VALÈNCIA. Desde este viernes, la mascarilla en exteriores vuelve a ser obligatoria en toda España, independientemente de si se puede garantizar una distancia mínima de seguridad entre no convivientes. Esa es la única medida preventiva que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos autonómicos acordaron –sin unanimidad– en la cacareada Conferencia de Presidentes del pasado miércoles para contener el avance de la variante Ómicron a las puertas de Navidad.
A ojos de la inmensa mayoría de expertos, esa medida puede tener sentido en exteriores muy concurridos o escasamente ventilados, pero es innecesaria al aire libre cuando existe suficiente distancia porque el riesgo es veinte veces menor que en lugares cerrados. En cualquier caso, existe un amplio consenso sobre el hecho de que esta medida es insuficiente si no va acompañada de otras que son tan urgentes o más para contener una variante hasta 2,09 veces más contagiosa que la Delta.
Aunque el Gobierno ha fiado gran parte de su estrategia a una vacunación que reduce la gravedad de la infección pero no impide el contagio, existen un conjunto de medidas no farmacológicas que, si no ahora, se podrían haber tomado desde hace al menos tres semanas cuando Reino Unido ya avisaba de la velocidad a la que estaba circulando la última variante, haciendo crecer exponencialmente los contagios.
Estas son algunas de esas medidas propuestas por especialistas como los que integran la plataforma Aireamos, quienes llevan meses instando al Gobierno central y a los autonómicos a tomar otorgar prioridad máxima a la reducción del riesgo de contagio por inhalación del virus.
Las mascarillas FFP2 bien ajustadas son la herramienta de prevención más eficaz, tanto para la población general como para trabajadores más expuestos. Por ese motivo, la plataforma de expertos considera que el Gobierno podría haber decidido exigir el uso de mascarillas en el interior en lugares de trabajo al ser espacios donde se comparte el aire interior durante muchas horas, aunque se mantenga la distancia de seguridad de 2 metros.
"Si se empañan las gafas, la mascarilla no está bien ajustada", explica la divulgadora sanitaria Patricia Ripoll, quien insiste en que para luchar contra las variantes más contagiosas las mascarillas han de ser FFP2 certificadas, porque las higiénicas o de tela no sirven para este virus que se contagia por el aire.
En relación con lo anterior, el Gobierno podría haber decretado la reducción del IVA de las mascarillas FFP2, las más efectivas con las nuevas variantes. Por el contrario, recientemente ha decidido mantener reducido al 4% el tipo que grava las quirúrgicas, lo que supone "dar un mensaje erróneo" a la población porque las más efectivas mantienen el IVA al 21%.
En paralelo, los expertos de Aireamos creen que la medida debería ir acompañada de una campaña de divulgación con normas y procedimientos claros sobre las situaciones de riesgo y sobre cómo se transmite el virus. "Generar información de calidad, clara y accesible. Actualmente, si una persona quiere informarse se enfrenta a información parcial, confusa, en ocasiones demasiado prolija y no pocas veces incorrecta o contradictoria", lamentan.
A pesar de la claridad de las conclusiones científicas sobre la transmisión del transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles, la medición continua de la concentración de CO2 en espacios interiores para asegurar la renovación del aire sigue siendo anecdótica. Ni el Gobierno central ni los autonómicos –con la excepción de Asturias en el caso de la hostelería– han adoptado medidas encaminadas a garantizar esa medición en interiores.
La medición del CO2 es la mejor, si no la única, solución tecnológica de bajo coste disponible para verificar en cada momento si la ventilación es suficiente o si es necesario incrementarla. Además, permite optimizar la ventilación, evitando corrientes de aire excesivas o consumos de climatización innecesarios y es totalmente viable en cualquier actividad, pública o privada.
Para los expertos de Aireamos su implantación es "urgente y generalizada", pero los gobiernos continúan sin planteárselo hasta el punto de que ni siquiera garantizan la calidad del aire interior de los propios edificios administrativos.️
Otra medida que el Gobierno y las CCAA podrían haber pactado junto a la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores es precisamente la de la ventilación de los interiores, comenzando por espacios públicos como colegios, centros de salud u hospitales, el transporte público y reforzando la misma en hostelería, teatros, cines etcétera.
"Se ha perdido muchos recursos con soluciones como las mamparas que no evitan el contagio por aerosoles. Nos tenemos que proteger del aire, tenemos que dejar claras las primordiales y evitar todo el teatro alrededor", insiste Patricia Ripoll, quien aboga por concienciar sobre la importancia de esta ventilación.
Si la ventilación natural es insuficiente, es necesario recurrir a la ventilación forzada (mecánica) o a los filtros Hepa si los medidores de CO2 indican la necesidad de aumentar la ventilación, algo que sucede a partir de los 700 ppm. Estos filtros poseen una alta eficiencia y son una solución contrastada para la eliminación de aerosoles respiratorios frente a otras tecnologías, como UV-C, fotocatálisis, ionización u ozono.
Las administraciones deberían adoptar de forma urgente medidas para descongestionar la atención primaria. Seis olas y casi dos años después de la llegada del virus, el nuevo pico ha vuelto a desbordar los centros de salud y a poner al sistema sanitario y sus profesionales al límite.
Se trata, según destaca Patricia Ripoll, de medidas que se podrían haber adoptado en momentos valle para prevenir una situación previsible con la llegada del otoño o nuevas variantes, pero en cualquier casi siguen ni siquiera sin plantearse pese a la tensión del sistema.
Se trata, por ejemplo, de medidas encaminadas a evitar el desplazamiento a los centros de salud de toda persona que haya sido contacto estrecho de un positivo, garantizándole el acceso rápido a un test y tramitando de forma automática las bajas laborales.
Entre las medidas de prevención ausentes destacas sobre todo todas aquellas encaminadas a aumentar la capacidad de detección temprana del virus. La gratuidad de los test decidida por Ejecutivos regionales como el de Madrid "está bien como iniciativa", pero es insuficiente.
"El Gobierno tendría que haber bajado el precio de los test o al menos limitarlo porque el acceso a los mismos debería estar desvinculado de la capacidad económica de una familia. Eso nos evitaría futuros sustos", considera Ripoll.
"El test es lo que nos va a ayudar a frenar el contagio", subraya la experta y cofundadora de la plataforma COVIDWarriors. Por ese motivo, echa en falta un incremento de la capacidad laboratoria de los centros públicos con la distribución de más robot PCR como solución para que el acceso a estas pruebas fuera "más fácil y más barato"
La plataforma Aireamos recuerda que la importancia evitar contagiarnos no solo tiene que ver con el riesgo de hospitalización, sino con el incremento de casos de covid persistente. Aunque el Gobierno y las CCAA han fiado la mayor parte de su estrategia en esta ola a la ampliación de la vacunación, los expertos insisten en que la mayor prevención es la de evitar el contagio y en que la vacuna debería suministrarse de manera equilibrada y prioritaria a quien lo necesita antes en todo el mundo.