La ONU pide a España que se suspenda un desahucio de una madre y sus dos hijas en Valencia

En un escrito con fecha de 22 de abril, este organismo de la ONU pide al Estado español "tomar medidas para evitar posibles daños irreparables" a la familia mientras el caso está siendo examinado por el Comité. Entre las medidas, cita la suspensión del desahucio y "proporcionar una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades".

La PAH ha señalado en un comunicado que todas las semanas "se decretan desahucios que acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita" y ha expresado su discrepancia "con rotundidad de todas las interpretaciones jurídicas que acaban desahuciando a personas y familias vulnerables sin alternativa habitacional".

"Entendemos que los galimatías procesales se oponen al espíritu de la Constitución, de los Estatutos de Autonomía y también las normas actualmente existentes de protección a las personas y familias vulnerables (el llamado "escudo social" del Real Decreto Ley 11/2020 que reconoce la moratoria en alquileres y supuestos de ocupación hasta el 31 de diciembre de 2024 y la "moratoria hipotecaria" de la Ley 1/2013)", señala la entidad, que explica que, por este motivo, ha elevado al Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales una denuncia para solicitar su intervención en este caso.

La PAH explica que este desahucio, previsto para este miércoles, afecta a una familia vulnerable "sin alternativa habitacional", a pesar de la solicitud de suspensión "que muy acertadamente ha presentado el letrado del turno de oficio".

La entidad asegura que ya explicó la situación y la solicitud de vivienda de la familia al Ayuntamiento y a la EVHA (Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) y este lunes se volvieron a dirigir a la administración sin obtener respuesta.

La PAH exige que se cumpla el Derecho Internacional y subraya que España ratificó en 2010 el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas, y que el Gobierno de España consideró "una excelente noticia la entrada en vigor de este instrumento internacional".

En esta línea, reclama "ante la primacía del derecho internacional y europeo, se suspenda el desahucio de mañana o se le ofrezca de inmediato una vivienda que pueda constituir el hogar de esta familia".