Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA (EP). El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de València Santiago Ballester ha exigido a los ediles de Compromís y el PSPV en el consistorio que "paguen de su bolsillo los 120.000 euros que llevan gastados en la ordenanza de convivencia y civismo" después de conocer que los servicios jurídicos "han tumbado el borrador por segunda vez" por "incurrir en abundantes impactos normativos".
Ballester ha subrayado en un comunicado que un número "importante" de artículos "incurre en incompatibilidad con otras normas jurídicas, duplicidad con conductas reguladas y sancionadas en otras ordenanzas municipales, continuidad en la protección de bienes jurídicos que gozan de protección penal o ubicación conflictiva en la propia ordenanza".
Asimismo, ha alertado de que existen artículos que "contradicen principios constitucionales u otras normas de igual o superior rango", por lo que ha considerado que su mantenimiento en el texto "puede dar lugar a futuras impugnaciones y, en su caso, declaraciones de nulidad". "Se incluye en este supuesto los casos en los que el proyecto de ordenanza entra a regular materias o aspectos para los que no cuenta con cobertura constitucional o legal", ha precisado.
Por todo ello, el concejal 'popular' ha considerado que se trata de "una chapuza más" del Govern del Rialto. "Siete años después del anuncio de la ordenanza de convivencia y civismo, y tres concejales diferentes han tenido que pasar para que finalmente los servicios jurídicos del Ayuntamiento tumben por segunda vez la propuesta de ordenanza por chocar directamente con el ordenamiento jurídico español", ha expresado.
"Sandra Gómez, Anaïs Menguzzato y ahora Aarón Cano han sido los responsables políticos del convenio de colaboración entre la Fundación Policía Local de València y la cátedra Protecpol, que ha costado al Ayuntamiento 120.000 euros para sufragar gastos en taxis, comidas, viajes y ordenadores Mac", ha subrayado.
"Se suponía que esta cátedra iba a ser responsable de la redacción de la ordenanza de convivencia y civismo, y a tenor de los resultados, lo único que ha servido es para que el Ayuntamiento sufrague gastos que no corresponden con el objeto del convenio. Después de siete años y mucho dinero público gastado, València no tiene una ordenanza necesaria. Queda más que demostrado que Compromís y el PSPV no saben gestionar y no están a la altura de la ciudad", ha continuado.