Foto: SINDICATURA DE COMPTES/ARCHIVOVALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes ha concluido que los planes de medidas antifraude de ayuntamientos valencianos que reciben ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) cumplen con los "requerimientos mínimos" para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, pero recomienda revisarlos porque hay medidas del sistema de gestión de estos fondos europeos "parcialmente implementadas".
El órgano de control ha publicado este jueves su informe de 'Fiscalización sobre los planes antifraude aprobados por las entidades locales de la Comunitat Valenciana que participan en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia'.
El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo (OCEX) de las CCAA acordaron la realización en 2022 de una actuación fiscalizadora coordinada sobre los planes de medidas antifraude en las entidades locales que participen en el PRTR. El Consell de la Sindicatura de Comptes ha incorporado una auditoría de cumplimiento, así como operativa o de gestión. La finalidad es verificar si las entidades ejecutoras de las medidas del PRTR han dispuesto de los planes de medidas antifraude previstos en la normativa aplicable.
En este estudio ha analizado los planes antifraude de una muestra de 13 de las 32 entidades locales de la Comunitat Valenciana que participan de las medidas del PRTR: Alicante, Càlig, Canals, Bigastro, Castelló de la Plana, Gandia, Novelda, la Vall d'Uixó, Moixent, Orihuela, Vila-real, Torrent y València. Estos ayuntamientos recibieron 8,59 millones de euros del PRTR, del total de 9,877 millones de euros de ayudas informadas por el Tribunal de Cuentas (el 87 por ciento).
El ámbito temporal del estudio es desde la entrada en vigor de la
Orden HFP/1030/2021, el 1 de octubre de 2021, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 15 de agosto de 2022.
La Sindicatura concluye que los planes de medidas antifraude cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en el artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021 y "disponen de un plan de medidas antifraude que les permita garantizar y declarar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión Europea en la ejecución de actuaciones a financiar por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".
No obstante, considera que "hay medidas de prevención y de detección parcialmente implementadas que deberían ser objeto de subsanación".
Por ello, aconseja a las entidades "revisar sus planes para incorporar la totalidad de medidas de prevención y de detección que prevé la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del PRTR, elaborada por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".
Con carácter general, las entidades locales fiscalizadas disponen de un plan de medidas antifraude que "les permita garantizar y declarar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión Europea en la ejecución de actuaciones a financiar por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".
Únicamente dos entidades (Càlig y Moixent) no disponen de este plan, si bien las subvenciones que han recibido son de escasa cuantía (4.000 euros). Aunque la Orden HFP/1030/2021 no contempla la excepcionalidad de su aplicación por importe, la Sindicatura considera que "dada la escasa cuantía de la ayuda que han percibido estas dos entidades", no existe un "riesgo significativo de menoscabo de los intereses financieros de la Unión en la ejecución de estas actuaciones financiadas por el MRR".
Diez de las trece entidades fiscalizadas (77%) han cumplimentado el test de autoevaluación para concretar el estándar mínimo en relación con el cumplimiento de los principios específicos del PRTR, establecidos en el artículo 2 de la orden fiscalización. Las entidades que no han realizado el test de autoevaluación son
Bigastro, Càlig y Moixent.
Las entidades locales que sí realizaron la autoevaluación sobre conflicto de intereses, prevención del fraude y la corrupción alcanzaron una puntuación media de 30 sobre 64 puntos (un 47% de los puntos máximos). Castelló de la Plana logró la nota más alta (60/64), seguida de València (46/64) y Torrent (39/64). En el lado contrario, Novelda anotó un 16/64 y Alicante y la Vall d'Uixó un 20/64.
Por otro lado, la Sindicatura destaca que Bigastro, Castelló de la Plana y Vila-real "no prevén explícitamente la revisión periódica" del plan de medidas antifraude y que "tan solo cuatro entidades (Alicante, Novelda, Orihuela y València) indican expresamente en el PMA que se emitirá un informe de ejecución o de seguimiento.
Todas las entidades han redactado un modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) y prevén su cumplimentación obligatoria, pero "su implementación efectiva es desigual pues algunas entidades (Bigastro y Orihuela) no han remitido
ninguna DACI firmada".
