VALÈNCIA. (EP). Trabajadores de Divalterra, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia anteriormente denominada Imelsa, presentaron el pasado 28 de febrero una denuncia ante Fiscalía en la que acusan al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y sus colaboradores de llevar a cabo una campaña de "acoso organizado" acompañada de "órdenes de despido, insultos, falsedades, vejaciones públicas, atentados al honor y a la ideología, y amenazas continuas" por advertir de "irregularidades" en el uso de fondos públicos.
Esta denuncia, según ha informado este lunes la Cadena Ser, sería el origen de la operación Alquería, la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, que la semana pasada llevó a la detención y posterior puesta en libertad del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez; su jefe de gabinete, Ricardo Gallego; el asesor Manuel Reguart; el asesor jurídico Jorge Cuerda; y los cogerentes de Divalterra, Xavier Simón y Agustina Brines. Todos ellos permanecen imputados en el juzgado número 9 de València por prevaricación y malversación de caudales públicos.
Según la cadena Ser, la denuncia de los trabajadores de Divalterra, de 22 páginas y 57 puntos, describe cómo desde noviembre de 2016, Jorge Rodríguez, auxiliado por su asesor jurídico, Jorge Cuerda, y su jefe de gabinete, Ricardo Gallego, llevan a cabo una "campaña de acoso organizado" acompañada de "órdenes de despido, insultos, falsedades, vejaciones públicas, atentados al honor y a la ideología, y amenazas continuas".
Según los denunciantes, esa campaña se produce por el intento de Rodríguez y su equipo de "legalizar" siete contrataciones como cargos de alta dirección, repartidas entre tres puestos para el PSOE y cuatro para Compromís.
El objetivo de las amenazas serían los empleados públicos que basándose en una auditoría interna y en 12 informes alertaban de que estas contrataciones "a dedo" incumplían la ley, contravenían los principios de austeridad, eficiencia y transparencia, y suponían una malversación de caudales públicos superior a los dos millones de euros.
Según la denuncia, el primer enfrentamiento con Jorge Rodríguez se produce en la reunión del consejo de administración de Divalterra de 15 de noviembre de 2016, después de que varios trabajadores advirtieran de "actuaciones irregulares en el uso de fondos públicos" por parte del exgerente Víctor Sahuquillo.
En ese momento, de acuerdo con la misma información, Ricardo Gallego amenazó con despedir "al payaso e hijo de puta del auditor y a todos los demás directores" que evidenciaron las irregularidades en forma de contratos fraccionados. Víctor Sahuquillo (PSPV) acabó dimitiendo tras conocerse el informe del auditor, que también cuestionaba la inclusión de bebidas alcohólicas, gin tonics, como dietas.
"Los insultos y gritos repiten y siempre tienen lugar en presencia del presidente Rodríguez", según la denuncia, a quien atribuye la afirmación de que iba a "despedirlos a todos". En el caso del asesor jurídico Jorge Cuerda, de acuerdo con esta información, por decreto del presidente pasó a asistir al consejo en todos los asuntos relacionados con las empresas dependientes de la Diputación y en menos de un mes solicitó despidos hasta en seis ocasiones, ordenó la elaboración de "informes falsos" para legalizar las contrataciones y "amenazó" y "hostigó" de forma "continuada" a los trabajadores.
La denuncia también detalla cómo el equipo del presidente, junto al gerente Xavier Simón, presionó a los empleados para intentar colocar a otros dos militantes del PSOE como cargos de alta dirección.
Consultado por la Ser, Rodríguez negó las presuntas coacciones e irregularidades denunciadas por los trabajadores ni haber incurrido en irregularidades de tipo penal. Asimismo su entorno las han negado al igual que los despidos.
El Comité de Empresa de Divalterra ha expresado su "total hartazgo e indignación" por las "descalificaciones vertidas en los medios por algunos políticos respecto a la empresa" y el "desmadre" que han generado los dirigentes de la institución "de antes y de ahora" y han rechazado las propuestas del cierre de la empresa porque no es "responsable" de los "problemas que generan personas ajenas a los trabajadores": "Si se mata el perro no se acaba la rabia", han señalado.
Así, mediante un comunicado han manifestado que "si se mata a Divalterra, no se acaba con la corrupción ni con contrataciones ilegales de personas afines a los dirigentes de la Diputación, eso sí, se deja en la miseria a más de 700 familias y sin unos importantes servicios para los municipios de la provincia".
Por ello, han criticado que "el problema no estña en la empresa, reside en quienes las utilizan de manera bastarda para sus fines partidistas", y han censurado que los gerentes "son militantes políticos sin conocimiento de gestión, nombrados por el Consejo de Administración formado por representantes de partidos políticos, con la misma mayoría que gobierna la Diputación".
"Y ello no tiene nada que ver con los trabajadores y trabajadoras de Divalterra, ni con los y las brigadistas, ni con el personal técnico y administrativo de esta empresa", han señalado, al tiempo que han exigido a los políticos que "dejen de criminalizarles" y "utilizarles" para sus propios intereses. "Alguno de ellos, ahora conocemos que antes le pedían Marcos Benavent que colocara asesores. No hay mayor hipocresía", han agregado.
Así, han exigido "sentido de la responsabilidad y respecto hacia estos más de 700 trabajadores" que "se ven siempre amenazados por unos políticos incompetentes y que se olvidan con una rapidez pasmosa que están jugando con el trabajo, el futuro y la economía de cientos de trabajadores". "No somos los trabajadores de esta empresa los que hemos cometido ningún delito y pedimos responsabilidad, respeto y justicia", han sentenciado.