Foto: GUILLERMO LUCASVALENCIA. La Conselleria de Sanidad hizo caso omiso entre 2013 y 2015 de recomendaciones de la Sindicatura de Comptes sobre los conciertos de resonancias magnéticas y hemodiálisis que, de haber seguido, habrían supuesto un ahorro de hasta 87 millones de euros.
Así se desprende del Informe de seguimiento elaborado por la Sindicatura de Comptes sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones que hizo este organismo en las auditorías operativas de los conciertos de hemodiálisis (2012) y resonancias magnéticas (2013).
El documento fue entregado este jueves en Les Corts y en él se aprecia que en el caso de las resonancias magnéticas no se ha hecho prácticamente nada y en el de hemodiálisis sí se han seguido bastantes recomendaciones, pero no las económicamente más relevantes. VER INFORME COMPLETO (.PDF)
Sobre las resonancias magnéticas, el informe de 2013 afirmaba que la Generalitat se podría ahorrar hasta 16,7 millones de euros anuales si prestase el servicio con medios propios en lugar de tenerlo concertado con la UTE Erescanner Salud, controlada por el grupo Eresa, el imperio empresarial de Vicente Saus. (ver reportaje "Nadie controlaba a Eresa", la revista Plaza)
Y aunque ese informe contenía recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Sanidad tendentes a reducir en lo posible el gasto, nadie del anterior equipo de la Conselleria hizo caso, y las medidas que ha podido tomar la actual consellera, Carmen Montón, todavía no se han notado. De hecho, el trabajo de campo acabó en diciembre de 2015 y las primeras medidas se han tomado ya este año.
El Informe de seguimiento afirma que "en relación con el concierto de resonancias magnéticas, el grado de implantación de las recomendaciones ha sido bajo, ya que la mayoría de ellas no han sido implementadas por la Conselleria de Sanidad".
Es más, según el organismo que dirige Rafael Vicente Queralt, "el volumen de actividad en la realización de exploraciones en los dos hospitales públicos que disponen de equipos propios de resonancias magnéticas (Sant Joan de Alicante y Dr. Peset de Valencia), siguen manteniendo plenamente válidas las conclusiones que en relación con los costes del concierto y con los ahorros potenciales se indicaron en el informe emitido en julio de 2013".
Entre los protocolos para tener un mínimo control sobre la empresa concertada que no se cumplen figura, por ejemplo, el siguiente: "Se comprueba que hay una correspondencia entre el contenido archivado en los sistemas de información del hospital (ORION RIS, PACS, historia clínica) y el estudio realizado según la información facilitada por la empresa concertada". De un total de 18 hospitales públicos, sólo en La Fe y el hospital de Gandia se comprueba.
Vicente Saus, presidente de Eresa. Foto: GUILLERMO LUCASO este: "Se comprueba la correspondencia realizada por la empresa concertada entre el estudio realizado y su equivalencia en términos de conceptos de facturación (simple, doble, triple, especial...)". Sólo se comprueba en cuatro hospitales: La Fe, Arnau de Vilanova, Gandia y Dr. Peset.
O un último ejemplo, aunque hay bastantes más: "Existe un control adecuado sobre la realización de exploraciones a pacientes ajenos al sistema sanitario público utilizando los equipos de la empresa concertada instalados en el propio hospital". Son 13 los hospitales habilitados para estas exploraciones y ninguno tiene un control adecuado.
Otra de las recomendaciones no seguidas es la de la implantació del Modelo C del contrato, que consiste en que los radiólogos que informan de la prueba son de la sanidad pública, al contrario que ocurre con el Modelo A, en el que los radiólogos son de Eresa, Inscanner o Beanaca, tres de las empresas integrantes de la UTE Erescanner Salud.
Según el informe, la implantación del Modelo C sigue estando muy limitada. El Modelo C, al que se resiste Erescanner Salud, permite ahorrar y, al mismo tiempo, formar a los radiólogos de la sanidad pública con vistas a la recuperación del servicio cuando acabe el contrato en 2018.
Respecto al Modelo C, la actual responsable de la Conselleria, Carmen Montón, sí ha tomado medidas para implementarlo en más hospitales, aunque ha advertido de que el proceso será lento.
Por el contrario, en el concierto de hemodiálisis "el grado de implantación de las recomendaciones ha sido alto, ya que excepto dos, todas las demás han sido implementadas por la Conselleria de Sanidad". No obstante, una de las recomendaciones no seguidas es la más costosa en términos de gasto, la de no hacer una nueva licitación cuando tocaba. Si se hubiese hecho así, el ahorro habría sido de 37,2 millones.
La Sindicatura basa este cálculo en un expediente administrativo iniciado en enero de 2014, que tenía por objeto contratar el servicio público de hemodiálisis en centros privados para el tratamiento de pacientes en régimen ambulatorio. Éste fue paralizado en febrero de 2015 por falta de crédito presupuestario y por no disponer del informe favorable de la Abogacía de la Generalitat.
Sesión de hemodiálisis en el Hospital General de Valencia. GVAEn caso que se hubiera licitado oportunamente y se hubiera adjudicado a los precios máximos previstos en los pliegos, y de acuerdo a las hipótesis tomadas en el estudio, la facturación por las prestaciones recibidas en el periodo 2010-2015, se podría haber reducido en, al menos, 5,7 millones de euros anuales. A esto, suma, que entre 2012 también ha aumentado el plazo medio transcurrido entre inspección e inspección de un mismo centro de diálisis, que ha aumentado hasta los 29 meses frente a los 19,9 meses de plazo medio entre 2002 y 2011.
El trabajo del Informe de seguimiento consistió en revisar la situación contractual de los conciertos de hemodiálisis y resonancias magnéticas, el control de las prestaciones, tanto el ejercido por la inspección de la Conselleria de Sanidad, como por los propios departamentos de salud. Así mismo, se ha analizado el coste de las prestaciones relativas a octubre de 2015, y se han revisado otros aspectos relacionados con las recomendaciones que se efectuaron en los informes de 2012 y 2013.
Este informe es el tercero que se realiza sobre conciertos sanitarios y se enmarca dentro del plan estratégico de la Sindicatura de Comptes, que contempla no solo impulsar las fiscalizaciones operativas orientadas a aportar aspectos de mejora en la gestión de los recursos públicos, sino también el de efectuar un seguimiento del grado de implantación de las recomendaciones que se efectúan en los informes que se emiten como consecuencia de estas fiscalizaciones.
