La consellera Ana Barceló, con Manuel Llombart (izq) y Alfred Boix el pasado 14 de diciembre. VPVALÈNCIA. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha vivido su primer desencuentro desde su creación en enero de 2016. El detonante ha sido una queja presentada por el asesor del PP en el Ayuntamiento de València Luis Salom, que acusaba a Ana Barceló, consellera de Sanidad, de ocultar deliberadamente reuniones relevantes en la agenda oficial de la conselleria.
La queja fue rechazada por los tres miembros elegidos por PSPV, Compromís y Podem, mientras que los dos consejeros propuestos por PP y Cs emitieron un voto particular para argumentar su discrepancia con la resolución, aprobada el 26 de septiembre. Nunca hasta ahora las resoluciones del Consejo de Transparencia, que cada año se cuentan por centenares, habían llevado aparejada una discrepancia de alguno de sus integrantes.
La queja de Luis Salom se sustenta en una información publicada en Valencia Plaza ilustrada con una foto de la consellera Ana Barceló en un restaurante de la Alameda de València comiendo con Manuel Llombart, director general del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), con el socialista Alfred Boix –ahora en Presidencia como Secretario Autonómico de Promoción Institucional– y , aunque no salía en la imagen, con el periodista y consejero de Aguas de Valencia, Jesús Civera. Esta cita que no figuraba en la agenda pública de la consellera Barceló.
Días más tarde, Sanidad y el IVO firmaron un acuerdo para regularizar los pagos atrasados que la Conselleria arrastraba desde el enfrentamiento que la fundación médica oncológica tuvo con la anterior consellera de Sanidad, Carmen Montón.
El Consejo de Transparencia tumba la petición de Salom al considerar que su reclamación se basa en una nota de prensa "sin sustentar ni basar su queja" en lo asegurado en esa nota. Consideran que la nota no tenía veracidad probatoria, por lo que deciden analizar esa información.
En la resolución señalan que la noticia –publicada como VP Confidencial– va sin firmar y versa sobre una "hipotética" comida celebrada el 14 de diciembre en un restaurante de València. Y en el que "en la foto se ve a la Honorable Consellera Ana Barceló Chico y a dos señores de espalda y por tanto de difícil identificación", en referencia a Llombart y Boix, obviamente.
Además, en sus alegaciones, la Conselleria negó que se hubiera incumplido la ley de Transparencia al manifestar que "las reuniones de los altos cargos de la Conselleria se mantienen en las dependencias propias de la Conselleria o de los centros públicos que dependen de ella y que se pueden producir reuniones no programadas, y dar revelancia y la información que proceda".
El Consejo, con todos esos elementos, rechaza la susodicha queja porque no hay pruebas de que se produjeran los hechos que se denuncian por Salom y que si "se hubieran producido verdaderamente los hechos que se denuncian, evidentemente hubieran tenido una indudable relevancia pública, y que por lo tanto, las alegaciones de la Conselleria hubieran debido tener más concisión respecto a las obligaciones de la normativa".
La comida se produjo. Como otra reunión anterior que desvelaba El Mundo y que se desarrolló el pasado 3 de enero. En esa ocasión Barceló se reunió con el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, para hablar de la reversión de área de salud de La Marina. La reunión se celebró en la sede de la Conselleria y a ella asistió el entonces subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos. La cita no figuraba en la agenda pública de ninguno de los dos altos cargos.
La resolución viene acompañada por los argumentos utilizados por los vocales Carlos Flores y Lorenzo Cotino que emitieron un voto particular en el que discrepaban de la resolución.
Consideran ambos que la información periodística ofrece con todo lujo de detalles lo ocurrido tanto en la comida como en la reunión con de Rosa, dejando perfectamente concretado el objeto de la reclamación presentada, incluso concretados en el tiempo y el espacio. Entienden que teniendo esos medios una reconocida solvencia, es insostenible concluir, como hace la resolución, la imposibilidad de que esta sea considerada como una prueba fehaciente.
Apoyan esas afirmaciones al asegurar que la Conselleria tuvo la oportunidad de desmentir, matizar o justificar la información y no lo hizo.
Concluyen los contrarios a la resolución asegurando que esos encuentros con dirigentes de Ribera Salud y el IVO están estrechamente relacionados con el ámbito de responsabilidad de la Conselleria, en un momento en el que había temas objeto de relevancia política, y que debido al Código de Buen Gobierno de la Generalitat, la agenda de las personas sujetas a ese Código, deberá incluir, entre muchas expuestas, las reuniones de carácter político o institucional con agentes externos y que sean de especial relevancia.
Sobre todo tras constatar que una resolución del Consejo Estatal de Transparencia considera que las reuniones como las que mantuvo Barceló, siempre y cuando no sean por su esfera privada, deben tener el caracter de información pública.
