Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Durante el pasado año, la situación del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) tomó un ambiente tenso ante los numerosos despidos de trabajadores temporales que, en muchos casos, se encontraban en fraude de ley. A principios de 2019, el comité de empresa del centro denunció ante la Inspección de Trabajo la dramática situación a nivel laboral: solo había cinco contratos indefinidos a pesar de tener más de 300 empleados.
Trabajadores que habían ido encadenando contratos temporales durante años y que, según entendían desde el área sindical, debían convertirse en indefinidos por su naturaleza. De éstos, según estimó la Inspección, al menos 62 se encontraban en fraude de ley entre administración y plataformas y, de hecho, prácticamente medio centenar fueron despedidos al entender la gerencia que solo podían convertirse en indefinidos por sentencia judicial.
Una decisión que puso en compromiso investigaciones y tensó el funcionamiento del centro, agravado por la falta de gerencia durante algunos meses y que ralentizó la situación del instituto en cuestiones tan básicas como la adquisición de material. Ahora, tras decenas de despidos y la extensión de plazos debido a la pandemia del coronavirus, empiezan a salir las primeras sentencias a favor de los trabajadores despedidos.
Entre éstas se encuentra una periodista que prestaba sus servicios en la fundación desde noviembre de 2016. El contrato se realizó bajo la modalidad de contrato temporal de duración determinada con la misión de poner en marcha la Unidad de soporte en comunicación y marketing del IIS La Fe con una duración de doce meses susceptible de ser ampliada en función del mantenimiento del proyecto y de la disponibilidad económica de éste.
Esta licencia en Ciencias de la Información era coordinadora del área de Comunicación y Difusión de la Ciencia, teniendo a su cargo a dos personas: un administrativo y un técnico en formación. No obstante, era la única periodista de la Fundación y sus funciones formaban parte de la gestión y la estructura fija de la misma. Un área estructural en las mismas condiciones que las áreas económica, legal o de recursos humanos.
En este sentido, el auto se hace eco del informe de la Inspección de Trabajo en el que ya se consideró que el contrato temporal de la demandante estaba en fraude de ley. "La actora estaría prestando unos servicios que lejos de ser ocasionales, puntuales o aislados, en realidad obedecen a necesidades permanentes y estructurales en la fundación. Incluso cita como prueba que la trabajadora sea responsable y adjudicataria del proyecto de investigación "Tu hospital investiga" financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) y cuyo plazo de ejecución termina en junio de 2020.
Ante la situación, el juzgado ha decidido declarar nulo el despido con fecha de 2 de noviembre de 2019 y readmitir a la trabajadora, aunque cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Según el informe de la Inspección, el instituto cuenta con 9 áreas de investigación que a su vez incluyen 49 grupos de investigación. Los trabajadores de estos grupos tienen carácter temporal o por obra pero al estar sujetos a proyectos específicos no se aprecian irregularidades. Sin embargo, el problema en el ámbito laboral está, en primer lugar, en el área de plataformas de apoyo a la investigación.
Y es que estos trabajadores no están adscritos a ningún proyecto concreto y específico de investigación. "Se trata de empleados al frente de las plataformas propiedad de la IIS La Fe, que sirven de soporte científico-tecnológico no solamente a los distintos grupos de investigación de la Fundación, sino también a clientes externos", recogía. En la misma situación irregular se encontraba el personal de gestión, en una situación que la Inspección describía como "manifiestamente fraudulenta" y tachó de "abuso de derecho".
Desde el instituto tuvieron que reforzar su servicio jurídico para poder hacer frente a la avalancha de demandas por parte de los trabajadores despedidos. En marzo de este mismo año, sacaron una licitación para contratar un despacho de abogados que les desatascara la cuestión. Tal y como recogían los pliegos de la licitación, la fundación necesita asistencia y defensa jurídica para abordar los procedimientos judiciales derivados del número de despidos masivo. En marzo eran 43 los procedimientos abiertos en la jurisdicción de lo social frente a la fundación, 35 demandas de reconocimiento de derecho, 4 procedimientos por despido nulo y 4 por despido improcedente. Sin embargo, se convirtió en algo inabarcable para el servicio jurídico de la fundación, que prevé abordar un total de 60 juicios.
