Sólo los profes malotes suspenden

Ahora caigo en la cuenta de que mi vida ha sido un “proceso de logro”, y me lo habían ocultado para no traumatizarme. En la familia, en el trabajo y en los amores me he quedado lejos del aprobado con frecuencia. A tan amarga conclusión he llegado cuando he leído que el Gobierno catalán cambiará la denominación de las notas de los estudiantes a partir del próximo curso. Cataluña, todavía parte de lo que sus dirigentes nacionalistas llaman Estado español, vuelve a ponerse a la vanguardia y marca el paso a comunidades hermanas como la nuestra.  

En Cataluña no habrá estudiantes que suspendan, pues al suspenso se le llamará “en proceso de logro”, con la benéfica, sana y justa intención de no perturbar el ánimo de la muchachada escolar, amenazado por unos pocos profesores sin corazón ni miramientos que aún se atreven a no aprobar. Al sobresaliente se le reserva la nomenclatura de “logro excelente”; al notable se le conocerá como “logro notable”, y al suficiente como “logro satisfactorio”.

Con este pensamiento mágico, las autoridades educativas catalanas creen que cambiando las palabras se altera la realidad. Vaya que sí. Son como niños grandes, un poco torpes y disfuncionales. El lenguaje les sirve para enmascarar la realidad cuando contradice su discurso oficial. Y así, en el caso que nos ocupa, Cataluña, a la cabeza en fracaso escolar (fracaso relacionado con la feroz inmersión lingüística), mejorará sus resultados en el próximo informe PISA.

Colegios e institutos, “espacios seguros” 

En esa aspiración por convertir los colegios y los institutos en “espacios seguros”, la Conselleria catalana de Educación también eliminará las notas trimestrales que se entregan a los padres. Las sustituirán por una evaluación cualitativa que por su carácter impreciso será más generosa para los escolares.  

La cosa no quedará ahí porque el próximo asalto será la eliminación de los exámenes. Debido al perverso influjo de la nueva pedagogía, no lo suficientemente execrada por los estropicios causados, cunde la idea, entre una parte del profesorado progresista, lector ocasional del tostón de Giner de los Ríos, de que los exámenes son una antigualla innecesaria, cuando no un resabio claramente franquista. Todo apunta a que el futuro de los exámenes será muy parecido al de los liberales castrados de Ciudadanos en la política nacional.  

La Comunidad Valenciana debería imitar ya al vecino del Norte, tan admirado por todo el Consell, y en particular por su facción nacionalista. Don Vicent Marzà, conseller de la cosa, tiene una oportunidad de oro para hacer país imitando la iniciativa de sus amigos catalanes. Como parte de este espíritu de colaboración cabe entender que Cataluña haya copiado al señor Marzà en la agrupación de asignaturas por ámbitos.

Con esta iniciativa, que al parecer no ha sido aclamada por el profesorado valenciano, lo que se persigue es reducir el número de docentes especialistas para que los niños y las niñas de 6º de Primaria no sufran demasiado al pasar del cole al instituto. Suavizar esa transición, defienden los pedagogos modernos; infantilizar aún más la Secundaria para transformarla en un parque temático, les replican sus críticos.

Los experimentos, con gaseosa

Eugeni d’Ors avisó de que los experimentos debían hacerse con gaseosa. Aquí se hacen con personitas, estudiantes utilizados como cobayas en disparatadas innovaciones educativas. Los talibanes de la pedagogía moderna están malogrando las últimas promociones de alumnos, ya de por sí castigadas por la pandemia en los dos cursos anteriores.  

Los socialistas en Madrid y los nacionalistas en València pretenden acabar con la enseñanza pública rebajando las exigencias para aprobar, y otorgando los títulos de la ESO y el Bachillerato con suspensos, títulos que serán papel mojado para los departamentos de Recursos Humanos de las empresas.

“Con la nueva ley educativa, la enseñanza pública se convertirá en la proveedora del personal subalterno de las élites del mañana”  

La nueva ley educativa de la abuela Celaá y de la joven Alegría mucha Alegría (dos ministras socialistas que optaron por llevar a sus hijos a colegios privados) convierte a la enseñanza pública en proveedora del personal subalterno de las élites del mañana, entre las que dirigentes del PSOE, Podemos y Compromís aspiran a situar a sus vástagos. Una mayoría de ellos seguirá llevando a los hijos a la privada —eso sí, muy laica e inclusiva, sin asomo de crucifijos—, mientras que la pública quedará reservada para los retoños de las clases trabajadoras. Las aguas volverán a su cauce.

 A mí, que soy un patriota de la enseñanza pública, que me echaría al monte en su defensa porque soy lo que soy gracias a la Ley de Educación de san Villar Palasí, al que rezo todas las noches, me produce pena y asco lo que sucede, y hasta pienso en denunciarlo e instigar la sublevación de amigos y conocidos, muchos de ellos padres, para abortar este descomunal engaño, este criminal error que lastrará el futuro de nuestro país. Pero no lo haré porque tengo comprobado que cuando levanto la voz, la seño acaba señalándome con el dedo y, como a cualquier niño díscolo, me manda al rincón de pensar.