FOTOS: EVA MÁÑEZ"Había una trama totalmente organizada y consolidada conocida por todos en la que cada uno defiende tener un territorio", asegura
VALÈNCIA. (EP). La diputada provincial de Esquerra Unida y coordinadora general de la formación, Rosa Pérez Garijo, ha admitido este lunes que haber sido la denunciante del caso Taula ha sido para ella "un suplicio" y lo ha pasado "mal" sintiendo "indefensión" porque "frente al calor de los denunciados está la soledad del denunciante", al tiempo que ha manifestado "no estar satisfecha" con la instrucción que se está haciendo del caso porque considera que hay cuestiones "importantes" que no se están investigando.
"No estoy satisfecha con la instrucción. Hay temas muy importantes como el de las carretas con documentación muy elaborada para investigar y que no se ha abierto pieza ninguna y tampoco por el proyecto de los Leds y otras piezas que tampoco se está investigando", ha señalado.
Pérez se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga el Operación Taula, derivada del caso Imelsa, a la que ha asistido en calidad de denunciante del caso al haber entregado a la Fiscalía siete denuncias. En este sentido, ha explicado que cuando llegó a la corporación provincial en 2011 desde "el primer día" su formación pidió expedientes "de todo tipo" y comprobó "una serie de irregularidades".
Ante esta situación, su grupo estaba preparando una denuncia y en 2014 recibió un pen "con diversa documentación", entre la que se encontraba información relacionada con Imelsa y con gastos del alcalde de Rótova, en la época anterior a la entrada en Imelsa del que fuera su gerente y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos Benavent, con facturas en restaurante de familiares o gastos en trajes no justificados.
Asimismo, en aquel pen había otros 57 audios grabados entre 2005 y 2006 en los que se escucha "claramente a unas determinadas personas" que son el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; Máximo Caturla; Emilio Llopis; David Serra; María José Masip y María José Alcón. Tras escucharlos, ha indicado: "Llegamos a la conclusión de que podía existir una presunta trama que afectaba a las principales instituciones valencianas y a principales cargos del PP".
Así, ha explicado que a lo largo de estos años y, tras recabar la documentación, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción siete denuncias. El primer escrito se presentó el 31 de julio en 2014 el que se facilitó los audios a la Anticorrupción; el segundo y tercero fueron en septiembre de ese año y estaban relacionados con el entramado de empresas de Alfonso Rus; el cuarto fue sobre el proyecto de sustitución de bombillas LEDS; el quinto sobre las adjudicaciones a cambio de comisiones en el Ayuntamiento de València y los dos últimos relacionados con entramados de empresas.
Aunque, ha eludido dar el nombre de la persona que le facilitó esa información que dará en sede judicial, ha considerado que se le entregó a ella porque cuando llegó a la Diputación empezó a pedir expedientes y le empezaron a llegar "varios anónimos". A su juicio, tras años de gobierno del PP en la institución "había ganas de que alguien investigara".
Para Pérez Garijo de los audios se desprende que se trataba de una trama "organizada y estructurada" en la que había un "nexo" que era Marcos Benavent de quien se intuye que es el "recaudador" y por eso "él graba las entregas de dinero". "Me da la impresión de que era como un soldado porque es él quien graba, paga y lleva el dinero", ha indicado para señalar que había "varias familias" dentro del entramado, una de ellas liderada por Alfonso Rus, que era "como un capo", aunque ha eludido dar el número de otras "familias" que había ni quienes formaban parte de las mismas.
"Me da impresión que se pegaban porque cada uno quería tener su parcela. Es lo que oí", ha señalado para considerar, por tanto, que no era un caso "aislado", sino que "todo el mundo sabía y se tomaba con normalidad, por lo menos en la cúpula" del PP lo que sucedía ya que ha detallado que en uno de los audios se llega a decir que "esto es para el partido". Por ello, cree que parte del porcentaje de la financiación ilegal iba al partido y otra parte "a los bolsillos personales".
Respecto a las personas que eran conocedoras de los hechos, ha recordado que en una de las grabaciones se dice que hay que "hablar con Paco para ver cuántas consellerias nos corresponde", pero ha apostillado que "pacos hay muchos". "Mi opinión es que había una trama totalmente organizada y consolidada conocida por todos en la que cada uno defiende tener un territorio", ha resumido.
Asimismo, ha explicado que en otra grabación se habla de las residencias. Eso sí, ha reconocido que ella cuando denunció no era consciente del 'pitufeo' en el Ayuntamiento de València, otra de las piezas en la que están investigados concejales del PP en el consistorio, ni de la relación con el caso Erial, en el que está investigado el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.
Preguntada por si sufrió "presiones" o se ha "sentido perseguida", ha reconocido que le han interpuesto cinco querellas, cuatro de por calumnias e injurias y otra por relevación del secreto, por lo que para ella haber sido la denunciante del caso ha sido "un suplicio" y lo ha pasado "mal".
"Es un suplicio denunciar este tipo de presuntas tramas porque te sientes totalmente insignificante y te das cuenta de quién realmente tiene el poder y lo difícil que es combatir todo un sistema y toda una trama. Desgraciadamente, el poder judicial no está desvinculado del político y los fiscales Anticorrupción son puestos por el Gobierno y no hay separación de poderes que hace que un Estado de Derecho sea real", ha subrayado para incidir en que ha habido una "auténtica situación de indefensión", aunque ha subrayado que "volvería hacer lo que hizo".
En el turno de preguntas del PP, el diputado Fernando Pastor ha mostrado su "disconformidad" por el "inicio de esta comisión" ya que ha criticado que de los 90 documentos que tiene los miembros de la comisión para realizar los trabajos el PP no cuenta con ninguna. "Ustedes tienen prisas y no ganas de investigar", ha espetado al resto de diputados.
El 'popular' le ha recordado que la Audiencia Provincial "la expulsó de la causa como acusación popular al estar investigada en la causa" por los empleados 'zombies', a lo que ella le ha remarcado que eso "no es cierto" y ha explicado que esa pieza se deriva de que había consejeros de Imelsa que trabajan "y no sabían ni lo que era Imelsa", por lo que el juez se interesó por esta cuestión.
"Yo tuve uno durante 14 meses a jornada parcial y era una persona que ha llevado la investigación conmigo y que se dedicó a investigar la causa y me llamaron ver si el mío era zombie o no, algo surrealista porque en Fiscalía estaban cansados de verle la cara porque allí presentamos pruebas de todo tipo", ha subrayado.
Por tanto, ha considerado que había "un gran interés en intentar visualizar que este caso no era del PP cuando esto es un caso del PP". "El fiscal y el juez en ningún momento han puesto en duda mi personación. Quien recurre y llega hasta el final es, entre otros muchoS, Alfonso Rus y otros compañeros del PP que no les venía bien que yo no fuera acusación popular", ha remarcado para insistir en que el juez emite un auto en el que pone los investigados y en el escrito no está su nombre.
