Joan Llinares y Gabriela Bravo. Foto: GVAVALÈNCIA. Tirón de orejas de la Agencia Antifraude a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo por la gestión que ha llevado a cabo el Protectorado de Fundaciones -dependiente de este departamento del Consell- respecto a Favide, la Fundación de Atención a las Víctimas del Delito que debería haberse extinguido hace ya cinco años.
El órgano que dirige Joan Llinares emitió la semana pasada una dura resolución sobre la citada fundación a raíz de una denuncia interpuesta en 2018. En ella no solo se alertaba de que el organismo no estaba rindiendo cuentas en tiempo y forma desde hacía años, sino que también se señalaba al Protectorado de Fundaciones que gestiona Bravo de no actuar ante las "irregularidades" que en ella se estaban cometiendo.
La denuncia dio pie a que la Agencia abriera una investigación en septiembre de 2020 para verificar los hechos que se denunciaban y ahora, no solo ha ratificado los hechos, sino que también insta a la Conselleria de Justicia a resolver todas las deficiencias en su actuación durante toda la legislatura anterior y la actual.
Entre ellas, por ejemplo, que el Protectorado que preside no haya instado "en ningún momento" al patronato de Favide a iniciar su proceso de extinción, liquidación y baja registral, tal y como le obligaba el decreto aprobado en 2016 por el Consell del Botànic. En su lugar, la Agencia censura que el órgano que lidera Bravo únicamente trasladase este requerimiento después de conocer que Antifraude había iniciado una investigación al respecto en 2020.
Pero para entender el embrollo, hay que remitirse casi a 2012, cuando el Consell de Alberto Fabra aprobó un Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración de Sector Público por el que autorizaba la extinción de Favide. Algo que nunca llegó a cumplirse mientras gobernaron los populares.
Sin embargo, el incumplimiento por parte del patronato ha continuado en las dos legislaturas del Botànic, dado que además del Plan Estratégico de 2012, PSPV y Compromís aprobaron un decreto de 2016 por el que se creaba la Red de Oficinas de Víctimas de Delitos que obligaba también al cierre de la antigua fundación en noviembre de ese mismo año.
La Agencia constata ahora en su resolución que a día de hoy sigue sin producirse. "Según la documentación que tiene la Agencia Antifraude, no se ha adoptado acuerdo para su extinción, ni liquidación", recoge el expediente que, además, recalca que la fundación sigue ejerciendo actividad y que la Generalitat dotó en los Presupuestos de 2020 con 1,4 millones de euros a la misma.
Así, Antifraude afea al Protectorado de Fundaciones que dirige Bravo no haberse dirigido en todos estos años a la Favide para remitirle "recordatorio alguno relativo a la obligación de adoptar el acuerdo para su extinción, liquidación y baja registral". Pero no es la única amonestación que le hace al departamento de Justicia.
En la resolución, Llinares también reprocha que, "dado que la Generalitat es fundadora, gestora y órgano fiscalizador de su propia actuación", no haya exigido en ningún momento al patronato de la citada fundación que cumpliera con sus obligaciones de presentar sus cuentas anuales a tiempo. No en vano, es un deber que llevan incumpliendo desde años.
Así, de 2004 a 2012 se presentaron algunas cuentas fuera de plazo -los estatutos obligan a hacerlo antes de que finalice el mes de mayo del año siguiente al ejercicio en cuestión-, pero todas fueron aprobadas. Sin embargo a partir de entonces la práctica totalidad lo han hecho fuera del periodo establecido para ello. Las cuentas de 2013 fueron aprobadas por el patronato, pero el Protectorado de Fundaciones no las presentó hasta 2015 y fueron inscritas en el registro en 2017, "con más de tres años de retraso del ejercicio económico".
Las cuentas de 2014 a 2016, por su parte, fueron aprobadas en 2020, también fuera de plazo y el Protectorado las aprobó una vez conoció que Antifraude había abierto una investigación "habiéndose incumplido todos los plazos previstos en la legislación vigente y en lo estipulado en los propios estatutos fundacionales".
Respecto a las de 2017, aunque se aprobaron en 2018 por el patronato, el Protectorado que dirige Bravo las depositó en el Registro de Fundaciones en 2020, de nuevo iniciada la investigación del órgano que dirige Llinares. Y con las del año 2018, ocurrió lo mismo; que se aprobaron en 2020.
Con todo, la Agencia concluye que la Conselleria no ha instado a que esta fundación inicie su extinción y tampoco le ha solicitado que presente sus cuentas a tiempo. Asimismo, también le recrimina que no pidiera hasta el ejercicio pasado la justificación de por qué la Fundación aprobó un aumento de dotación presupuestaria en 2015.
De esta manera, Antifraude exige a la Conselleria de Justicia a "reactivar la tramitación del expediente de propuesta de acuerdo del Consell para instar al procedimiento de redimensionamiento e integración en la Administración de Favide" y posteriormente "proceda a su extinción". Un trámite del que Bravo deberá informar a la Agencia de Llinares en el plazo máximo de tres en qué estado se encuentra.
Por otra parte, también le urge a que requiera al resto de consellerias cuyas fundaciones incumplan la obligación de presentar las cuentas a tiempo a hacerlo. Además, pide a Favide, que durante seis años ha incumplido la obligación de reunirse dos veces al año, a que presente el "acuerdo de aumento de dotación fundacional por importe de 240.000 euros adoptado en diciembre de 2015".
