VALÈNCIA. Son múltiples las ordenanzas dependientes del Ayuntamiento de València que deben ser modificadas, sustituidas por otras nuevas, actualizadas jurídicamente o, al menos, revisadas para estudiar posibles cambios. Desde la normativa local de obras y actividades hasta el reglamento de participación o la ordenanza del uso de la administración electrónica del Ayuntamiento, el consistorio ha detectado una veintena de regulaciones municipales que deben pasar por algunos de dichos procesos.
Así lo refleja el informe de evaluación normativa de 2021 del Ayuntamiento que pasó por el pleno municipal en diciembre del año pasado y que estudia las necesidades de adaptación de la regulación municipal. Una tarea que hasta el momento hacía cada oficina consistorial, pero que este año se ha plasmado en este documento. Y elaborado por el secretario municipal, el informe destaca diferentes necesidades según cada caso. Una de las más destacadas ordenanzas sobre las que se prevé actuar es la relativa a las obras y actividades.
El informe, elaborado con datos de hasta octubre, marca que esta norma requiere una actualización jurídica y que el consistorio ha recibido "sugerencias" solicitando esa adaptación "dado el grado de desfase normativo" que presenta tras una década de su aprobación. De hecho, la concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, ya ha puesto en marcha la maquinaria administrativa en este sentido y el pasado 1 de febrero abrió el plazo de consulta previo al cambio de la norma, que está abierto hasta que acabe este mes.
Por un lado, la nueva ordenanza tendrá que adaptarse a la nueva ley urbanística autonómica: licencias preceptivas para cada tipo de actuación, reducción de burocracia y trámites, desarrollo de la regulación autonómica sobre las entidades de colaboración (ECUV) para agilizar los permisos municipales, etcétera. Pero además, se podrían tener en cuenta aportaciones externas y en ese marco se hace la consulta pública, para "recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma", según el llamamiento del Ayuntamiento.
También en materia de Urbanismo, el consistorio considera que precisa una actualización jurídica la norma que regula el registro municipal de solares y edificios a rehabilitar, creada para impulsar la edificación de solares baldíos en la ciudad y forzando a los propietarios a poner en marcha tanto estos terrenos como la rehabilitación de inmuebles. El informe señala que la norma tendrá que ser "sustituida por una nueva disposición" y que esto se hará cuando el registro "sea telemático".
Más conocido es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya última versión data de octubre de 1988, así como los planes de desarrollo. Una regulación que ha ido recibiendo con el paso de los años "quejas, sugerencias y reclamaciones de revisión", pero en especial en el ámbito de Castellar-L'Oliveral por sus vecinos para dotar al barrio de "unos mejores servicios y equipamientos públicos, una mayor conectividad con el resto de la ciudad y una revalorización de su paisaje y recuperación de su trama histórica".
Se prevé para este año el cambio de las normas urbanísticas del PGOU para reducir las exigencias de aparcamientos mínimos en los nuevos desarrollos urbanísticos. También se busca introducir modificaciones para la mejora de la accesibilidad en edificios así como la eliminación de barreras existentes para facilitar la implantación de energías renovables de autoconsumo y eficiencia energética, especialmente en cuanto a energía solar fotovoltaica.
De hecho, en esa misma línea, el consistorio considera que debe sustituir por una nueva ordenanza la normativa de captación solar para usos térmicos, aprobada en 2006 y actualizada en 2009. Es más, el gobierno municipal ya anunció el año pasado el cambio de esta norma, que depende del área de Emergencia Climática y Transición Energética, que dirige Alejandro Ramón, para simplificar los trámites administrativos para instalaciones fotovoltaicas.
Y demás de estas regulaciones, el departamento de Urbanismo tendrá que actualizar la ordenanza de zanjas y catas, que afecta fundamentalmente a empresas de suministros y comunidades de propietarios, y sobre la que "conviene realizar nuevas actuaciones de evaluación" y redactar un informe en un máximo de tres años para su posible cambio. El mismo trabajo que deberá hacer la concejalía de Hacienda, de la que se encarga el socialista Borja Sanjuán, con la regulación de las tasas del vado y las zonas de carga y descarga, que deberá revisar en los próximos dos años.
Por su lado, el departamento de Movilidad Sostenible, que encabeza Giuseppe Grezzi, tiene ante sí la tarea de elaborar una nueva normativa para regular "los umbrales de restricción de la circulación de determinados vehículos" en la ciudad. La futura ley de cambio climático fijará como objetivo que se establezcan las llamadas zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades antes de 2023. El objetivo es "preservar y mejorar la calidad del aire". El Ayuntamiento pretende dedicar 10 millones de euros de los fondos Next Generation para delimitar esta área donde sólo accederán vehículos autorizados.
La concejalía de Participación, dirigida por la socialista Elisa Valía, por su parte, tiene en marcha en marcha la modificación del reglamento de participación ciudadana, que regula los mecanismos y herramientas para la participación de la ciudadanía en el ámbito consistorial. Lo intentó el pasado mandato la predecesora de Valía, Neus Fàbregas (València en Comú), pero finalmente los cambios no salieron adelante por discrepancias con el PSPV de Gómez.
