José Ramón Tíller y Agustina Brines, ex cogerentes de Divalterra. Foto: EUROPA PRESSEl abogado y síndic del PSPV Manolo Mata reprocha que la denuncia que inició la investigación fue realizada por personas que incumplieron la ley en la etapa anterior de Divalterra y acudieron a la Justicia para "blindar" su posición personal como "intocables"
VALÈNCIA. Varios de los procesados del caso Alquería han presentado ya sus respectivos recursos contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez contra el expresidente de la Diputación de Valencia y otros 14 cargos. Los presuntos delitos que se atribuyen a los investigados son los de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por una contratación "simulada" de un total de nueve directivos en la empresa pública Divalterra entre noviembre de 2015 y febrero de 2018. Algo que conllevó, de acuerdo con el magistrado, un posible desvío de 1,12 millones de euros de fondos públicos "en favor de unos particulares" y "por puros intereses de índole partidista" en el reparto de cargos entre las dos formaciones en el poder: PSPV y Compromís.
En sus recursos ante el mismo juzgado, los acusados alegan falta de fundamento de los hechos atribuidos, indefensión y piden el sobreseimiento de la causa para ellos. Por el momento, no constan los de algunos de los principales investigados, como Jorge Rodríguez o Ricard Gallego, que tal vez los presenten directamente ante la Audiencia Provincial.
Así lo ha hecho precisamente la exgerente de Divalterra Agustina Brines (Compromís), cuyo abogado únicamente ha remitido un escrito en el que muestra su "más profunda discrepancia" con el contenido del auto, tanto en los hechos narrados como en la calificación jurídica, al entender que "se han conculcado derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva".
Especialmente destacado es el recurso redactado por el portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, quien ejerce la defensa de uno de los acusados, Víctor Jiménez, después de que el juez decidiera sobreseer para otro, Lucas Ferrando. En él critica duramente a los denunciantes iniciales del caso, José Luis Castellote y José Luis Pellicer, responsables de los departamentos financiero y jurídico de Imelsa –posteriormente renombrada como Divalterra–.
"Llama poderosamente la atención", señala, que gran parte del auto del magistrado se base en el testimonio de ambos, cargos "procedentes de la nefasta época anterior, contratados por Marcos Benavent –exgerente de Imelsa y uno de los principales cabecillas del caso Taula, ahora colaborador con la justicia–, a los que se les fijó arbitrariamente unos elevados emolumentos". Mata realiza un símil con la "querella catalana", una expresión del ámbito jurídico que alude a cuando alguien interpone una demanda penal consciente de que no tiene mucho fundamento con el objetivo de intimidar al demandado. Así, señala que se podría acuñar la de "denuncia valenciana", aquella que "formulan personas que flagrantemente incumplieron la ley, se asentaron en una empresa pública a la que accedieron por mecanismos perversos, cerraron los ojos a los desmanes producidos y, a fin de blindarse y consolidar suposición, formulan una denuncia que es bien acogida por la Fiscalía y un juzgado, blindando su posición personal y pasando a ser 'intocables' por los nuevos responsables de la empresa".
La "clave", comenta, está "en cómo evitar un elevadísimo dispendio en despedir a empleados con contratos indefinidos, contratados arbitrariamente en una época anterior, en la que se produjo el saqueo de la empresa, mediante contratos que no supusieran un alto coste y que permitieran supervisar a aquellos que permanecían en ella desde la peor época de la misma, con contratos de alta dirección". En el recurso también indica que el juez, en su resolución "no efectúa la más mínima distinción ni descripción de las conductas de manera individualizada y le resulta absolutamente indiferente si se trata de directivos de la empresa, de funcionarios públicos o no, o de personal externo que carece de funciones".
Además, critica que el procedimiento "sataniza los cargos designados por confianza o por militancia en el ámbito de la política". "Parece que tal cuestión es sólo reprobable para la política, pero no por ejemplo para las asociaciones judiciales", indica. "La confianza y la afinidad política pueden tenerse en cuenta junto con la cualificación, los méritos, la capacidad de trabajo, el sacrificio o muchos otros valores en que quien designa sólo pretende que el designado lo haga de la mejor manera posible, sea honrado y un buen gobernante", añade.
El recurso de otro de los principales investigados, el del secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra Jorge Cuerda, remarca que no participó en ninguno de los hechos investigados: ni en la nueva estructura de Divalterra, ni en la clasificación de la empresa ni en las contrataciones realizadas. Niega, igualmente, que hubiera hasta once informes en contra de los nombramientos de los altos directivos.
