Vicent Marzà repasa con Ximo Puig el discurso en Les Corts. Foto: INMA CABALLER/CORTSVALÈNCIA. Del Debate de Política General salen dos importantes propuestas, una de Les Corts y otra del Consell, a las que habrá que estar atentos. La primera es la petición de la Cámara al Ejecutivo de Ximo Puig de que promueva la implantación de la tasa turística en la Comunitat Valenciana, a la que dediqué la columna de la semana pasada. El debate lo reabrió el pasado domingo la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, en una entrevista publicada por Valencia Plaza cuando aún se está a tiempo de implantarlo en 2018. Los hoteleros han vuelto a posicionarse en contra pero ya solo cuentan con el respaldo del PP, puesto que PSPV y Ciudadanos están abiertos a estudiar ese impuesto que, hace falta remarcarlo, no pagarían los residentes sino los turistas.
La otra propuesta la lanzó el president en el discurso inaugural del Debate, de manera preventiva ante las previsibles críticas de la oposición por uno de los fracasos más visibles de la legislatura, el de los barracones en los colegios que prometieron eliminar.
Su plan, grosso modo, es que los ayuntamientos construyan los colegios bajo la supervisión de la Conselleria de Educación, que se hará cargo de todos los gastos "más los intereses" –coletilla que implica que habrá retrasos en los pagos–.
El Plan de Construcción de Centros Escolares permitirá, según la Conselleria que dirige Vicent Marzà, "completar el mapa de infraestructuras educativas de la Comunitat Valenciana, mediante la construcción de más de 200 colegios y la reforma de más de 500 colegios e institutos que así lo requieran", con una inversión de 700 millones de euros.
Una inversión para la que no se ofrecieron fechas ni plazos, aunque en el borrador del anteproyecto de ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018 hay una pista, cuando el Consell introduce una prórroga del mandato de extinción de Ciegsa, la empresa que gestiona los barracones, hasta el 31 de diciembre de 2020.
El motivo real del nuevo plan es que el Consell no quiere llegar a las elecciones de 2019 con un incumplimiento tan flagrante. La justificación, también real, es que "las administraciones públicas sufren un problema de burocracia administrativa que dilata los plazos de tramitación de proyectos". Una burocracia de la que Mónica Oltra se ha quejado reiteradamente desde la tribuna de portavoz y ha prometido reducir mediante un cambio legal que, como tantas otras leyes prometidas, no acaba de salir, como si la burocracia impidiera acabar con la burocracia.
Los ciudadanos que tienen a sus hijos en barracones –y los propios niños, claro– no quieren excusas sino saber cuándo estará construido el colegio que les prometieron cuando sus hijos ya adolescentes iban a Primero de Primaria. En este sentido, uno no puede ser más que pesimista ante la solución que entre Presidencia y la Conselleria de Educación –hay que ver lo bien que se está portando Puig con Marzà– han ideado.
La solución es burocracia municipal para mitigar la burocracia autonómica. Un ejemplo del paso de tortuga de la maquinaria administrativa lo tenemos en el mismo borrador de la ley de Acompañamiento, que en otro apartado autoriza al Consell para delegar las funciones de "construcción, ampliación, adecuación, reforma, gestión y mantenimiento" de infraestructuras que corresponden la Generalitat. Esa es la base de los acuerdos con los ayuntamientos, pero dado que esa ley no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2018, Marzà no podrá firmar los primeros convenios –más burocracia– con los alcaldes hasta dentro de tres meses y medio.
Por otro lado, frente a un único órgano de contratación, técnico y de intervención de la Conselleria con larga experiencia en la construcción de colegios, Educación delega en ayuntamientos de diferentes tamaños la redacción del proyecto, la contratación y la certificación de la obra. Para ello, los alcaldes tendrán que contratar –más burocracia y más coste– asesoramiento externo porque los medios de un ayuntamiento no son los de la Conselleria y porque el arquitecto municipal, si lo hay, no está mano sobre mano esperando que alguna Conselleria le llame para delegarle proyectos.
A todo ello se añade que los trabajos de los municipios estarán bajo la supervisión de la Conselleria, lo que añade un nuevo trámite al procedimiento.
Es una pena no poder ser optimista, pero quizás un contrato con un despacho de arquitectura/urbanismo privado –con perdón– que ayudase a sacar adelante los proyectos habría sido mejor solución que desatascar la burocracia con más burocracia.
Eso sí, con esto tendrá Marzà a quien echarle la culpa de que el colegio no esté construido en 2019, sobre todo si el alcalde no es de Compromís.
