VALÈNCIA. El tiempo pasa y sigue sin haber nada claro sobre la mesa a tres meses de las elecciones en cuanto a la regulación del 'sharing' en València. Tal y como se presentan los plazos en el Ayuntamiento, su aprobación final se antoja más allá de las elecciones del 26 de mayo. Así lo prevén también en la concejalía de Movilidad Sostenible que dirige Giuseppe Grezzi: los tiempos no dan para que estos servicios se implanten antes de la época estival.
Las empresas interesadas, dedicadas al 'sharing' no sólo de patinetes sino también de motos y coches, han denunciado en numerosas ocasiones la lentitud en la adaptación del Ayuntamiento a las nuevas realidades de movilidad, la falta de normativa sobre su actividad, que ya se ejerce con normalidad en otras ciudades como Madrid y Barcelona. Incluso algunas han amenazado con desistir. Aunque en el Ayuntamiento insisten en que el trabajo continúa para hacerlo posible, no parece que haya nada preparado.
En efecto, el 'sharing' es una actividad de complejo enmarque en una gran ciudad como València. El alcalde de la capital, Joan Ribó, ya avanzó a este diario sobre los coches compartidos que su introducción no iba a ser sencilla: "No tendríamos inconveniente si sus aparcamientos fueran en subterráneo, pero localizar unas zonas en superficie para ello nos supondría un problema por la escasez de plazas". Con estas palabras, el primer edil ya ponía sobre la mesa algunos problemas prácticos. Tampoco la concejalía de Movilidad ha mostrado efusivo interés por regular el sector. Entre esta y la de Espacio Público permanece encallado el proceso.
El primer paso necesario para la regularización de los patinetes eléctricos, una modalidad de vehículos de alquiler, era la aprobación de una nueva Ordenanza de Movilidad que sustituyera a la existente. Tres años pasaron desde que en 2015 Grezzi la anunciara para que, a finales de 2018 y tras la crisis con la empresa Lime, el edil se apresurara a sacar un primer borrador del nuevo texto. En diciembre se dio luz verde en Junta de Gobierno y se ratificó en Pleno, y ahora se encuentra en el periodo de recogida de alegaciones. Deberán ser respondidas, para después llevar de nuevo el texto al pleno y dar pie así a que sea aprobado definitivamente.
Pero hay más pasos. El primero, también tarea de la delegación de Movilidad Sostenible: elaborar unos informes acerca de cuántos vehículos de alquiler puede absorber la ciudad sin saturarse. Estos, cuya elaboración se anunció en otoño de 2018, todavía no se han emitido. Al menos, no se tiene constancia pública de ellos. El segundo paso concierne a la delegación de Espacio Público, que dirige Carlos Galiana. Con los datos en la mano, tal y como explicó este edil a Valencia Plaza, se procederá a evaluar cuántas peticiones de compañías existen. "Si caben 1.000 patinetes y hay 2.000 peticiones, tendremos que sacar un concurso público", ejemplificó. Si las empresas operarán tras un concurso público, mediante licencias o en virtud de concesiones, es una decisión que todavía no se ha comunicado, pero lo cierto es que un concurso público alargaría todavía más los plazos. Aún así, fuera cual fuera la fórmula, Galiana ya avisó durante la entrevista: "No es una cosa rápida".
Sabido esto, sería necesario, según explicaron otras fuentes municipales, la modificación de la normativa municipal de ocupación de vía pública, dependiente también del edil de Compromís. Y más tarde, entraría en juego la concejalía de Hacienda, que dirige el socialista Ramón Vilar, quien preguntado en numerosas ocasiones al respecto, ha explicado que su trabajo, el de aplicar unas tasas a estas actividades, es el último de toda la cadena, y que está en disposición de aprobarlas el mismo día en que se cumplimenten todos los pasos previos. De hecho, Vilar ya ha anunciado las cábalas que en su concejalía hacen sobre el importe de estas tasas, que ascenderían a 25 euros anuales por patinete, 60 por moto y 360 por coche. Cifras todas ellas susceptibles de cambiar, tal y como se esmeraron en subrayar en el área, a la espera de la documentación que ofrezca Movilidad y Espacio Público.
Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento se ha estado reuniendo con distintas empresas del sector de los vehículos compartidos de alquiler, si bien todavía no hay ningún avance reseñable. Todas ellas están a la espera de que el consistorio dé fin a este largo camino. Con todo, las previsiones en Movilidad son que hasta junio, o incluso septiembre de 2019 no se puedan implantar los servicios de vehículos compartidos. Una fecha que va más allá de las elecciones municipales, cuando se tenga que conformar un nuevo ejecutivo local, quizá con nuevos equilibrios y un reparto diferente de las delegaciones, y quién sabe si con otros colores al frente.
Por ahora, la empresa de patinetes Lime ya está tramitando el inicio de sus operaciones con un proyecto piloto en La Marina de València. También la empresa valenciana de coches compartidos CarGreen ha intentado poner en marcha un proyecto piloto con sus vehículos en la ciudad pero este, por su parte, sigue frenado por el Ayuntamiento.