa, ni ahí ni en ningún otro sitio, consideran. Algo que por el momento no contempla el área de Urbanismo, que ya ha mostrado voluntad férrea en luchar por la recalificación de los terrenos en el barrio para entregarlos a Igsa. Y es que, si el recurso de reposición no sale adelante, todavía quedaría otro de casación. Y de ambos pretende hacer uso el departamento que dirige Sandra Gómez. 

Aun así, lo cierto es que la deuda ya ha sido menguada en parte por la cesión de otros suelos: los de Plaza América y también otro en Mícer Mascó, el que sí que se pudo construir en las inmediaciones de Tabacalera antes de que se hiciera público el fallo del TSJ. En este sentido, Urbanismo ha calculado que se han pagado unos 20 millones de euros de la deuda, y tan solo quedarían pendientes otros 25, que eran los que se pensaban satisfacer con Penyaroja. 

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