En otro campo, la ordenanza que regula el uso de la administración electrónica en el Ayuntamiento de València también tendrá que ser actualizada jurídicamente. Aprobada en 2012, está afectada por nueva normativa a nivel autonómico y estatal, pero también europeo, y ha recibido "quejas y sugerencias de carácter general" desde que entró en vigor. La concejalía encargada de los cambios es la de Agenda Digital, que dirige Pere Fuset, que según el plan normativo de 2022, tiene esta adaptación legislativa en estado de "actuaciones previas".
A todo ello hay que sumar, asimismo, la modificación de una de las normas fundamentales para el funcionamiento interno del Ayuntamiento, el reglamento orgánico del pleno municipal. En los últimos años se han interpuesto "varias reclamaciones" ante la Agencia Valenciana Antifraude y la Sindicatura de Greuges "sobre los derechos políticos de concejales" y el funcionamiento tanto del pleno como de las comisiones consistoriales. Dependiente de la Alcaldía que representa Joan Ribó, la nueva norma ha generado no poca controversia al limitar el número de preguntas y mociones que pueden presentar los grupos municipales, lo que ha dado lugar a sonoras críticas por parte de la oposición.
También está pendiente en la concejalía de Calidad Acústica y del Aire, que dirige Giuseppe Grezzi, el cambio en la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, que según el informe jurídico requiere de actualización y que afecta tanto al sector hostelero como a los vecinos. El cambio, que llega con retraso, todavía no se ha producido y se está ultimando la futura norma, que previsiblemente incluirá como novedad multas a las terrazas y la regulación de los recintos feriales, como publicó Valencia Plaza.
El departamento de Jardines, encabezado por el vicealcalde Sergi Campillo, prevé modificar por su parte la ordenanza de parques y jardines tras las "sugerencias de la ciudadanía" para incorporar en la regulación "las zonas caninas y de la apicultura urbana". Y por otro lado, hará lo propio con la regulación del procedimiento de concesión de autorizaciones para la gestión de los huertos urbanos por "petición de diversas entidades interesadas en su gestión" para mejorar los procedimientos.
La zona de la Albufera, que también depende de la concejalía de Campillo, está afectada también por dos ordenanzas que precisarán o pueden precisar cambios en el futuro próximo. Por un lado, los técnicos deberán evaluar en "unos años" la vigencia de la ordenanza de protección lumínica en el parque natural para valorar si debe ser modificada. Y por otro, se cambiará la ordenanza reguladora del registro de embarcaciones del lago de la Albufera.
Cambios a los que se sumarán, desde la concejalía de Bienestar Animal, de la que se encarga Gloria Tello, las modificaciones en la ordenanza de tenencia de animales en València ciudad. El servicio municipal ya trabaja en la modificación, que también ha sido solicitada por parte de "ciudadanos y asociaciones animalistas". Con todo, se está a la espera de que se apruebe la nueva ley autonómica en la materia y la futura ley estatal "a fin de evitar disfunciones y contradicciones" en la norma local, que entró en vigor en 1990.
El Ayuntamiento de València tiene también deberes en el área de Mercados municipales, que dependen del edil Carlos Galiana. Según los técnicos municipales, conviene realizar nuevas evaluaciones en el plazo de un año para determinar si la ordenanza municipal reguladora de los mercados de distrito debe ser modifciada. Su cambio en 2018 dio lugar a recursos contencioso-administrativos, pero la pasada semana se conoció que el TSJ ha fallado a favor del consistorio en esta materia.
También la concejalía tendrá que evaluar la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria, que afecta fundamentalmente a los comerciantes de los mercadillos periódicos y ocasionales de la ciudad. Por ahora, los informes municipales valoran positivamente la norma, aprobada en 2019, al haber conseguido crear hasta cuatro mercados de venta directa que tienen previsto su inicio en 2022 y al constatar que todos los años se autoriza la celebración de mercados extraordinarios a petición de asociaciones representativas.
En materia deportiva, la concejalía de Deportes, de la que se encarga Pilar Bernabé, se propone analizar el reglamento de instalaciones deportivas de la ciudad, vigente desde 2011, para analizar futuros cambios en los próximos cuatro años. Por otra parte, en dependencia, la concejalía de Bienestar Social, dirigida por Isa Lozano, prevé cambiar la regulación de los centros municipales de atención a personas con discapacidad intelectual, porque debe adaptarse a la nueva ley valenciana de Servicios Sociales de la Generalitat.
Más allá de todo ello, la concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, de Gloria Tello, busca también el cambio del reglamento del archivo municipal de València, que repercutirá en investigadores, académicos y "la ciudadanía en general", según el informe. Vigente desde 2015, los técnicos municipales consideran que requiere una actualización jurídica a nuevas disposiciones como el nuevo reglamento de datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia. Además de este cambio, se modificará también la ordenanza de precios públicos para entrada para visitar museos y monumentos municipales, cuyo último cambio data de 2020.
