Los padres vivimos días muy difíciles en lo que respecta a la educación de nuestros hijos, más aún, si cabe, en la Comunidad Valenciana. Bajo la premisa socialista de que “los hijos no son de los padres” hemos cedido, sin quererlo ni beberlo, gran parte de la soberanía paterna en el Estado y eso supone un importante riesgo para el libre desarrollo de la personalidad de nuestros hijos así como cierta dejación involuntaria de funciones en lo que respecta a la educación en los valores morales propios de cada familia de acuerdo al artículo 27.3 de nuestra Constitución. Y eso es algo que ni debemos ni podemos permitirnos. Ni mucho menos debemos permitirle al Estado que supla el derecho que pertenece intrínseca e inviolablemente a la familia.
Ante la avalancha de recortes políticos y jurídicos del derecho a elegir la educación que los padres quieren para sus hijos, nuestra obligación -seamos padres o pretendamos serlo en algún momento- es defender con uñas y dientes lo que es a todas luces un pilar fundamental del Estado liberal y de Derecho que, al menos hasta hoy, rige en España. Y no se crean que es una cuestión de ideología. No. Es una cuestión de supervivencia social e individual. Porque los valores que desde el Estado se quieran inculcar a nuestros hijos por imposición de un determinado gobierno pueden no ser los mismos en los que cada núcleo familiar -siempre acorde a la Constitución- pretende formar como individuos a los suyos. Y siendo la familia la principal -y más elemental- institución social, es evidente que con todo ello se pone en riesgo la estructura de toda la Nación.
Sirvan estas líneas para hacer un llamamiento a todos los padres a que mediten sobre quién prefiere que forme a su hijo como persona. La dicotomía es, aunque de vital importancia, sencilla: o lo educa un político elegido cada cuatro años y acorde a su propia ideología y visión de la sociedad o lo educa él mismo para transmitir los valores morales que más se adecuen a la ética familiar. En este asunto no caben las medias tintas. Nos jugamos mucho. Nos jugamos todo.
Decía en la primera frase de este artículo que en la Comunidad Valenciana la situación es tremendamente complicada y ello es fruto de que a las imposiciones ideológicas dominantes en toda la Nación se ha de sumar el arrinconamiento del español como lengua vehicular. Y antes de que nadie saque conclusiones precipitadas, afirmaré con total contundencia que no se trata de estar en contra de una lengua cooficial como es el valenciano -el de verdad, no el catalán que hoy impera en nuestras aulas-. Aquí estamos hablando de Libertad. Sin más. Libertad para elegir qué educación queremos para nuestros hijos y en qué lengua ha de impartir. Denostar la lengua de más de 500 millones de hispanohablantes y fundarlo única y exclusivamente en el odio visceral de algunos a lo que España representa solo nos conducirá a la mediocridad, a la insuficiencia cultural y, en último término, a la desaparición de lo que sentimos como Patria.
Hoy la obligación de cualquier padre debería ser el velar por su propia Libertad y por la Libertad de sus hijos, de sus nietos y de todos los descendientes que algún día serán parte indisoluble de nuestra sociedad y nuestra Historia. Y no cabe ampararse en vagas excusas ni en la falsa idea de que “el Estado somos todos”. El individuo y la familia son el centro del desarrollo de las sociedades y de los Estados como sociedad política y jurídicamente organizada en un territorio determinado. Pero es por responsabilidad individual y social que debemos defender nuestra esfera privada y evitar que sean otros los que decidan por nosotros. El Gobierno no puede -por Ley- ni debe -por ética- decidir por las familias.
Y sí, todo esto suena bastante bien. Al fin y al cabo no hay nada más real que el que el ser humano es un ser racional capaz de tener conciencia de sí mismo, de su entorno y de terceros y por ello la vertiente individual es lo que ha fundamentado todas las Declaraciones y Cartas de Derechos Humanos -y por derivación, las Constituciones-. Pero no vale con estar firmemente convencidos de ello sino que hay que pelear para defenderlo. La participación política puede o no finalizar con la introducción de una papeleta en una urna cada cuatro años. Los ciudadanos de los países libres tenemos el derecho también a salir a la calle a protestar contra toda intromisión que consideremos como ilegítima en nuestra esfera de derechos fundamentales. Por ello, animo encarecidamente a todos los españoles, vivan o no en nuestra región, a sumarse a la concentración del próximo 26 de junio en Alicante, organizada por asociaciones de padres y madres de la educación pública y concertada (COVAPA y CONCAPA, respectivamente).
Porque, como he dicho, no vale con quedarse en el sofá a lamentarse o a plasmar nuestros pensamientos en las redes sociales. Para frenar a los antidemócratas y a los totalitarios que buscan educar a nuestros hijos en sus valores ideológicos y con el español arrinconado, toca mojarse. Porque como reza dicha convocatoria, tenemos derecho a una “educación sin imposición”.
Esta es una verdad incómoda, pero alguien tenía que decirlo.
Ana Vega Campos es diputada y portavoz de Vox en les Corts