Las nuevas fórmulas de convivencia como el cohousing y la vivienda colaborativa se cuelan entra las promesas municipales que incluyen clásicos como planes de rehabilitación o agilización de licencias de obra
VALÈNCIA. El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las cuestiones troncales en el discurso político. Y es que la evolución sobre el estado de los precios ha acrecentado el interés de los ciudadanos en esta materia. Así, los partidos políticos dedican especial atención en diseñar sus propuestas en este ámbito que van desde bonificaciones en el IBI por la cesión de pisos vacíos para el alquiler social, --otras formaciones recargan este gravamen por el desuso de los inmuebles-- a la creación de empresas e instrumentos para facilitar el acceso de forma más asequible.
Incluso, el impulso a las nuevas alternativas residenciales como pueden ser el cohousing o la vivienda colaborativa tienen su espacio entre las propuestas de las formaciones que concurren a los próximos comicios municipales del 26 de mayo en València. También se incide en 'recetas' recurrentes como son los planes para incentivar la rehabilitación de inmuebles y en atajar problemáticas como la demora en la tramitación de licencias de obra.
En concreto, Compromís defiende las cesiones a 50 años de suelo para la construcción de viviendas mediante el modelo de cooperativas y la construcción de 600 nuevos inmuebles para alquiler con precios asequibles. Además, propone la constitución de una empresa mixta público-privada: el consistorio cederá solares públicos y la mercantil construirá los edificios.
Otras propuestas de la coalición liderada por Joan Ribó pasan por aplicar penalizaciones en el IBI a propietarios que dispongan de viviendas vacías sin estas alquiladas y, por otro lado, bonificar este gravamen en caso de que los particulares decidan cederlo para alquiler social; la redacción de una Plan Integral de Vivienda Municipal y Social dotado de fondos públicos que promueva el alquiler asequible, la covivienda y la rehabilitación; la financiación de nuevos proyectos de cooperativas; un censo de vivienda vacía por zonas en situación de emergencia habitacional y que incluya un plan piloto municipal de vivienda compartida y alquiler público de habitaciones.
Desde Cs hacen hincapié en la eliminación del “tapón” actual de licencias de obras agilizando su tramitación, así como en la construcción de un parque público de vivienda en alquiler de titularidad municipal, tanto para garantizar la vivienda social como la vivienda asequible a través de la concesión de suelo público y la colaboración público-privada para la promoción de viviendas protegidas.
El partido que en la ciudad lidera Fernando Giner, se compromete, asimismo, a bonificar hasta el 95% de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de Naturaleza Urbana de aquellas viviendas cuyos titulares las pongan a disposición del Ayuntamiento para alquiler social, una cuestión que también quieren potenciar favoreciendo la gestión de los arrendamientos en colaboración con cooperativas y sociedades de alquiler.
La rehabilitación también es un eje clave para la formación naranja que plantea para València un plan que establezca áreas urbanas como zonas estratégicas con subvención de proyectos que incluyan la eficiencia energética de las viviendas, la accesibilidad de las mismas, que minimice las cargas fiscales sobre las obras de rehabilitación de las propiedades privadas y que fomente la recuperación de espacios públicos.
Por su parte, el PSPV aboga por un plan de impulso a 4.500 nuevas viviendas movilizadas para reducir los problemas de acceso, especialmente entre jóvenes y clases medias trabajadoras. También, prometen exigir el máximo legal de viviendas públicas y sociales en los nuevos desarrollos de la ciudad y reservar un porcentaje de vivienda pública para atender emergencias habitacionales de personas vulnerables y de mujeres víctimas de violencia de género y su familia.
De igual modo, plantean recargos en el IBI a aquellos propietarios, personas físicas o sociedades que mantengan más de 10 viviendas vacías y fuera del mercado y un plan de rehabilitación vivienda vacía a precio asequible que pasa por la cesión de la gestión en alquiler asequible durante un periodo de entre 3 y 6 años al ayuntamiento que se encargará de rehabilitar el inmueble.
También, afirma que pondrá en marcha un registro de demandantes de vivienda pública y ayudas a la vivienda, en coordinación con el registro autonómico, e implementará un índice de precios de referencia con bonificaciones fiscales del IBI e ICIO a propietarios que ofrezcan sus viviendas a un precio de alquiler de acuerdo con el valor que se fije. Además, impulsará nuevas alternativas habitacionales como el cohousing y la vivienda colaborativa a través de un concurso de suelo público para cooperativas de vivienda en derecho de superficie, fomentará la colaboración público-privada a través de la cesión de suelo público para la promoción privada de vivienda en alquiler asequible y creará una Oficina Municipal de Emergencias Habitacionales (OMEH) que preste servicios de asesoramiento y mediación con el propietario de la vivienda.
Desde el PP liderado por María José Català se proponen convertir la sociedad municipal AUMSA en gestora integral en régimen de alquiler de la totalidad del parque público de viviendas del Ayuntamiento, a precios asequibles en función de las rentas disponibles de los demandantes, así como activar la colaboración público-privada en la promoción de viviendas protección pública para “contener los precios de alquiler y venta”; la creación de una oficina informativa para propietarios de edificios y solares sin uso con el fin de agilizar su puesta en marcha. También apuestan por la rehabilitación de edificios de uso residencial en zonas singulares o con planes especiales de protección y ayudas para incentivar la compra de viviendas de menores de 35 años.
Unides Podem se incide en el aumento de los recursos humanos, la reducción de trabas burocráticas y la optimización de los recursos tecnológicos para agilizar la tramitación de las licencias municipales, con especial atención a las licencias de obra y actividad; la rehabilitación municipal de viviendas privadas a cambio de su puesta a disposición para alquiler asequible y la construcción de un parque público municipal de vivienda social y asequible.
"Se desarrollará una estrategia integral para disponer de un parque público municipal de vivienda social y asequible destinado al alquiler. Para ello se recurrirá tanto a la compra de vivienda de segunda mano, a la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal y, en último término, a la promoción propia", indica en su programa la formación morada que remarca que dedicará un 30% de las viviendas procedentes de obra nueva o rehabilitación integral a vivienda asequible.
Asimismo, defiende una modificación PGOU para incluir artículo que determine que cada figura de planeamiento que pretenda generar construcción de viviendas contemplará que un tanto por cien del total, no menor al 30, serán viviendas sociales y un tanto por cien del total, no menor del 20, se destinarán al mercado de alquiler, pudiendo concurrir en una misma vivienda la pertenencia a ambos requerimientos.
Finalmente desde Vox inciden en esta materia en la agilización de la concesión de licencias "implementando los procedimientos precisos".