La consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Desde que se constituyó el Botànic II, la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez ha centrado su actividad especialmente en el ámbito de la memoria democrática. Para diferenciarse de su predecesor, también ofreció mayor prioridad a la participación que a la transparencia -de hecho, invirtieron la denominación de la cartera- y, ahora, en plena pandemia de la covid-19, la también líder de EUPV en la Comunitat Valenciana se ha fijado uno de los objetivos legislativos más ambiciosos del mandato: reformar el Estatuto de Autonomía.
La responsable del departamento se citó este jueves con representantes de los grupos parlamentarios del Botànic II en Les Corts Valencianes para trasladarles su pretensión. Una cita que tuvo lugar tras la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, y que contó con pocos asistentes.
La intención de la Conselleria, según fuentes consultadas por este diario, es abrir el melón de la reforma de la Carta Magna valenciana, si bien el objeto concreto todavía no está definido. Es decir, la cartera de Pérez no planteó a los grupos del tripartito la modificación de un apartado determinado del Estatut. Su voluntad obedece, según trasladan a Valencia Plaza, a que en los últimos meses las universidades valencianas han instado a la Conselleria de forma "constante" a "modernizar" algunos artículos que se encuentran "desfasados porque tienen ya más de 40 años".
No obstante, en la citada reunión la consellera no apeló a ninguno de ellos, sino que su deseo es que los cambios sean propuestos en un proceso participativo por expertos como en su día se hizo con la reforma de la Ley Electoral Valenciana, de manera que sean ellos los que determinen qué partes de la Carta Magna se habrían quedado anticuados. Así, cabe apuntar que la modificación de la LEV fue elaborada por el Botànic en la legislatura pasada tras una larga fase de participación en la comisión de Coordinación de Les Corts.
La propuesta, por el momento, no ha despertado especial entusiasmo en sus socios de Gobierno. Bien por falta de concreción -varios asistentes coincidieron en que parece más bien una idea que un proyecto-, porque el tiempo que requeriría una reforma de este calado convierten el plan en un propósito a largo plazo inviable de acometer en esta legislatura o porque no consideran que sea el momento, en plena pandemia, de abordar una iniciativa así.
No en vano, implicaría en primer lugar que se realice un proceso de participación como pide Pérez que puede dilatarse meses, se presente la iniciativa a Les Corts y sea aprobada por dos tercios del Parlamento, se traslade como proposición de ley al Congreso de los Diputados para que se estudie en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, que sea aprobada por las Cortes Generales y que el Estado autorice a la Generalitat a convocar un referéndum para su ratificación. Siempre y cuando, eso sí, no se introduzcan modificaciones, en cuyo caso deberá volver a Les Corts para ser aprobado finalmente.
Otro de los factores que generan dudas entre los socios de Gobierno son las mayorías requeridas. Actualmente, PSPV, Compromís y Unides Podem cuentan con 52 diputados, pero para que la reforma en la que trabajasen fuera remitida al Congreso requerirían nada menos que 66 diputados. Es decir, que el tripartito necesitaría a Ciudadanos, con 18 diputados, o PP, que cuenta con 19 parlamentarios. Un escenario especialmente complejo.
Con estos mimbres, en caso de abordarse finalmente esta reforma, lo que parece más claro es que deberá nacer del Parlamento valenciano, dado que según fuentes consultadas por este diario, la pretensión de Pérez no ha sido consensuada en el Gobierno valenciano.
