VALÈNCIA/MADRID (VP/EP). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que su intención es agotar la legislatura y convocar elecciones "en el año 2020" porque antes quiere "normalizar" la política en este país, gobernando "con el Congreso, no contra el Congreso" y "de la mano de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos" para sacar adelante muchas de las leyes que planteó la oposición y vetó en el Parlamento el Gobierno del PP. "Tarea hay", ha indicado.
Así lo ha avanzado en una entrevista con TVE, la primera que concede desde que llegó a La Moncloa, en la que ha adelantado que a lo largo de esta semana confía en cerrar las fechas de sus primeras entrevistas con los presidentes autonómicos --verá a todos-- empezando por el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, y siguiendo por los presidentes de Cataluña, Quim Torra; Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Andalucía, Susana Díaz, por ser las autonomías que primero se dotaron de un Estatuto de Autonomía.
Espera reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "a primeros de julio" y ve "razonable" acercar a los presos del 'procés' a cárceles más próximas a sus lugares de origen una vez finalice la fase de instrucción del proceso en el que están inmersos.
La reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, será"a primeros de julio" y ve "razonable" acercar a los presos del 'procés' a cárceles más próximas a sus lugares de origen una vez finalice la fase de instrucción del proceso en el que están inmersos.
En la reunión con Torra, Sánchez ve "fundamental" activar un mecanismo que no se utiliza desde el año 2011, la Comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.
Antes de la reunión de primeros de julio, Sánchez y Torra coincidirán este viernes en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, dado que el presidente del Gobierno estará acompañando al Rey.
Preguntado expresamente por la reivindicación del sector independentista de acercar a Cataluña a los presos del 'procés' que se encuentran en prisión preventiva, Sánchez ha señalado que ve "razonable" atender esta petición para trasladarles "a las cárceles catalanas" una vez que termine el periodo de instrucción de la causa.
El objetivo, ha dicho, es que puedan estar "cerca de sus familiares y de los letrados" que les defienden. "En el momento en que se considere sustanciada la fase en la que están ahora mismo inmersos yo creo que el Gobierno de España podrá tomar la decisión de trasladar los presos a las cárceles cercanas a su domicilio", ha precisado.
Preguntado por un acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, que pide el PNV, Sánchez ha querido separar esta cuestión de la que atañe a los presos del 'procés'. Los presos de ETA, a diferencia de los responsables independentistas catalanes en prisión preventiva, tienen condenas en firme y, como consecuencia, la legislación penitenciaria establece que hay que estudiar los acercamientos de manera individualizada.
"Después del anuncio de disolución de la banda ETA es evidente que tenemos que abordar el fenómeno de otra manera, con una política penitenciaria distinta", ha defendido, antes de pedir al resto de partidos políticos que éste "no fuera un elemento de discordia". "La democracia derrotó a ETA y, en consecuencia, ese pacto habría de preservarse también cuando estamos hablando de cómo aproximarse a la política penitenciaria en relación con la banda terrorista", ha añadido.
Sobre el debate actual en el País Vasco sobre la renovación de su Estatuto de Autonomía, Sánchez ha pedido al nacionalismo vasco a que aproveche las "oportunidades" que ofrecen la sociedad vasca y española del siglo XXI en lugar de centrar de nuevo la discusión en torno a las identidades y el derecho a decidir, en el que no está, a su juicio, la mayoría de la sociedad vasca.
El presidente también se ha referido a la primera crisis de Gobierno que tuvo en su primera semana en La Moncloa, con la sentencia condenatoria al titular de Cultura, Màxim Huerta, ya dimitido, por un fraude a Hacienda.
Sánchez ha indicado que esta crisis pertenece ya al pasado, pero ha admitido que si Huerta le hubiera advertido de los dos fallos judiciales que tenía en su contra a este respecto, probablemente no le habría nombrado ministro.
El presidente ha diferenciado entre la situación de Huerta y la imputación del ministro de Agricultura, Luis Planas, en un caso de riego ilegal de aguas en el que la Fiscalía --única acusación personada-- ya ha anunciado que no pedirá juzgar al ministro porque no hay indicios de que conociera ni participase en los hechos.
A diferencia de la condena por el fraude a Hacienda de Huerta, Sánchez ha señalado que sí conocía la imputación de Planas, pero que éste había dado explicaciones "suficientes" para demostrar que nada tiene que ver con el caso investigado por la justicia.
