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VALÈNCIA (EP). La reforma del subsidio por desempleo elevará el coste hasta los 4.766 millones de euros y beneficiará a 1.770 personas menos en su primer año de aplicación, según consta en la memoria económica del decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press.
La cifra de los 4.766 millones supone un incremento de 79 millones con respecto al sistema anterior. En términos mensuales, la reforma supone un coste para el Estado de 397,15 millones de euros, lo que supone 6,6 millones más con respecto al diseño anterior de los subsidios.
En lo que respecta a las personas beneficiarias del conjunto de los subsidios, el Gobierno estima que pasará de 816.921 a 815.151 en el primer año de aplicación, a 777.553 en el tercer año y a 779.131 en el quinto año.
Para los cálculos, el Gobierno ha tomado como referencia la situación actual de los datos de media mensual en 2023, cuando el gasto de subsidios, del Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) y la Renta Activa de Inserción (RAI) ascendió a 390,5 millones de euros al mes.
Con la reforma se suprimen la RAI, el SED y los subsidios de liberados de prisión y revisión de invalidez, pero se incluye un nuevo subsidio para menores de cuarenta y cinco años sin responsabilidades familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva y otro para víctimas de violencia de género o sexual.
También se elimina la discriminación por edad en la duración del subsidio por agotamiento de prestación contributiva y se modifica la cuantía del resto subsidios, excepto el de mayores de 52 años. Así, el subsidio pasa a ser el 95% del IPREM en los seis primeros meses, del 90% en los seis meses siguientes y del 80% en el resto de meses. Eso sí, estas reglas aplicarán "únicamente a las nuevas incorporaciones".
"El gasto estimado será de 397,15 millones de euros mensuales, lo que supone un aumento de 6,6 millones euros al mes y 79 millones de mayor gasto el primer año", dice el Ejecutivo en la memoria del impacto presupuestario. Asimismo, apunta que en el tercer de año de aplicación la situación cambiará y habrá un ahorro de tres millones de euros al mes y de 36 millones de euros al año. Para el quinto año se estima un ahorro mensual de 2,3 millones de euros y de 27 millones al año.
De esos 397,15 millones de euros de gasto que se producirán en el primer año de la aplicación de la reforma, el 52% del coste corresponde al subsidio para las personas mayores de 52 años, que cada mes supone un desembolso de 207,5 millones de euros.
Este subsidio ha sido el que ha suscitado una mayor atención, pues el Ministerio de Trabajo rebajó su base de cotización en una primera reforma que decayó en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Podemos, formación esta última que denunciaba el "recorte" que implicaba esa menor base de cotización.
Finalmente se ha mantenido la base de cotización para las 434.864 personas que se benefician de ese subsidio y que seguirá manteniendo el nivel de gasto actual, que en términos anuales asciende hasta los 2.490 millones de euros.
Por otro lado, el nuevo subsidio para menores de 45 años con responsabilidades familiares tendrá un coste mensual estimado de 14,46 millones de euros, a razón de 476 euros para 30.411 personas.
Una de las novedades que introduce la reforma es el complemento de apoyo al empleo, que se configura como una fórmula de compatibilidad con la prestación por desempleo en los momentos iniciales del subsidio que podría beneficiar a cerca de 430.000 personas.
El Gobierno especifica que se beneficiarían de este complemento unas 38.000 personas que perciben una prestación contributiva y que lo percibirían entre los primeros diez y doce meses.
A partir del decimotercer mes se beneficiarían 160.000 personas, de las cuales más de la mitad, dice el Ejecutivo, se reincorpora a un trabajo. Las 230.000 personas restantes percibirían el complemento por cotizaciones insuficientes a partir del primer trimestre o por agotar la prestación contributiva menor de un año.
El Ejecutivo calcula que esta nueva figura permitirá acelerar la reinserción laboral y supondrá un ahorro fiscal de 214 millones de euros por la reducción del gasto que implicará en las prestaciones contributivas y en los subsidios asitenciales. Al margen del impacto en transferencias sociales, la introducción del complemento reduciría el gasto en políticas activas de empleo en 192 millones de euros al año.