Marzà vuelve al cole con una Ley Valenciana de Educación todavía por definir

VALENCIA. Cuando el pasado curso escolar acometía sus últimos pasos trastabillando entre polémicas, Ximo Puig volvió a agitar el pavimento con un anuncio inesperado: el Consell llevaría a cargo la redacción de una Ley Valenciana de Educación. Aunque el president valenciano no especificó el contenido de la norma, adelantó que su objetivo sería “combatir el fracaso escolar” y “mejorar de verdad la enseñanza en la Comunitat”. Aquello fue en mayo. Ahora, cuando falta una semana para septiembre y dos para arrancar el curso, el engranaje empieza a moverse, pero seguimos sin datos concretos.

El jefe del Consell recibió ayer en las dependencias del Palau de la Generalitat al responsable del área de Educación, Vicent Marzà, y su equipo más cercano. El encuentro se definió como una reunión de trabajo para la puesta a punto del ejercicio entrante, en la línea de las que el president está manteniendo con el resto de líderes de otros grandes sectores. Por este motivo, solo se permitieron algunas fotos y un par de preguntas a los periodistas, y las respuestas fueron escuetas. De lo que sucedió durante la más de hora y media a puerta cerrada solo ha trascendido que se habló de reforma educativa en términos diversos. 

En concreto, Marzà detalló que en el nuevo texto que se prepara desde su departamento incluirá medidas para impulsar el dominio del inglés, uno de los “puntos débiles” del sistema educativo. Cabe entender, por tanto, que será tocante con el nuevo decreto de plurilingüismo prometido para este curso por el Consell. El director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, ya avanzó que esta regulación excedería los límites puramente educativos para abordar “una reforma lingüística integral en todos los ámbitos”. Preguntado por si daría prioridad al dominio de valenciano sobre el inglés, respondió que se perseguía “un sistema equilibrado donde las lenguas tengan igualdad dentro del aula".

Marzà detalló que el nuevo texto incluirá medidas para impulsar el dominio del inglés

Está relación con el decreto de Plurilingüismo también se estableció a través del documento oficial que recogía los compromisos del Seminari d’Estiu. En la reunión que el Consell celebró en julio en el marco de Torrevieja se reflexionó sobre la necesidad de “un nuevo modelo plurilingüe”, basado en “la participación de toda la comunidad educativa”. Además, se afirmó que este proceso y el decreto derivado del mismo serían la base de la futura Ley Integral de la Educación Valenciana.

Más allá de las citadas referencias, el resto del contenido de la nueva legislación está todavía por desvelar, dejando en el aire incertidumbres como si hará alusión a los criterios de admisión de los centros, el planteamiento de jornada continua o las subvenciones convocadas por la Administración. No obstante, Marzà señaló ayer su carácter prioritario e insistió en que el Gobierno valenciano aspira a que el nuevo marco legal en el que se trabaja “alcance el máximo consenso posible” y sea del agrado de toda la comunidad. 

La Ley Valenciana de Educación fue presentada por Puig como “un texto normativo que establecerá las bases para la mejora del sistema educativo en la Comunitat”. Un concepto muy amplio que sigue pendiente de concreción. "Por primera vez el Consell asume lo que es su obligación, la planificación ordenada y eficiente de todos los centros sostenidos con fondos públicos para garantizar los derechos de los alumnos", aseguró el president.

Posturas enrocadas ante el TSJ

Al finalizar la reunión de ayer, Vicent Marzà también hizo referencia a los frentes que la Conselleria de Educación mantiene abiertos en los tribunales con diversos sectores educativos por las medidas adoptadas durante el curso pasado. En concreto, el TSJCV ha admitido a trámite el recurso de Fcapa contra el decreto de admisión, además de los que la Generalitat mantiene con las universidades privadas por las becas y las prácticas.

El órgano judicial determinó la suspensión cautelar de la medida que impide a los estudiantes de Ciencias de la Salud de la privada realizar prácticas en los hospitales públicos, algo que la Generalitat ha recurrido mediante su Abogacía. Preguntado por la cuestión, Marzà afirmó: "Pensamos que se debe garantizar la calidad de los buenos profesionales, y eso pasa por hacer una prácticas de calidad”. Insistió en que para ello se debe "regular la oferta, y la oferta se regula en función de la capacidad de prácticas que tiene cualquier titulación".

El responsable de Educación se refirió también al recurso presentado contra la eliminación del distrito único para la admisión de alumnos, y lo hizo de manera aún más tajante. Así, consideró que la protesta "no tiene ningún sentido" y que la proximidad al centro escolar es un criterio que se aplica "en todos los territorios, también en los que gobierna el PP".